Organizaciones civiles, como Greenpeace México, Alianza México sin Plástico, la Asociación Ecológica Santo Tomás, entre otras, denuncian el “albazo” de la Cámara de Diputados en la aprobación de la reforma a la Ley de Residuos, en materia de co-procesamiento, sin discusión en comisiones y sin estar en la orden del día.

Por Daniel Sánchez

CIUDAD DE MÉXICO, 16 de diciembre del 2020.- Integrantes de la sociedad civil organizada expresaron su indignación por el “albazo” de la Cámara de Diputados federal con la reforma a la Ley General para la Gestión Integral de los Residuos, en materia de co-procesamiento de residuos, y demandaron al Ejecutivo federal vetar este atropello al derecho a un medio ambiente sano.

La Alianza México Sin Plástico, Greenpeace, el Frente de Comunidades en Contra de la Incineración, el Laboratorio de Investigación en Desarrollo Comunitario y Sustentabilidad (LIDECS), la Asociación Ecológica Santo Tomás A.C. Tabasco, Fronteras Comunes A.C., Acción Ecológica A.C., Resiliente MX A.C. y la Academia Mexicana de Derecho Ambiental A.C. censuraron la actuación de los 426 legisladores que votaron a favor, “sin importar que causa graves afectaciones ambientales y a la salud de las personas”.

“Hacemos un llamado al Ejecutivo federal a que no apruebe este “albazo”, ya que representaría un atropello al derecho a un medio ambiente sano de las mexicanas y los mexicanos”, puntualizaron.

Las agrupaciones civiles manifestaron que a pesar de que no estaba en la orden del día y sin haber sido discutido previamente en la Comisión de Medio Ambiente, este 15 de diciembre se aprobó directamente en el pleno el documento, que incluye el co-procesamiento como un método distinto a la incineración, beneficiando económicamente y otorgándole a las cementeras el control total de la gestión de los residuos municipales.

“Estamos denunciando que esta iniciativa fue impulsada por los diputados del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y la industria. A pesar de que la sociedad civil y los expertos en residuos buscamos espacios para alertar a los asambleístas, nos fueron negados, no fuimos escuchados, dejando muy claro que decidieron servir a intereses particulares y no al bien común”, señaló Ornela Garelli, especialista en Consumo responsable y cambio climático de Greenpeace México.

“Todo parece indicar que estos movimientos legislativos -en lo oscurito-  a favor de la industria cementera que pisotean nuestros derechos humanos y violan el espíritu de los convenios internacionales firmados por México que protegen la salud y el ambiente, obedecen a la necesidad que tiene Estados Unidos (de Norteamérica) de enviar sus plásticos a quemar a otros países, como el nuestro, para simular su reciclaje, práctica además respaldada por el presidente de México. Esta situación es terrible”, declaró Marisa Jacott, directora de Fronteras Comunes.

Oficialmente, se informó que este 15 de diciembre, con 426 votos a favor, nueve en contra y cuatro abstenciones, la Cámara de Diputados federal aprobó el dictamen a la minuta que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

Con dicha reforma, se establece el co-procesamiento de residuos como una opción de valorización para su aprovechamiento como insumo de otros procesos productivos y evitar su confinamiento.

El documento, enviado al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales, precisa la necesidad de que la política nacional de gestión integral de los residuos sólidos urbanos, el manejo especial y peligroso, sea robusta, eficaz y proporcional a la magnitud de lo que se genera para producir efectos ambientales y de salud pública positivos.

Además, que permita salvaguardar adecuadamente el derecho constitucional de toda persona a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, añade el dictamen que reforma los artículos 62, primer párrafo y 63 primer párrafo, y se adicionan la fracción LXIII al artículo 5, recorriéndose las subsecuentes fracciones, y el artículo 62 bis de la mencionada Ley.

Se entenderá por termovalorización el aprovechamiento de residuos orgánicos para la generación de energía eléctrica. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales deberá reglamentar y normar la operación de los procesos de incineración y termovalorización de residuos permitidos y diferenciará estos procesos en su regulación del co-procesamiento.

En el caso de que los residuos no sean susceptibles de ser reutilizados o reciclados, pero sean aptos para el co-procesamiento en procesos de producción industrial según lo dispuesto en el Reglamento de la presente ley y las normas oficiales mexicanas aplicables, dicho co-procesamiento podrá ser considerado parte del propio proceso industrial de producción, sin perjuicio de las disposiciones aplicables de la Ley de Infraestructura de la Calidad.