Por Daniel Sánchez

El padrón electoral de la elección del 2021 fue de 671 mil 579 en el estado de Campeche. En 2020, las unidades de transparencia recibieron siete mil 339 solicitudes de información, lo que representa el 1.09 por ciento de la ciudadanía.

Un peor escenario se registra con la población vulnerable: Las solicitudes de información de población en lengua indígena o de afromexicanos, fueron apenas 21, como si no existiera el 12.53 por ciento de la población campechana, este es un gran faltante.

Si tomamos en cuenta que hay ciudadanos, como los reporteros, que hacen múltiples solicitudes en el año, el porcentaje de participación ciudadana baja aún más. Del total, tres mil 671 fueron al Poder Ejecutivo, menos del 0.5 por ciento de los mayores de 18 años preguntaron algo a la administración estatal.

Del total de solicitudes de información, mil 271 no se responden, por supuesta incompetencia del sujeto obligado, el 17.32 por ciento, es decir, casi 1 de cada 5 solicitudes; 187 fueron desechadas, 79 fueron declaradas como inexistente la información solicitada, y 520 tienen acceso restringido por ser información confidencial o reservada. En resumen, solo el 70 por ciento de solicitudes tienen una respuesta.

Las respuestas a solicitudes de información son respondidas por los sujetos obligados en, desde un día, hasta 64.4 días hábiles, como pasó con la Universidad Tecnológica de Calakmul en 2020.

En 2020, también se registraron 146 solicitudes para ejercer sus derechos ARCO. En 2019, fueron 922, seis veces más.

En recursos de revisión, que son los que atiende la Cotaipec, se recibieron mil 174 en el 2020, o sea, 3.2 diarios. Mil 171 fueron en acceso a la información y tres en derechos ARCO.

El 19.2 por ciento, 225 recursos de revisión, fueron desechados por el pleno de la Comisión. También había desechado 279 recursos más (el 23.76 por ciento) en cuatro expedientes del Ayuntamiento de Campeche, pero los solicitantes se inconformaron ante INAI, que ordenó que se repusieran.

El estado de Campeche está en recesión económica crónica desde hace más de 15 años. Las autoridades culpan a la industria petrolera, pero el Inegi da cuenta de que no hace lo suficiente para reactivar la economía estatal.

Hay cada vez más pobreza. El 43.7 por ciento de la población, más de 400 mil campechanos, no se alimenta bien, es lo que se llama la pobreza laboral.

Ante ello, propongo:

1.- Re-ciudadanizar la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche. Que haya un efectivo control ciudadano sobre las actividades gubernamentales, que el acceso a la información sea lo más amplio posible, como mandata la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y deje de ser solo para “iniciados”.

2- Iniciar una Cruzada Estatal por la Transparencia, para promover intensamente su aplicación en todos los ámbitos de la sociedad y así, contribuir en el combate y la prevención de la corrupción, principalmente en un gobierno que se precia de ser democrático. Incluso, utilizando las herramientas disponibles en internet: Como el chat, el Whatsapp y el tik tok.

3.- Donar el 30% de mi salario (71 mil 42 pesos) como comisionado para destinarlo a la promoción y la difusión del derecho al acceso a información pública. En un año, serían 255 mil 744 pesos, cinco veces más que lo que se tiene proyectado gastar en difusión este año. Promover la donación de una parte del salario de directores para arriba, incluso de los otros dos comisionados, porque está de por medio la sobrevivencia de este organismo autónomo, que actualmente está sumamente burocratizado y por lo mismo, en vías de extinción.

4.- Impulsar una reingeniería en el presupuesto de la Cotaipec. Para este año es de 21 millones 125 mil pesos, de los cuales 17 millones 921 mil es para servicios personales, es decir, casi el 85 por ciento del total. Se destinan solamente 53 mil 968 pesos para Servicios de Comunicación Social y Publicidad (SCSP), es decir, para difusión. En 2020, el gasto fue de 21 millones 648 mil pesos, de los cuales 17 millones 839 mil pesos fueron para servicios personales, o sea, el 82.4 por ciento, para 44 servidores públicos. Apenas 16,472 fueron para SCSP.

5.- Dejar de cobrar al ciudadano por garantizar su derecho a la información pública. Deben ser gratuitas la consulta de datos, como no sucede en el Registro de la Propiedad; la expedición de copias simples o certificadas, o la reproducción en cualquier otro medio, incluidos los electrónicos.

6.- Agilizar la entrega de información pública a los solicitantes: Reducir el número de días para proporcionar datos. Trabajar con las unidades de transparencia para lograr un acceso expedito a la información gubernamental y eliminar las múltiples trabas que hay actualmente.

7.- Promover un gobierno totalmente abierto, con información oportuna y eficaz para los ciudadanos, nuestros verdaderos patrones. Hacer más accesible la información que tiene obligación, por ley, proporcionar la autoridad.

8.- Ampliar el número de sujetos obligados a proporcionar información pública. El caso de los dos fideicomisos para la construcción del Nuevo Puente de la Unidad, el del Fondo de Excedentes de Recursos de Libre Disposición, el Patronato del Centro Histórico y las Agrupaciones Políticas Estatales, y toda persona física o moral que ejerza recursos públicos. Pero principalmente la o el titular del Poder Ejecutivo estatal.

9.- Que las sentencias judiciales sean públicas, una vez que causen estado. Que sea obligación del Poder Judicial del Estado difundirlas.

10.- Promover la fusión de la Codhecam con la Cotaipec, para reducir gastos. El derecho a la información es también un derecho humano.