La actuación de las autoridades ha sido inoperante y omisa para atender la emergencia en Chiapas, señala el Centro de Derechos Humanos “Digna Ochoa” y la Misión Civil de Observación para la Costa de Chiapas.

PIJIJIAPAN, Chis. 8 de septiembre del 2018.- El Centro de Derechos Humanos “Digna Ochoa” y la Misión Civil de Observación a la Costa de Chiapas, Tonalá y Pijijiapan, manifestó que el día siete de septiembre del 2017, en Chiapas se registró el movimiento telúrico más fuerte en la historia, un terremoto de 8.2 grados, con epicentro en el municipio costero de Pijijiapan, que provocó innumerables daños materiales, económicos, emociónales, psicosociales, y edificios públicos, como centros de salud, escuelas y oficinas de gobierno, quedaron colapsados.

“Los días cuatro al seis de septiembre de 2018, una Misión Civil de Observación de Derechos Humanos, conformada por organizaciones parte de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT) dimos cuenta de las condiciones en las que aún siguen viviendo las familias en la Costa de Chiapas”, indicaron.

“Constatamos violaciones al derecho a una vida y vivienda digna, derecho a la educación y salud, al igual que el derecho al agua y saneamiento, situación que es provocada en mucho por la omisión del Estado mexicano”, puntualizaron.

Mencionaron que de acuerdo con el censo oficial de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y urbano, en Chiapas se asignaron a cerca de 44 mil 763 familias recursos del Fondo de Desastres Naturales. De esas personas, de los cuales tres mil 473 corresponden al municipio de Arriaga, tres mil 661 de Tonalá y dos mil 287 de Pijijiapan, en el estado de Chiapas. El gobierno de Chiapas ha incumplido al asignar fondos, a través de Bansefi, a cerca de dos mil 769 familias damnificadas, que aún siguen viviendo en condiciones adversas.

“Estas familias carecen de techos, paredes, puertas, ventanas, o quienes sobreviven sin poder iniciar la reconstrucción de su patrimonio, por lo que se agrava su calidad de vida y condición social y económica. Esta desprotección estatal les deja a merced de financieras de quienes denuncian haber sido engañados, defraudados por empresas privadas, y autoridades”, revelaron.

“En la actualidad, existen cerca de ocho mil familias damnificadas en la Costa de Chiapas sin recibir ningún fondo de carácter federal, estatal o municipal, y hasta el momento, no han podido reconstruir su vivienda, debido a la inoperancia, falta de coordinación, omisión e indolencia de las autoridades de los tres niveles de gobierno”, agregaron.

Expusieron que debido a su participación en el proceso de reconstrucción en la costa de Chiapas, “hemos sufrido diversas agresiones y ataques, con la finalidad de obstaculizar nuestra labor de promoción y defensa de los derechos humanos de las personas damnificadas. Considerando que Chiapas es uno de los Estados más empobrecidos, con un alto nivel de marginación, y donde se han documentado los más altos índices de ataques contra defensores y defensores de los Derechos Humanos”.

El Centro de Derechos Humanos “Digna Ochoa”, respaldado por la Misión Civil de Observación, exigió al Estado Mexicano y en especial al gobierno de Chiapas, de Manuel Velasco Coello, que:

Se garantice el derecho a una vida y vivienda digna en favor de los miles de familias damnificadas en Chiapas a causa del sismo del 7 de septiembre del 2017.

Investigar y sancionar todo tipo de actos de corrupción por la utilización de fondos públicos para el proceso de reconstrucción.

Concluir de manera urgente la construcción de escuelas y centros de salud, así como los servicios de agua y saneamiento.

Crear un programa que permita garantizar a las más de 8,000 familias recursos para la reconstrucción sin condicionamientos.

Garantizar el derecho a defender derechos humanos de las personas defensoras y defensores en Chiapas.