La CNDH señala que el costo de la corrupción es de 7,218 millones de pesos y México ocupa el lugar 135 entre los países del mundo, por lo que llama a autoridades, sector privado, medios, organizaciones civiles, instituciones educativas y sociedad a prevenir y sancionar este fenómeno.

CIUDAD DE MÉXICO, 9 de diciembre del 2018.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) expresó su preocupación, porque México se ubica en la posición 135 de 180 países evaluados en materia anticorrupción, al bajar del punto 3 al 29, de acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción 2017 de Transparencia Internacional (TI), mientras que a nivel regional, también está entre las peores posiciones de América Latina y el Caribe, con base en la evaluación realizada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Esta posición, de acuerdo con la OCDE, se debe a los niveles mínimos o nulos de cumplimiento relacionados con la investigación y sanción de corrupción en operaciones internacionales, conforme a la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos en Transacciones Internacionales. Además, los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2017 efectuada por el INEGI señalan que el costo total, a consecuencia de corrupción en la realización de pagos, trámites o solicitudes de servicios públicos y otros contactos con autoridades fue de siete mil 218 millones de pesos, lo que representa 12.5 por ciento de cambio respecto de 2015.

En ocasión del Día Internacional contra la Corrupción –9 de diciembre—, la Comisión Nacional exhortó a las autoridades gubernamentales a cumplir cabalmente con la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos en Transacciones Comerciales Internacionales, además de adoptar las medidas administrativas, legislativas o de cualquier otro carácter para prevenir y sancionar actos de corrupción, los cuales impiden el desarrollo económico de nuestro país, debilitan a las instituciones y transgreden los derechos humanos de todas las personas, particularmente de aquellas en situación de pobreza y de grupos de atención prioritaria.

Igualmente, reiteró su llamado al Senado de la República para nombrar a la persona titular de la Fiscalía Especializada en el Combate contra la Corrupción y demandó al nuevo gobierno federal el fortalecimiento de las fiscalías autónomas y dar el siguiente paso para su materialización en los niveles federal y estatales, para el efectivo acceso a la justicia, en aras del cumplimiento al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16 relativo a la consecución de la paz, justicia e instituciones sólidas.

También convocó a los gobiernos federal, estatales y municipales, al sector privado, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil, instituciones educativas y sociedad en su conjunto a prevenir y combatir la corrupción, por tratarse de una violación a los derechos fundamentales.

Destacó, asimismo, la importancia de contar con información pertinente para una mejor comprensión y atención de la corrupción, problemática que tiene diversas causas, consecuencias y actores –tanto públicos como privados— motivo por el cual pone a disposición el estudio titulado Los Derechos Humanos y la Corrupción en México. Análisis de las tendencias en las entidades federativas entre 2000 y 2014, elaborado en 2017 en colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el cual aporta, entre otros aspectos, 17 recomendaciones que pueden servir de guía a la autoridad para articular una estrategia anticorrupción.

En cuanto a esta fecha conmemorativa, el Día Internacional contra la Corrupción fue proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas a través de la Resolución 58/4 y tiene como finalidad aumentar la sensibilización respecto de este fenómeno y promover la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción la cual entró en vigor en diciembre de 2005.

De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), cada año se paga un billón de dólares en sobornos y se calcula que se roban 2.6 billones de dólares anuales mediante la corrupción, suma que equivale a más del 5 por ciento del Producto Interno Bruto mundial.