El recorrido en territorio mexicano será de 4,000 kilómetros del 1 al 18 de diciembre, denunciando la inseguridad extrema que padecen los migrantes cuando cruzan las fronteras.

TAPACHULA, Chis. 1 de diciembre del 2017.- Las gestiones de la “XIII Caravana de Madres de Migrantes Desaparecidos” iniciaron el día 29 de noviembre en la ciudad de Guatemala con actividades tales como un taller de integración de las delegaciones de familiares de migrantes, la organización de las delegaciones y una reunión con Augusto Jordán Rodas Andrade, procurador de los Derechos Humanos, para salir a las cuatro de la mañana de este día a la frontera Tecún Umán, San Marcos, a ser recibidas por sus anfitriones mexicanos.

Del uno al 18 de diciembre, esta edición de la caravana de madres realizará un recorrido de cuatro mil kilómetros y cruzará 12 estados y 22 localidades de México, denunciando algunos de los temas principales que subrayan la inseguridad extrema que padecen los migrantes cuando cruzan las fronteras, y cuyo evidente eje central es el drama de la desaparición de sus seres queridos.

La desaparición forzada de personas es parte de las formas de violencia extrema que los migrantes enfrentan en su día a día. La ONU ha declarado que los migrantes son especialmente susceptibles de experimentar desaparición forzada debido a su exposición a situaciones de inseguridad y violencia, ambientes de impunidad, múltiples formas de discriminación, la militarización de fronteras y la falta de estadísticas confiables sobre migrantes desaparecidos.

En México, la cuestión de la desaparición forzada ha vuelto a ocurrir desde la guerra sucia entre los años setenta y ochenta y ha aumentado dramáticamente en años recientes desde el comienzo de la guerra contra el narcotráfico emprendida por el presidente Calderón en 2006.

Un reporte de la CNDH señala que hay más que 32 mil personas desaparecidas en México entre las cuales se cuentan 312 víctimas migrantes. Sin embargo, las estadísticas con que se cuenta son intrínsecamente incompletas –especialmente en referencia a las personas migrantes– debido a la falta de mecanismos apropiados de denuncia, la falta de coordinación y la falta de voluntad por parte del gobierno para investigar adecuadamente dichos casos.

Los casos emblemáticos de la desaparición forzada y la violencia estatal en México son la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014, y la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, en 2010. Ayotzinapa representa la crisis de la desaparición forzada en México y la colusión de las autoridades con el crimen organizado en las violaciones graves de derechos humanos.

Cuatro años antes del caso Ayotzinapa, la masacre de 72 migrantes en el municipio de San Fernando llamó la atención sobre la violencia extrema perpetrada por el crimen organizado hacia migrantes. Más tarde surgió evidencia de que las autoridades locales habían sido cómplices en el crimen y también en el abuso, secuestro y trata de migrantes en el estado.

Además, menos de un año después, a esta tragedia se le sumó el descubrimiento de 49 fosas clandestinas que contenían los restos de 193 personas, tanto mexicanos, como migrantes, en el mismo municipio. Un año más tarde, se hallaron los restos de otras 49 personas en el estado de Nuevo León. La respuesta de las autoridades en los procesos de investigación e identificación, en el caso de San Fernando, ha sido problemático y el trato de los familiares de los desaparecidos ha sido descrito como “inhumano y degradante”.

Después de la llegada de miles de niños centroamericanos en la frontera sur de los Estados Unidos de Norteamérica en 2014, el gobierno estadounidense ha presionado al gobierno mexicano para detener el camino de migrantes desde el interior de la República Mexicana.

Por su parte, México respondió con el Programa Frontera Sur, que ha resultado en el incremento drástico de detenciones y deportaciones, junto con el incremento de informes sobre violaciones a los derechos humanos de migrantes por parte de las autoridades mexicanas. Esta situación ha llevado a los migrantes a utilizar rutas más peligrosas para evitar ser detectados por el gobierno y, por esta razón, son obligados a acudir a los servicios de grupos criminales para cruzar el país.

A los migrantes, se les culpa por la violencia y el daño que encuentran en su camino, son percibidos como personas que traen crimen, criminales que han entrado al país “ilegalmente”, o como personas imprudentes por su “decisión” de viajar a través de áreas peligrosas.

De esta forma, a los migrantes se les culpa por la violencia que sufren. Cuando se culpa a otros agentes, con frecuencia la atención se centra en las acciones violentas del crimen organizado, sin reconocer el papel directo que ambos estados, tanto México como los Estados Unidos, han desempeñado en la contribución a la vulnerabilidad de los migrantes.

La tarea de buscar a los desaparecidos, romper el silencio y exigir justicia se ha dejado a los familiares de las víctimas. Además de estar a cargo de la búsqueda por sus familiares, las madres y padres de los desaparecidos sufren de la incertidumbre y la ausencia de sus seres queridos tanto psicológica como físicamente.

Denunciar estas políticas y denominar estas desapariciones como desapariciones forzadas, es clave para evidenciar cómo las políticas binacionales de “seguridad” en realidad funcionan cómo políticas de muerte. Finalmente, es crucial escuchar a los familiares de los desaparecidos quienes están llamando la atención sobre esta crisis humanitaria desafiando las medidas políticas responsables de la desaparición de sus seres queridos.

Esa es la misión de la XIII Caravana de Madres Centroamericanas que con sus acciones de búsqueda, resistencia y protesta, sueña con que “otra migración es posible” y por ello no pierde la esperanza.