En la emergencia sanitaria por el Covid-19, hay que recordar que es un derecho humano y social que debe ser garantizado por el Estado; no debe ser considerado como una mercancía.

CIUDAD DE MÉXICO, 3 de abril del 2020 (Notilegis).- Las diputadas Dulce María Sauri Riancho y María Ester Alonzo Morales, y el diputado Juan José Canul Pérez señalaron que los cortes al servicio eléctrico por deficiencias o incumplimiento de pago no son admisibles en la emergencia actual para los hogares y las actividades económicas.

“Poco se entiende que, a la preocupación por la salud y bienestar de las familias, se quiera sumar la angustia por el pago del recibo de luz, y a los problemas de la caída de las actividades económicas se incorpora el costo de la energía eléctrica para los pequeños negocios y las parcelas agrícolas”, indicaron en un comunicado.

Los legisladores por Yucatán apuntaron que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) debe informar las medidas que ha implementado para evitar el corte del servicio eléctrico a la ciudadanía, ante la contingencia del coronavirus (Covid 19).

Así como, realizar las estrategias necesarias que permitan diferir los pagos por suministro de energía eléctrica y, en su caso, considerar la viabilidad de reducir o eliminar su pago, dada la actual contingencia nacional.

Los diputados priístas señalaron que la decisión de la CFE de mantener el cobro de los recibos de energía eléctrica, como si no se estuviera en una contingencia de salud, es preocupante ante el escenario que estamos viviendo ya que “su estrategia no toma en cuenta lo que representa el servicio de luz eléctrica en los hogares ante la curva de la contingencia”.

Consideraron que aún no se dimensiona la importancia de la energía eléctrica para mantener en perfecta conservación los alimentos, algunas medicinas, ventilación en los hogares y negocios cuya temperatura puede alcanzar los 40°C.

Resaltaron la importancia del servicio eléctrico “para las telecomunicaciones, aparatos y equipo médico que permite a los hospitales, clínicas y hogares mantener la salud y la vida de sus ciudadanas y ciudadanos, para que funcionen las fábricas y los negocios, aún los más pequeños. Alimenta a los equipos de bombeo y distribución del agua potable en los hogares y a los sistemas de riego en el campo”, añadieron.

“Por ello, el servicio eléctrico no puede ser considerado como una mercancía, sino que en realidad es un derecho humano y social que debe ser garantizado por el Estado y al cual deben tener acceso todas las personas que habitan en el país”, concluyeron.