Diputado federal de Morena y magistrados de justicia administrativa urgen a concretar cuanto antes los sistemas anticorrupción nacional y estatales. “A 2 años de su aprobación, no hay pretexto que valga, ni condición política sobre la exigencia popular”, señalan.
CIUDAD DE MÉXICO, 14 de abril del 2018 (Notilegis).- El presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, Jesús Valencia Guzmán, y magistrados en materia de justicia administrativa urgieron a los poderes y gobiernos federal y estatales a concretar cuanto antes los sistemas anticorrupción nacional y locales, ya que la corrupción está “carcomiendo” el tejido social y la credibilidad de las instituciones.
Plantearon la necesidad de que estos sistemas comiencen a operar en su totalidad en todo el país, a fin de poder evaluar su funcionamiento y eficacia y, así, poder proponer cambios para mejorarlos.
Al inaugurar el foro “Sistema Nacional Anticorrupción: Retos y Avances”, Valencia Guzmán, subrayó que la falta de nombramiento de los fiscales general y Anticorrupción y de magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) ha “entorpecido” la operación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y la lucha contra este mal.
Sostuvo que a poco tiempo de su aprobación, el SNA se ha enfrentado a grandes retos y obstáculos que se materializan en los altos costos que tiene la corrupción en el país y que impacta de manera importante la calidad de vida de los ciudadanos.
El diputado de Morena refirió que el costo de este flagelo para realizar trámites, pagos y solicitud de servicios públicos en 2015 fue de seis mil 418 millones de pesos, mientras que el año pasado ascendió a siete mil 200 millones, según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Agregó que, de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), el costo de la corrupción equivale a cinco puntos del Producto Interno Bruto (PIB), lo que rebasaría los 200 mil millones de pesos.
“Esto tiene un costo de oportunidad altísimo en empleos bien remunerados, seguridad y desarrollo, es decir, afecta directamente a la calidad de vida de todos los mexicanos”, indicó.
Valencia Guzmán dijo que sólo con el compromiso de todos los actores involucrados, se erradicará este problema, que constituye un “cáncer que carcome al gobierno y a la sociedad”.
La magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, Yasmín Esquivel Mossa, apuntó que la estructura del SNA está dada y lo que se requiere es su puesta en funcionamiento a la brevedad, para poder valorar su eficacia y proponer los cambios necesarios.
“Hago un llamado para integrar por completo el SNA, no puede funcionar algo que no tiene una cabeza. No dejemos pasar más tiempo, la corrupción es un tema sumamente sensible para la sociedad, indigna, lastima profundamente el tejido social”, indicó.
Enfatizó que este mal ha carcomido la credibilidad de las instituciones, que es pilar fundamental en la existencia de la legitimidad del Estado. Mientras los ciudadanos desconfíen de éstas, la antesala de la ingobernabilidad y la barbarie están a la vuelta de la esquina, apuntó.
Esquivel Mossa insistió en que la sociedad y gobierno deben unir esfuerzos para completar a las instituciones ya creadas y que operen y den resultados.
“Hoy, a dos años de su aprobación, no hay pretexto que valga, ni condición política que pueda estar sobre la exigencia popular. El SNA y los locales ya deben estar integrados y operando, para poder evaluar su funcionamiento y mejorarlos”, asentó.
Álvaro Castro Estrada, magistrado del TFJA, expuso que la raíz de este fenómeno se encuentra en “la decisión individual que adopta una persona para realizar una conducta deshonesta con pleno conocimiento de sus consecuencias”.
Para combatirlo, resaltó, es idóneo reunir determinados elementos para configurar un comportamiento esperado en los impartidores de justicia administrativa” que contemplen, principalmente, la honestidad.
Aseveró que el SNA deberá enfocarse a la corrección de las debilidades institucionales, sobre todo, en la vigilancia del adecuado desempeño de la función pública, para generar un cambio de visión, ganar confianza y satisfacer las legítimas aspiraciones de la sociedad.
Octavio Martínez Camacho, instructor de agentes del Ministerio Público en la Procuraduría General de la República (PGR) y académico de la Universidad Autónoma de México (UNAM), señaló que la confianza y la ética en el servicio público, es el punto central del SNA.
Aunque sí es preocupante que no se haya logrado nombrar a un Fiscal Anticorrupción, “es bueno que aún no se cuente con esta figura porque con la estructura legal que tenemos nos vamos a llevar un mal sabor de boca, por el lugar en el que fue insertado. La verdad será un fiscal con poca autonomía y eso es muy peligroso”, consideró.
Dante Preisser Rentenría, enlace de la Secretaría de la Función Pública (SFP) con el SNA, destacó que los retos primordiales de este esquema, además de concretar los nombramientos pendientes y los sistemas anticorrupción locales, son diseñar una política nacional anticorrupción que contenga las bases y estrategias que articularán el combate a este flagelo.
Además, de la implementación de la plataforma digital nacional, que contendrá información sobre contratos, servidores y denuncias públicos, así como de la llamada declaración 3 de 3 de funcionarios, entre otros aspectos, añadió.
