La administración de Carlos Miguel Aysa exhibe su incongruencia: Primero pide responsabilidad social, y luego se niega a retroceder en el semáforo de riesgo epidemiológico, pese a reprobar los 4 indicadores que lo determinan y a que está en juego la salud de los campechanos.

Por Daniel Sánchez

CAMPECHE, Cam. 4 de julio del 2020.- No es congruente una administración, como la del sustituto Carlos Miguel Aysa González, que primero nos pide responsabilidad y colaboración social para acatar las medidas preventivas contra el Covid-19, y luego se opone a regresar al semáforo rojo epidemiológico de riesgo, porque los empresarios hoteleros, restauranteros y de la construcción se niegan a paralizar, otra vez, totalmente sus actividades.

La información filtrada a “En punto”, la noche del jueves pasado, de que Campeche y otros estados del país pasarían del semáforo naranja al rojo, causó revuelo en la gran aldea campechana y retumbó en los oídos gubernamentales y empresariales, porque obligaba a la entidad campechana a retomar los “cuidados máximos” y a abandonar la etapa “de ajustes y preparación” para la nueva normalidad.

Entre el jueves y el viernes, Aysa González operó para no ceñirse a la recomendación federal y apeló a la libre determinación estatal de pasar de uno a otro color del semáforo epidemiológico determinado por la Secretaría de Salud federal, y le concedieron no moverse de color, junto con Yucatán.

Ahora, como advirtió el presidente Andrés Manuel López Obrador el 29 de mayo, cuando se anunció el semáforo de riesgo epidemiológico: “si un gobernador o gobernadora no estuviera de acuerdo con la aplicación del semáforo de riesgo epidemiológico, le diríamos: ‘siga usted su camino. Usted va a hacerse responsable ante su pueblo’. Cada quien debe asumir la responsabilidad que le corresponde”.

Y es que “en esta etapa del control de la epidemia de Covid-19”, como señaló López Obrador, “los gobiernos estatales y municipales deben trabajar de manera coordinada y a poner por delante el interés del pueblo, la salud de nuestro pueblo”.

Cuando entró en vigor el semáforo epidemiológico, Campeche no había llegado a su pico más alto, el que ahora mismo se prolonga ya por varios días. Desde el 25 de junio a la fecha, han sido rotos los récords de más casos positivos, de más casos activos, de hospitalizados y de defunciones para un día, y toda la carga de la enfermedad ha pasado de Carmen a la capital campechana.

Hay que recordar que el semáforo de riesgo tiene cuatro indicadores: tendencia de ocurrencia de casos, tendencia de hospitalizaciones, porcentaje de ocupación hospitalaria y detección de nuevos casos. Todos los reprobó Campeche.

Además, la administración de Carlos Miguel Aysa no ha sido ejemplo en respetar las reglas en estos tiempos de Covid-19.

La Secretaría de Gobernación, mediante la Subsecretaría de Derechos Humanos, señaló, otra vez, que en Campeche, se aplican tres medidas estatales restrictivas: “Filtros” sanitarios, uso obligatorio de cubrebocas y restricción de movilidad, que ponen en riesgo los derechos de los campechanos.

“Los gobernadores, al ser autoridad sanitaria, tienen facultades para dictar medidas sanitarias en el ámbito de sus competencias. No obstante, algunas acciones que éstos han adoptado, han rebasado sus facultades y han representado riesgos para la protección y garantía de los derechos humanos”, reiteró.

Por eso causa extrañeza la publicación del secretario de Seguridad Pública, el doctor en Derecho, Jorge Argáez Uribe, quien denuncia en redes sociales:

“Ayer en la noche y durante el transcurso de la madrugada, se reportaron al 911 en la ciudad de Campeche, un total de nueve (9) fiestas en domicilios particulares. Al acudir la policía, argumentaban que estaban en sus domicilios y que era su problema si se contagiaban o no”.

Si esto fuera cierto -porque hay que recordar que más del 90 por ciento de las llamadas al número de emergencia resultan falsas, como la propia autoridad ha difundido-, demuestra que la “Ley Seca” es una “vacilada” más, no la están haciendo respetar y que hay gente que no ha sido debidamente informada de que, por cuestiones sanitarias, no son recomendables las celebraciones.

No debe decir prohibidas, como señala el anuncio de la Secretaría de Seguridad Pública, porque esto requiere ser reglamentado y el Congreso del Estado y los diputados del PRIAN-Mor, al servicio de Alejandro Moreno Cárdenas y Carlos Miguel Aysa, siguen de “vacaciones”.

Hay un alto grado de desinformación, todavía hay personas que no creen en la existencia del Covid-19, y la administración estatal no hizo nada para erradicar esta percepción e informar extensa y ampliamente a la ciudadanía de los riesgos reales de la pandemia.

Prefirió seguir gastando el presupuesto para publicidad oficial en financiar a sus bots, troles y “comunicadores” de internet, que tienen poco alcance en la población campechana, y no invertir en una campaña a fondo, en medios de comunicación tradicionales, vecinales, alternativos y de internet.

“Hay que convencer, no imponer”, como recomiendan a nivel federal.