Los colectivos #FiscalíaQueSirva y #VamosPorMás señalan que declaraciones recientes de legisladores con capacidad de decisión abren la posibilidad de reformas al vapor para temas torales de la agenda pública/En particular, representan un grave peligro para el proceso de transición de PGR a FGR.

CIUDAD DE MEXICO, 24 de noviembre del 2017.- Los colectivos #FiscalíaQueSirva y #VamosPorMás alertaron a la sociedad, ante las declaraciones del coordinador parlamentario del PRI en el Senado, Emilio Gamboa, quien afirmó que el Senado se encuentra trabajando en una Ley para la Fiscalía General de la República y que en los siguientes días harán los nombramientos de los titulares de la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.

“Incluso, en entrevista radiofónica, Gamboa Patrón refirió que estos procesos culminarían antes del cierre del actual periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, el 15 de diciembre del presente año”, expresaron.

“La Ley referida, sería la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, que en caso de aprobarse, vendría acompañada de la declaratoria de entrada en vigor de la Fiscalía”, revelaron.

Las organizaciones manifestaron que con ello, se dejaría de lado la posición de la sociedad civil, en el sentido de que es necesario reformar integralmente primero el artículo 102 de la Constitución para sentar las bases de una Fiscalía autónoma, eficaz e independiente del poder político.

“De la misma manera, descartaría, sin mayor debate, el dictamen conjunto que hemos propuesto más de 300 organizaciones y personas agrupadas en el colectivo #VamosPorUnaFiscalíaQueSirva, desde el pasado 29 de agosto en el Ángel de la Independencia”, agregaron.

Reiteraron que ante la grave crisis de nuestro sistema de justicia, que ha llegado al grado de que al frente de la Procuraduría General de la República, hoy esté un encargado de despacho, hemos sido claros en señalar la necesidad de centrar los esfuerzos en el diseño de la Fiscalía General (lo cual pasa irreductiblemente por la reforma integral al artículo 102 apartado A constitucional) y, después, en las designaciones de quienes deben encabezar las Fiscalías reconocidas por la Constitución.

“Hacerlo al revés, nos aleja del propósito de contar con las herramientas institucionales adecuadas para combatir eficazmente la impunidad que padecemos las mexicanas y mexicanos”, advirtieron.

Dijeron que es preocupante que a casi tres meses de haber presentado nuestro dictamen ciudadano para reformar el artículo 102, la clase política no haya generado las condiciones necesarias para empezar el debate sobre la reforma, en formato de Parlamento Abierto, a pesar de que las principales fuerzas políticas han estado de acuerdo en que es indispensable llevar a cabo la reforma constitucional, perpetuando asi la impunidad impulsada desde la clase política.

“Con este tipo de declaraciones públicas, los legisladores generan incertidumbre y hacen parecer que existe la intención de aprovechar el clima de confusión y la saturación de la agenda legislativa, para avanzar en una reforma estética al sistema de procuración de justicia. Claramente, esto no es lo que el país necesita. Tampoco realizar nombramientos alejados de los estándares internacionales para la designación de Altos Funcionarios de Justicia, sin contar con la participación efectiva de la sociedad civil”, mencionaron.

Exhortaron nuevamente al Congreso de la Unión, a hacer caso de los sólidos argumentos presentados por la sociedad civil y la academia. Ejemplos claros de esta posición responsable y documentada son el dictamen ciudadano que hemos presentado, así como el informe de la Consulta Nacional sobre el Modelo de Procuración de Justicia, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el CIDE y el INACIPE. Ambos documentos han coincidido en señalar el peligro de realizar cambios legales al vapor.

“Primero la reforma al 102 para la Fiscalía que el país necesita, luego las designaciones”, puntualizaron.