La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos repudia la respuesta tardía de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y demanda que actúe en cumplimiento con el marco legal aplicable y registre a la familia Ponce como víctimas.
CIUDAD DE MEXICO, 30 de octubre del 2017.- La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) informó que el pasado 16 de octubre fue notificada sobre la negativa de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) por reconocer la calidad de víctimas de violaciones a derechos humanos a más de 60 personas que forman parte de la familia Ponce Ríos, quienes desde el año 2013, se vieron forzadas a desplazarse de su lugar de origen hacia otras entidades del país, como consecuencia de la violencia generalizada imperante en el estado de Chihuahua y las violaciones a derechos humanos que sufrieron por autoridades de dicha entidad federativa.
“A partir del año 2010, los miembros de la familia fueron víctimas de secuestros, homicidios y persecuciones, por lo que el 70 por ciento de la familia fue forzada a abandonar su lugar de residencia, sumándose a las más de 310 mil personas desplazadas a causa de la violencia en México”
La organización civil manifestó que la familia Ponce Ríos, originaria del municipio de Saucillo, Chihuahua, contaba con un total de 94 miembros dedicados principalmente a los negocios de ganadería y agricultura.
“A partir del año 2010, los miembros de la familia fueron víctimas de secuestros, homicidios y persecuciones, por lo que el 70 por ciento de la familia fue forzada a abandonar su lugar de residencia, sumándose a las más de 310 mil personas desplazadas a causa de la violencia en México”, indicó.
Ante ello, la CMDPDH, como representante de las víctimas, dio a conocer que solicitó a la CEAV desde 2014, que se les reconociera su calidad de víctimas del desplazamiento interno forzado como una violación a derechos humanos, ya que ello implica que se les brinde una atención diferenciada y especializada.
“Sin embargo, después de más de dos años, la resolución emitida el pasado 16 de octubre argumenta que la negativa se debe a la “falta de elementos” para determinar que la familia Ponce Ríos haya sido víctima de violaciones a los derechos humanos, cuando la propia CEAV conoce de la investigación en materia de derechos humanos que está abierta ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y que su personal ha constatado que se trata de víctimas del desplazamiento interno forzado”, expuso.
“La resolución de la CEAV, contraria a la Constitución y a la Ley General de Víctimas, representa una nueva afrenta a las víctimas de desplazamiento forzado interno, a la par que constituye una revictimización del gobierno federal contra la familia Ponce Ríos”, aseguró.
La CMDPDH repudió la respuesta tardía de la CEAV y demandó a su presidente, Jaime Rochín, que actúe en cumplimiento con el marco legal aplicable, y registre a la familia Ponce Ríos como víctimas del desplazamiento interno forzado.
“Es momento de que la institución encargada de velar por los derechos de las víctimas del país, reconozca el desplazamiento como un hecho victimizante autónomo y preste medidas de atención diferenciadas y especializadas a quienes atraviesan por condiciones específicas de vulnerabilidad, como lo son las personas internamente desplazadas por la fuerza”, puntualizó.
