El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura emite dos informes de seguimiento sobre lugares de internamiento y detención en Campeche y detecta múltiples irregularidades, que pueden derivar en malos tratos o tortura a los internos.

CIUDAD DE MÉXICO, 3 de junio del 2018.- El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) emitió dos informes de seguimiento a los iniciales 2/2017 y 3/2017 por la persistencia de deficiencias en 35 lugares de detención dependientes del gobierno estatal de Campeche, casas hogar del DIF estatal y privadas, hospital psiquiátrico y 11 lugares más de detención dependientes de los Ayuntamientos y un albergue para niños y adolescentes, todos en esa entidad federativa, que pueden derivar en malos tratos o tortura hacia las personas privadas de la libertad.

En los Informes de Seguimiento, dirigidos al subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno estatal, José Román Ruiz Carrillo, y a los 11 presidentes municipales de Campeche, Calakmul, Calkiní, Candelaria, Carmen, Champotón, Escárcega, Hecelchakán, Hopelchén, Palizada y Tenabo, también se observaron las condiciones de estancia para verificar, analizar y evaluar su correspondencia con los derechos fundamentales, el trato humano digno, la legalidad, seguridad jurídica, protección de la salud e integridad personal, y se realizaron actividades para promover e impulsar el cumplimiento de dichas prerrogativas por el personal del servicio público. Además de esos centros municipales destinados a la aplicación de sanciones administrativas de arresto, también se visitó un albergue para niñez y adolescencia, y se supervisaron tres casas hogar.

El Mecanismo señaló que “de los lugares de detención que dependen de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, en el Centro Penitenciario de Ciudad del Carmen se observó a personas privadas de la libertad realizar tareas de vigilancia en diversas áreas, además de que en cada dormitorio hay un recluso denominado “encargado”, quien realiza funciones de enlace entre la población y las autoridades del establecimiento”.

“También fueron detectados teléfonos celulares y se señaló la existencia de cobros de servidores públicos por la administración de negocios en el centro y la introducción de distintos objetos”, indicó.

“Fueron supervisados también dos Centros de Reinserción Social y el Centro de Internamiento para Adolescentes, adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública; un hospital psiquiátrico adscrito a la Secretaría de Salud y dos casas hogar del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), así como cuatro casas hogar privadas y un centro contra adicciones también de carácter privado”, apuntó.

Manifestó que los resultados de dichas visitas revelan que en los lugares dependientes de la Fiscalía General del estado, como la Fiscalía Xpujil, en Calakmul; Unidad de Atención Temprana de la Fiscalía de Champotón, Fiscalía General en Champotón y Fiscalía en el municipio de Palizada, no se proporcionan alimentos a las personas detenidas por falta de la respectiva partida presupuestal. Igual ocurre en instancias dependientes de los Ayuntamientos, como la Dirección Pública Municipal de Campeche, Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Calkiní, Dirección de Seguridad Pública, Vialidad y Tránsito Municipal de Champotón, Complejo de Seguridad Pública Municipal de Escárcega, Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Hecelchakán y la Dirección de Seguridad Pública de Hopelchén, mientras que en la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Candelaria solo se proporcionan dos comidas al día.

“Tanto en los centros dependientes de la autoridad estatal, como de las autoridades municipales se presentan algunas de las siguientes irregularidades: la certificación médica de integridad física de las personas privadas de la libertad se practica en presencia de personal policial y en algunos lugares no se realiza al ingresar los detenidos; el personal médico carece de capacitación para elaborar certificados de integridad física de acuerdo con el Protocolo de Estambul, y el área de aseguramiento no cuenta con reglamento interno, ni manual de procedimientos”, agregó.

Además, puntualizó, faltan programas contra las adicciones y el tratamiento de desintoxicación, locutorios que no garantizan la privacidad de conversaciones entre internos y sus defensores, falta de reglamento interno y de separación entre procesados y sentenciados, así como personal de seguridad insuficiente.

“También, faltan programas para prevenir o atender situaciones o eventos violentos; no se han efectuado modificaciones o adaptaciones para facilitar la accesibilidad de las personas con discapacidad física; no existe registro de las visitas de supervisión de autoridades superiores; las entrevistas con defensor y visitantes, así como la comunicación telefónica se realizan sin privacidad, y los Representantes Sociales no acuden al área de aseguramiento para verificar el trato a las personas detenidas”, aseveró.

Citó que “en lugares que dependen de los Ayuntamientos, algunos Bandos de Policía y Buen Gobierno no prevén procedimiento para la imposición de sanciones administrativas, ni la obligación de practicar examen médico a quienes ingresan en arresto, ni establecen separación entre mujeres y hombres en dichos lugares, en tanto que en las casas hogar privadas no hay personal especializado para atender a las personas ahí alojadas, no se cuenta con libro de registros y carecen de reglamento interno y manual de procedimientos, así como de servicio médico.

Estos informes ya fueron debidamente notificados a sus destinatarios y pueden ser consultados en la página www.cndh.org.mx