Ningún servidor tendrá mayor retribución a la establecida para el presidente de la República/Diputadas y diputados fijan posturas sobre el dictamen

CIUDAD DE MÉXICO, 23 de septiembre del 2020.- La Cámara de Diputados aprobó el dictamen que expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos y abroga la Ley del mismo nombre, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución, publicada en el Diario Oficial el cinco de noviembre de 2018.

El documento fue avalado en lo general por 300 votos a favor, 64 en contra y 41 abstenciones, y establece que ningún servidor obligado recibirá remuneración o retribución por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para el presidente de la República en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Menciona que todo servidor público debe recibir una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que sea proporcional a sus responsabilidades. No podrá cubrirse ningún pago mediante el ejercicio de partidas, cuyo objeto sea diferente en el presupuesto correspondiente.

Se considera remuneración toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales.

Los servidores públicos estarán obligados a reportar a la unidad administrativa responsable de efectuar el pago de las remuneraciones, dentro de los siguientes 30 días naturales, cualquier pago en demasía o por un concepto de remuneración que no les corresponda según las disposiciones vigentes.

Remuneraciones acordes a la realidad del país

Al fundamentar el dictamen, el diputado José Luis Montalvo Luna (PT), secretario de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, expresó que hoy se da cumplimiento a lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) solicitó al Poder Legislativo mediante la sentencia del 20 de mayo.

Resaltó que de acuerdo con la SCJN la remuneración del Ejecutivo federal será el referente para la fijación del resto de las percepciones de los servidores públicos. Por ello, se fija una metodología para la determinación de la remuneración total anual correspondiente al presidente de la República.

Para el cálculo de las remuneraciones, explicó, se considerará el Producto Interno Bruto per cápita, el Producto Interno Bruto per cápita de referencia, el Límite Máximo de Referencia y el Límite de Referencia.

El salario presidencial se obtendrá de multiplicar el Producto Interno Bruto per cápita de referencia por los diez grupos jerárquicos definidos por el Manual de Percepciones de la Administración Pública Federal y el resultado deberá ser dividido entre el monto del salario mínimo general vigente anualizado

Se contempla el principio de proporcionalidad, es decir que a mayor responsabilidad corresponde una mayor remuneración, pero no de forma discrecional sino con base en los tabuladores presupuestales y en los manuales de percepción que se deberán de ajustar a los límites y reglas constitucionales.

Montalvo Luna subrayó que el dictamen “no deja espacio a la opacidad, porque establece que todas las remuneraciones de los funcionarios son públicas y todas las autoridades están obligadas a informar y a rendir cuentas con veracidad y oportunidad, privilegiando el principio de máxima publicidad”.

Al fijar la postura de Morena, el diputado Pablo Gómez Álvarez sostuvo que el dictamen es resultado de un clamor popular, debido a que los servidores públicos se ponían el sueldo que ellos querían, y ello ha obligado a la Cámara a aprobar las reformas constitucionales en materia de remuneraciones.

La diputada Ximena Puente de la Mora (PRI) dijo que para consolidar una gobernabilidad democrática se requiere transparencia y rendición de cuentas. Coincidió en que ningún servidor público reciba remuneración igual o mayor a la del presidente. Planteó que la fijación de ésta y la ocupación de plazas sea con perspectiva de género.

Del PT, el diputado Oscar González Yáñez aseguró que ni la ética, ni la moral, ni los principios han logrado contener el abuso del salario, por lo que llamó a respetar el artículo 115 constitucional. Dejó en claro que la ley debe ser para servir a los mexicanos y que el servicio público no es para enriquecerse.

De Encuentro Social, la diputada Carolina García Aguilar dijo que este es un primer paso para terminar con los excesos en el servicio público, pero también es importante incentivar la preparación y el desempeño de los servidores públicos, ya que ellos son servidores de la nación que merecen un salario digno, competitivo, con prestaciones e incentivos.

La diputada Lilia Villafuerte Zavala (PVEM) señaló que el dictamen cumple con un proceso legislativo de calidad; se desarrollan criterios de adecuación y proporcionalidad eliminando el margen de discrecionalidad en la determinación de la remuneración. Se generan parámetros, esquemas y metodologías.

De Morena, el diputado Miguel Ángel Jáuregui Montes de Oca subrayó que el dictamen dota de legitimidad a las remuneraciones de los servidores públicos y solventa las observaciones de la SCJN. “No a las remuneraciones excesivas, discrecionales e injustificadas; sí a que nadie pueda ganar más que el presidente”.

El diputado Limbert Iván de Jesús Interian Gallegos (Morena), aseguró que apoyarán el dictamen por su congruencia con la Constitución y sobre todo por su carácter justo con el principio de austeridad que rige a la 4T “porque no puede haber gobierno rico con pueblo pobre”.

Por su parte, el diputado José Mario Osuna Medina (PT) se pronunció por detener los abusos salariales para que haya suficientes recursos públicos para satisfacer las demandas más sentidas de la población.

La diputada Luz Estefanía Rosas Martínez (Morena) comentó que en México el servicio público debe ser remunerado de manera que el Estado cuente con ciudadanos preparados y honestos. “Este sistema permitirá que los servidores públicos sirvan y no se sirvan de erario”, apuntó.