La Comisión Permanente acordó solicitar información de la consulta a los pueblos indígenas sobre el Tren Maya a la Segob, al INPI y al Fonatur/Pide actas, minutas, listas de asistencia y peticiones de las comunidades originarias.

CIUDAD DE MÉXICO, 28 de enero del 2020.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhortó a la Secretaría de Gobernación (Segob), al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), a que envíen a esta soberanía un informe sobre el proceso de planeación, implementación y seguimiento de la Consulta a los Pueblos Indígenas, celebrada del 15 de noviembre al 15 de diciembre de 2019, en los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán, relativo al proyecto del Tren Maya.

En un punto de acuerdo, aprobado en la sesión de hoy, la Comisión Permanente pide que se anexen —observando los ordenamientos aplicables de transparencia y protección de datos personales— actas, minutas, listas de asistencia, y acreditación de las autoridades indígenas; descripción de mecanismos para garantizar los derechos de los pueblos indígenas, en materia de consulta; información que se proporcionó en la consulta; peticiones de los pueblos y comunidades indígenas, así como los acuerdos que se asumieron.

La diputada María de los Ángeles Huerta del Río, de Morena, refirió que se tienen todos los estudios sobre este proyecto y sus impactos en materia ambiental y cultural.

“Será absolutamente positivo; favorecerá a todos los habitantes del sureste y del país, porque tiene la voluntad de atender el desarrollo y progreso para comunidades indígenas”, expuso.

El diputado Porfirio Muñoz Ledo, del mismo partido, comentó que lo relevante es realizar una consulta informada y que cumpla con todas las características necesarias, y recordó que la Constitución de la Ciudad de México contiene una parte de un convenio que avala esas consultas.

También de Morena, el diputado Marco Antonio Andrade Zavala subrayó que el Tren Maya incidirá en la vida y el desarrollo de las zonas indígenas; por eso, hubo una consulta libre, informada y de buena fe.

“El proyecto ayudará a todas las comunidades e impulsará el turismo que generará derrama económica; los pueblos esperan que se realice”, agregó.

Por su parte, el diputado Enrique Ochoa Reza, del PRI, consideró que hubo faltas en las consultas sobre el Tren Maya. Además, estimó que la legislación mexicana es incompleta, pero está cubierta por los tratados internacionales, por lo que es importante que éstos se cumplan.

La senadora Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz, del PAN, solicitó regresar el punto de acuerdo a la redacción original para conocer información del impacto ambiental, efectos culturales, económicos y sociales a las tierras y territorios de las comunidades indígenas, así como las acciones de remediación que podrían darse y el catálogo de comunidades indígenas y las autoridades que asistieron a la consulta.

Damián Zepeda Vidales, senador del mismo partido, indicó que se deben escuchar todas las opiniones, porque de eso se trata una democracia, de lo contrario, sería una dictadura.

“Si no les interesan los convenios internacionales, existe la legislación mexicana que obliga a tener informes de impacto ambiental”, puntualizó.