Diputadas federales señalan que el Estado mexicano debe regular derecho a decidir.

CIUDAD DE MÉXICO, 10 de marzo del 2019 (Notilegis).- La Organización Mundial de la Salud (OMS) registró que el 12 por ciento de las muertes de mujeres en América Latina y el Caribe se debieron a abortos inseguros; es necesario que el Estado regule y garantice el derecho de las mujeres a decidir, afirmó la diputada Guadalupe Almaguer Pardo.

La OMS también señala que a nivel mundial, aproximadamente uno de cada cuatro embarazos que se presentaron de 2010 a 2014, terminaron en aborto; además de que el 45 por ciento de los 56 millones de estos casos que se practican anualmente son inseguros.

En el marco del Día internacional de la Mujer, que se conmemora cada 8 de marzo, Almaguer Pardo dijo que se trata de “un problema de salud pública, que no de un asunto moral”, así como de educación sexual y reproductiva de las mujeres, que actualmente no ha sido contemplado en las legislaciones mexicanas.

“Más de la mitad de las Constituciones estatales han sido enmendadas, las cuales ahora definen la vida desde el momento de la concepción, como el miércoles pasado lo hizo en el estado de Nuevo León. No sé de qué aplauden, eso es criminalizar, criminalizar a las mujeres”, manifestó.

La diputada perredista expuso que de acuerdo a cifras de la OMS, “el 12 por ciento de todas las muertes en América latina y el Caribe se debieron a abortos inseguros. Yo pregunto a la Legislatura de la Paridad, ¿dónde está la izquierda de las libertades? ¿Dónde está el respeto por nuestros logros y nuestros avances?”.

En todo el territorio de América Latina y el Caribe sólo tres de 49 países cuentan con una legislación que legaliza el aborto, lo que representa que en 92 por ciento de los países, sea ilegal esta práctica, aunque en algunas entidades, como la Ciudad de México, operan con excepciones.

La misma OMS precisa que en 2012 el 95 por ciento de las interrupciones de embarazo, realizadas en esta región del mundo, se consideraron inseguras.

Según la investigadora Lizbeth López-Carrillo la mortalidad materna seguida de un aborto es difícil de medir y en la mayoría de los casos se estima a partir de las defunciones maternas que se registran en los hospitales. Además, la declaración de las causas de las defunciones varía mucho, según sean los declarantes; ya que se clasifican como problemas infecciosos

Almaguer Pardo sostuvo que mantener esto en la ilegalidad significa “más muertes de mujeres y encarcelamiento”, por lo que advirtió es uno de los grandes retos de esta Legislatura.

A su vez, la legisladora independiente, Ana Lucía Riojas Martínez, advirtió que “se viene una batalla muy importante, un tema por el cual muchas mujeres han sido encarceladas o han muerto; la interrupción legal del embarazo, el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos sin que esto nos cueste la libertad o la vida”.

La mujer o la niña que ya decidió terminar su embarazo, lo hará, independientemente de la seguridad y legalidad del procedimiento. Y por encima de cualquier juicio moral o religioso.

Países como México, Venezuela, Brasil, Paraguay o Chile, contemplan la legalidad de la interrupción, a nivel federal, sólo en casos de violación o de que corra peligro la madre.

La legisladora sin partido, expresó que “en México parece que sólo después de ser violadas podemos decidir”.

Lamentó que los recientes cambios a la legislación de Nuevo León para penalizarlo son muestra de que “todavía creen que somos de su propiedad y sienten la legitimidad de decidir por nosotras. No están defendiendo ninguna vida, no se equivoquen, lo que están defendiendo es la injusticia, es la desigualdad. Lo que están defendiendo es un Estado hipócrita”.

“Para construir un país justo, en el que se respeten los derechos de todas las personas y se combata la desigualdad, debemos entender que nuestra responsabilidad como tomadoras y tomadores de decisiones está en velar por estos intereses y no en privilegiar nuestras convicciones personales o incluso, a veces, religiosas”, concluyó.

La legisladora Lorena Villavicencio Ayala hizo un llamado a la necesidad urgente de despenalizar la interrupción del embarazo antes de las 12 semanas en todo el país, y con ello, garantizar la salud y la no criminalización de las mujeres que así lo decidan.

Además, la legisladora federal planteó que se establezcan todas las causales para que sea válida la interrupción en todos los estados de la República.

Lamentó el hecho acontecido en el estado de Nuevo León, donde se aprobó una reforma constitucional que atenta contra el derecho a decidir de las mujeres, y dijo que ya valoran la presentación de una acción de inconstitucionalidad.