El Poder Judicial, al servicio de Alejandro Moreno, vincula a proceso a los 4 campesinos de Pomuch por el delito de motín y los encarcela por reclamar sus derechos a una indemnización justa de la SCT.

Por Daniel Sánchez

CAMPECHE, Cam. 8 de marzo del 2018.- Alejandro Moreno Cárdenas ha vuelto a actuar autoritariamente, al dejar en la cárcel a los cuatro ejidatarios detenidos en el violento desalojo policiaco en la carretera federal Campeche-Mérida, cuando reclamaban con un bloqueo el pago de la indemnización de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) por ocupar sus tierras con el derecho de vía.

En un acto más de criminalización de la protesta social, como ha acostumbrado desde el primer día de su llegada al Palacio de Gobierno, el Poder Judicial, al servicio de Moreno Cárdenas, actuó contra los cuatro líderes sociales pomuchenses y conforme a la carpeta judicial 208/17-18, la jueza de Control, Miriam Collí Rodríguez, los vinculó a proceso.

Al continuar con la audiencia inicial, pero ahora en la sala de juicios orales del penal de San Francisco Kobén, la juzgadora avaló la acusación de la Fiscalía General del Estado, por el delito de motín, en contra de los campesinos de Pomuch y les mantuvo la medida cautelar de prisión preventiva justificada durante el tiempo que dure el proceso y tres meses de investigación complementaria.

Cabe recordar que “la criminalización de la protesta social es la atribución que se toman los gobiernos para ejercer una facultad que nadie les otorgó: maltratar a quienes deben cuidar, perseguir a quienes deben proteger, ignorar a quienes deben mayor atención, y servir a quienes deben controlar”, de acuerdo con la Red Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT).

“En otras palabras, en nuestro país opera un “derecho mafioso”, donde se aplica la ley de forma discriminatoria, particularmente contra los pobres y contra quienes cuestionan o se enfrentan al Estado” y esto “significa que en México se están distorsionando conceptos esenciales de la democracia, tales como la legalidad y el Estado de Derecho”, expresa la organización civil.

“Es decir, cuando el gobierno utiliza estos conceptos -legalidad y Estado de derecho- en el marco de la protesta social, lo hace para justificar la represión y la violencia institucionalizada. La criminalización de los movimientos y protestas sociales en México muestran cuán lejos estamos de una auténtica democracia”, asegura.

La Red TDT señala su preocupación “porque al amparo del discurso gubernamental contra la inseguridad, se está cuestionando a aquellos que, por muy diversas razones, critican el estado actual de cosas en el país”.

“Hoy quienes defienden su patrimonio natural, quienes se oponen a proyectos depredadores y que excluyen a las comunidades, quienes buscan defender activamente sus derechos, quienes luchan contra la pobreza o quienes, simplemente, no están de acuerdo con las decisiones que en nombre de todos se toman en este país, están siendo convertidos en delincuentes”, advierte.

“Al amparo de ambigüedades legales se pretende equiparar a los activistas con delincuentes y esto es una muy mala señal del gobierno. Los problemas que el país enfrenta necesitan soluciones radicales, de largo plazo y que atiendan al bien común. De ninguna manera van a ser resueltos quitando derechos y acallando a quienes buscamos activamente una sociedad más justa”, puntualiza Greenpeace.

Los representantes de diversas organizaciones civiles alertan que la criminalización de la protesta social es el primer paso rumbo a la criminalización de la sociedad en su conjunto -por hablar, disentir, cuestionar, protestar- y a la eliminación progresiva de los derechos fundamentales.

Mecanismos del Estado represor

Las organizaciones civiles citan algunos de los mecanismos que un Estado represor utiliza para manejar las disidencias ciudadanas –y que ya están siendo utilizados en México-:

“Renuncia al diálogo. Se cierran los espacios. Se ignoran las demandas. Se posponen las respuestas. Se dejan crecer los conflictos.

“Represión policial (con policía pública o privada). Represión mediante la violencia física contra movimientos y protestas sociales: uso desproporcionado de la fuerza, detenciones arbitrarias (la policía detiene, tortura y libera sin poner a disposición de la autoridad), abusos sexuales, uso de gases lacrimógenos, amenazas, vigilancia, torturas, cateos ilegales, censura, restricciones para publicar, restricciones para realizar asambleas, reuniones o marchas, etc. Todo esto seguido de la impunidad para los represores.

“Descalificación. Quienes protestan son descalificados, tachados de mentirosos, son señalados como delincuentes, desestabilizadores y acusados de violar derechos de terceros, por parte de la autoridad, los partidos políticos y los poderes privados.

“Militarización. Se militariza la vida civil para que sea el Ejército quien enfrente a la protesta y el descontento social.

“Criminalización de la protesta social. Es llevar a la vía judicial los conflictos sociales y la renuncia al diálogo y la política. Se lleva el conflicto a la arena judicial y se encarcela y somete a proceso penal a los líderes o participantes de los movimientos, quienes deben concentrarse en su defensa. Las formas en que esta criminalización se manifiesta son: detenciones arbitrarias; equiparación de luchadores sociales con delincuentes; agravamiento de las acusaciones; se legislan nuevos delitos de forma tan ambigua que puedan ser utilizados contra los movimientos sociales, falta de debido proceso penal y sentencias inusitadas”.

Por último, manifiestan que es muy importante no permitir que la protesta social sea vista como un delito. El ejercicio de todas las libertades (expresión, manifestación, denunciar las malas políticas públicas y la discrecionalidad, etc.) que tienen que ver con la protesta social, asegura que las distintas voces presentes en la sociedad puedan ser escuchadas, incluyendo aquellas que disienten, pues sólo así será posible tomar decisiones políticas justas y respetuosas de los derechos humanos.

“Protestar es un derecho, reprimir es un delito. ¡No a la criminalización de la protesta social!”, concluyen.