Pobladores llegan hasta las oficinas estatales de Semarnat y le exigen que no apruebe la construcción de las cuatro granjas de engorda de cerdos, promovidas por 4 sociedades de producción rural, a instancias de Grupo Porcícola Mexicano.

Por Daniel Sánchez

CAMPECHE, Cam. 28 de marzo del 2019.- Pobladores mayas de Dzitbalché presentaron un escrito en la delegación federal de la Semarnat en Campeche para exigir la no aprobación y una consulta pública, antes de autorizar la construcción de una “megagranja” de la empresa Kekén, en las inmediaciones de esta ciudad.

Luego de manifestarse en el Congreso del Estado, los habitantes de Dzitbalché acudieron hasta las oficinas de Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, donde entregaron el documento, que señala que “el anuncio de que se construirán cuatro granjas de engorda de cerdos en terrenos de la ex Finca Las Mercedes, ha puesto en alerta a este pueblo maya, porque el beneficio total sería privado y aquí sólo dejarían las afectaciones ambientales”.

Manifestaron que el 10 de diciembre del 2018, cuatro sociedades de producción rural, que tienen el mismo domicilio fiscal en la capital campechana y que fueron creadas en octubre del 2017 en la misma notaría pública, presentaron a la Secretaría similares estudios de impacto ambiental para edificar la “megagranja”.

“De acuerdo con las manifestaciones de impacto ambiental, la construcción del “Plan Maestro”, como se le denomina al megaproyecto, representará el desmonte de al menos 42.8 hectáreas de selva baja caducifolia”, agregaron.

“Este daño ambiental irreversible sería adicional al incremento de la contaminación del gran acuífero maya de la Península de Yucatán, por las aguas residuales de las granjas, y al riesgo que correrían 11 especies protegidas de animales”, puntualizaron.

Mencionaron que la capacidad de cada módulo de la “megagranja” será de 11 mil 616 animales en 44 corrales, para hacer un total de 46 mil 664 cerdos en 176 corrales, y que los promotores ofrecen contar con un sistema de tratamiento de aguas residuales, pero no dicen cuál.

“El sitio escogido está cerca de la Reserva de la Biósfera “Los Petenes”, muy cerca de la Región Marina Prioritaria de la zona y parcialmente dentro de la Reserva Hidrológica Prioritaria “Anillo de Cenotes”, indicaron.

Dijeron que Marea Azul ya señaló que el acuífero de toda la Península, incluyendo cenotes y ríos subterráneos, están siendo contaminados por estas granjas porcícolas y traerlas hacia Campeche no es la solución; y se impactan a miles y benefician sólo a unos cuantos.

La agrupación, representada por Lourdes Rodríguez Badillo, afirmó que está rebasada la capacidad para la actividad porcícola en la Península, porque “son demasiadas las granjas autorizadas, además de las clandestinas, y no son viables ambientalmente, porque tienen un enorme costo para los ecosistemas”.

Adicionalmente, abundaron, en los últimos meses, organizaciones civiles y comunidades mayas protestaron en Yucatán, luego de que se autorizara, con irregularidades y sin consulta previa, una megagranja de 49 mil cerdos en una zona de reserva de cenotes, en Homún, y que se descubriera que una gigantesca granja en Kinchil, contamina con sus aguas residuales las selvas bajas mayas, ocho años después de que la empresa se comprometiera a tratarlas.

“Ante todo esto, exigimos a la Semarnat que no otorgue el permiso ambiental para que la “megagranja” de Dzitbalché sea construida y que antes de emitir el resolutivo, se acate la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derechos indígenas, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y se someta a consulta pública el megaproyecto”, expresaron.

Como apoyo a esta petición, entregaron también más de 600 firmas de pobladores de Dzitbalché, quienes se oponen a la intención de la compañía Kekén de heredarles a sus hijos y sus nietos un foco de contaminación cerca de su ciudad.

Finalmente, pidieron que se siga el ejemplo de la Semarnat en Yucatán, que apenas el 7 y 8 de febrero, rechazó autorizar siete proyectos de granjas de engorda a sociedades de producción rural, presuntamente relacionadas con la empresa porcícola, en Maní y Tixmehuac, Yucatán.