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7 junio, 2018 Comentarios desactivados en Demanda Morena regular publicidad oficial y proteger a periodistas Campeche

Demanda Morena regular publicidad oficial y proteger a periodistas

INTERVENCIÓN DEL DIPUTADO DANIEL SÁNCHEZ

El diagnóstico de la organización Artículo 19 y la agencia La Doblevida es lapidario: En este día, en lugar de hacer una fiesta de la libertad de expresión, tenemos que cargar “con 116 periodistas asesinados desde el año 2000, más de 507 agresiones en 2017, con un grado de impunidad del 99.6 por ciento y con la etiqueta de ser el país más peligroso para el ejercicio periodístico en América y el segundo en el mundo, solo debajo de Siria, un Estado en guerra”.

En su informe anual 2017, denominado “Democracia simulada. Nada qué aplaudir”, Artículo 19 va más allá y señala que “la violencia no ha cesado y el ingenio para generar nuevas formas de violentar la libertad de expresión e información ha provocado una contracción continua del espacio cívico”.

“Mientras que algunos seguimos luchando por buscar y encontrar información, otros mueren por difundirla y, para otros más, el problema no es hacerse de información, sino saber si pueden creer en ella. La evolución hacia el mundo digitalizado ha traído consigo que el espectro de la violencia sea más complejo”.

La organización internacional Reporteros Sin Fronteras considera inmoral y escandaloso que haya dueños de la prensa, la radio y la televisión “sospechosamente” ricos, arriesgando a empleados pobres.

“Pese a que en México el sector de medios crece casi cuatro veces más que la economía nacional, la disparidad entre una industria vigorosa y las precarias condiciones laborales es descarada. La brecha entre lo que perciben los millonarios dueños de los medios y la mayoría de los empobrecidos reporteros, que dan forma a los medios, es abismal: los primeros, millonarios y sentados a la derecha del poder; los segundos, pobres y luchando por mejores condiciones de seguridad para no ser las siguientes víctimas letales”, expresa.

En 2013, un estudio del Imco encontró que el periodismo es uno de los cinco trabajos peor pagados en el país, con un salario promedio de 7 mil 973 pesos al mes. Ese sueldo se ha ido degradando en los últimos años: la empresa de recursos humanos Indeed ubicó, en marzo de este año, que la media salarial para un reportero mexicano es de apenas 4 mil 560 pesos al mes. El salario promedio de un profesionista mexicano es de unos 11 mil pesos mensuales.

Concibo que en el origen del periodismo, subyace un cuestionamiento hacia la autoridad, es una especie de control social ante los abusos de quienes ostentan el poder. El oficio no fue creado para inclinar la cerviz y rendir pleitesía a los poderosos, sino para criticarlos y exponerlos en sus excesos ante la población.

Nosotros, los obreros de la información, los trabajadores de la palabra, los empleados de la sociedad, a la que se tiene que mantener informada, somos quienes estamos en constante riesgo, no los dueños de los medios, traficantes de la libertad de expresión.

En Campeche, la violencia se manifiesta con agresiones y ataques hacia los periodistas críticos, desde el cuarto piso del Palacio de Gobierno, desde donde se ejerce un régimen despótico, autoritario y represor, que califica a sus opositores de locos y paranoicos, a falta de argumentos para debatir.

Alejandro Moreno Cárdenas tiene una fijación por la unanimidad en los medios de comunicación, y para ello ha derrochado, como nunca antes, mil 358 millones de pesos en dos años y medio.

Sin embargo, este dinero no beneficia a los reporteros, a los recopiladores de la información. A ellos solo los festeja y premia cada fin de año y cada Día de la Libertad de Expresión, en celebraciones indignas.

Aquí, también se visualiza el efecto corruptor y el “círculo vicioso” de la publicidad oficial. De esta manera, la sociedad campechana se ve afectada negativamente en su derecho a recibir información diversa y confiable, lo cual va en detrimento del fortalecimiento del pensamiento propio, libre e independiente, porque “cuando se revisan las portadas de los diarios, la mayoría trae la misma información, el mismo enfoque, a veces cabezas idénticas, a esto se le llama el cártel del contenido, la cargada mediática o por qué todos aman al PRI”.

Los recursos públicos estatales se entregan a grupos de comunicación, como el de la familia Arceo que, en los primeros 16 meses de Moreno Cárdenas, recibió 50.6 millones de pesos; o el de la familia Castillo, con 14 millones de pesos; o a los medios presuntamente vinculados a “Alito”, como El Sur de Campeche, con 7.7 millones; Novedades de Campeche, con 8.8 millones, y Mayavisión, con 6.3 millones. Estos medios suman el 55.8 por ciento de los 156 millones pagados por publicidad oficial entre octubre de 2015 y enero de 2017, de acuerdo con documentación proporcionada por la Oficina del Gobernador.

Mientras estos dueños amasan grandes fortunas, al amparo del poder público, la mayoría de los periodistas, sus empleados, trabaja en condiciones precarias e inseguras: en muchas ocasiones debe hacer sus investigaciones usando transporte público en zonas peligrosas, sin un seguro de gastos médicos o de vida, sin capacitación en coberturas seguras, ni equipo adecuado para su trabajo.

De ahí la necesidad de reglamentar, evaluar y supervisar la contratación y asignación de los servicios de comunicación social y publicidad, cuyo gasto se ha disparado en la gestión de Alejandro Moreno, por encima de lo destinado a la actividad agropecuaria y la pesca; a la protección ambiental, a la recreación y la cultura, a la protección social, al transporte, al turismo y a la ciencia, tecnología e innovación.

De acuerdo con el Informe Especial sobre la publicidad oficial de la CNDH, Moreno Cárdenas gasta discrecional y excesivamente en la publicidad oficial y la utiliza, como lo hacen Enrique Peña Nieto y los demás gobernadores del país, como premio y castigo para mantener bajo su control a los medios de comunicación y conculcar el derecho a la libertad de expresión de todos los campechanos.

Recientemente, el Colectivo Medios Libres llamó a que las leyes de publicidad oficial estatales trasciendan la Ley de Comunicación Social, mejor conocida como la “Ley Chayote”, y se garantice la libertad de expresión y el derecho a la información de las audiencias, con los más altos estándares internacionales, sin discriminación, ni condicionar la línea editorial de los medios.

Por eso, presento un punto de acuerdo para exhortar al titular del Ejecutivo del Estado a enviar una ley de publicidad oficial al Congreso del Estado, que cumpla con estos requisitos.

También, para exhortarlo a demandar a los dueños de los medios de comunicación, con quienes contrate publicidad oficial, que respeten los derechos laborales y salariales de los periodistas, y garanticen su seguridad en sus coberturas noticiosas.

Punto de acuerdo para exhortar al titular del Ejecutivo del Estado a enviar una ley de publicidad oficial al Congreso del Estado, que garantice la libertad de expresión y el derecho a la información de las audiencias, con los más altos estándares internacionales, sin discriminación, ni condicionar la línea editorial de los medios, promovido por el diputado Daniel Sánchez Barrientos, del partido Morena.

San Francisco de Campeche, Campeche, a 7 de junio del 2018.

El suscrito diputado Daniel Sánchez Barrientos, integrante del partido Morena, con fundamento en los artículos 47 fracción II de la Constitución Política del Estado de Campeche y 47 fracción II, 72 y 74 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, presento una proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del Estado a enviar una ley de publicidad oficial al Congreso del Estado, que garantice la libertad de expresión y el derecho a la información de las audiencias, con los más altos estándares internacionales, sin discriminación, ni condicionar la línea editorial de los medios.

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El diagnóstico de la organización Artículo 19 y la agencia La Doblevida es lapidario: En este día, en lugar de hacer una fiesta de la libertad de expresión, tenemos que cargar “con 116 periodistas asesinados desde el año 2000, más de 507 agresiones en 2017, con un grado de impunidad del 99.6 por ciento y con la etiqueta de ser el país más peligroso para el ejercicio periodístico en América y el segundo en el mundo, solo debajo de Siria, un Estado en guerra”.

La prensa está sujeta a la violencia de Estado. Es violenta la realidad que enfrentan los periodistas en México, pero hay que dejar claro que cada vez que se asesina a un comunicador, se mata el derecho de todos a la información.

En su informe anual 2017, denominado “Democracia simulada. Nada qué aplaudir”, Artículo 19 va más allá y señala que “la violencia no ha cesado y el ingenio para generar nuevas formas de violentar la libertad de expresión e información ha provocado una contracción continua del espacio cívico”.

“Mientras que algunos seguimos luchando por buscar y encontrar información, otros mueren por difundirla y, para otros más, el problema no es hacerse de información, sino saber si pueden creer en ella. La evolución hacia el mundo digitalizado ha traído consigo que el espectro de la violencia sea más complejo”.

La organización internacional Reporteros Sin Fronteras asegura que sólo 11 grupos empresariales controlan los principales medios de comunicación en el país y considera inmoral y escandaloso que haya dueños de la prensa, la radio y la televisión “sospechosamente” ricos, arriesgando a empleados pobres.

“Pese a que en México el sector de medios crece casi cuatro veces más que la economía nacional (8.6% contra 2.5%), la disparidad entre una industria vigorosa y las precarias condiciones laborales es descarada. La brecha entre lo que perciben los millonarios dueños de los medios y la mayoría de los empobrecidos reporteros que dan forma a los medios es abismal: los primeros, millonarios y sentados a la derecha del poder; los segundos, pobres y luchando por mejores condiciones de seguridad para no ser las siguientes víctimas letales”, expresa.

En 2013, un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad encontró que el periodismo es uno de los cinco trabajos peor pagados en el país, con un salario promedio de 7 mil 973 pesos al mes. Ese sueldo se ha ido degradando en los últimos años: la empresa de recursos humanos Indeed ubicó en marzo de este año que la media salarial para un reportero mexicano es de apenas 4 mil 560 pesos al mes. El salario promedio de un profesionista mexicano es de unos 11 mil pesos mensuales.

Concibo que en el origen del periodismo, subyace un cuestionamiento hacia la autoridad, es una especie de control social ante los abusos de quienes ostentan el poder. El oficio no fue creado para inclinar la cerviz y rendir pleitesía a los poderosos, sino para criticarlos y exponerlos en sus excesos ante la población.

Nosotros, los obreros de la información, los trabajadores de la palabra, los empleados de la sociedad, a la que se tiene que mantener informada, somos quienes estamos en constante riesgo, no los dueños de los medios, traficantes de la libertad de expresión.

En Campeche, la violencia se manifiesta con agresiones hacia los periodistas críticos, desde el cuarto piso del Palacio de Gobierno, desde donde se ejerce un régimen despótico, autoritario y represor, que califica a sus opositores de locos y paranoicos, a falta de argumentos para debatir.

Alejandro Moreno Cárdenas tiene una fijación por la unanimidad en los medios de comunicación, y para ello ha derrochado, como nunca antes, mil 358 millones de pesos en dos años y medio.

Sin embargo, este dinero no beneficia a los reporteros, a los recopiladores de la información. A ellos solo los festeja y premia cada fin de año y cada Día de la Libertad de Expresión, en celebraciones indignas.

Aquí también se visualiza el efecto corruptor y el “círculo vicioso” de la publicidad oficial. De esta manera, la sociedad campechana se ve afectada negativamente en su derecho a recibir información diversa y confiable, lo cual va en detrimento del fortalecimiento del pensamiento propio, libre e independiente, porque “cuando se revisan las portadas de los diarios, la mayoría trae la misma información, el mismo enfoque, a veces cabezas idénticas, a esto se le llama el cártel del contenido, la cargada mediática o por qué todos aman al PRI”.

Los recursos públicos estatales se entregan a grupos de comunicación, como el de la familia Arceo que, en los primeros 16 meses de Moreno Cárdenas, recibió 50.6 millones de pesos; o el de la familia Castillo, con 14 millones de pesos; o a los medios presuntamente vinculados a “Alito”, como El Sur de Campeche, con 7.7 millones; Novedades de Campeche, con 8.8 millones, y Mayavisión, con 6.3 millones. Estos medios suman el 55.8 por ciento de los 156 millones pagados por la administración estatal por publicidad oficial entre octubre de 2015 y enero de 2017, de acuerdo con documentación proporcionada por la Oficina del Gobernador.

Mientras estos dueños amasan grandes fortunas, al amparo del poder público, la mayoría de los periodistas, sus empleados, trabaja en condiciones precarias e inseguras: en muchas ocasiones deben hacer sus investigaciones usando transporte público en zonas peligrosas, sin un seguro de gastos médicos o de vida, sin capacitación en coberturas seguras, ni equipo adecuado para su trabajo.

De ahí la necesidad de reglamentar, evaluar y supervisar la contratación y asignación de los servicios de comunicación social y publicidad, que se han disparado en la gestión de Alejandro Moreno, por encima de que lo que se destina a la actividad agropecuaria y la pesca; a la protección ambiental, a la recreación y la cultura, a la protección social, al transporte, al turismo y a la ciencia, tecnología e innovación.

De acuerdo con el Informe Especial sobre la publicidad oficial de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Moreno Cárdenas gasta discrecional y excesivamente en la publicidad oficial y la utiliza, como lo hace Enrique Peña Nieto y los demás gobernadores del país, como premio y castigo para mantener bajo su control a los medios de comunicación y conculcar el derecho a la libertad de expresión de todos los campechanos.

Recientemente, el Colectivo Medios Libres llamó a que las leyes de publicidad oficial estatales trasciendan la Ley de Comunicación Social, mejor conocida como la “Ley Chayote”, y se garantice la libertad de expresión y el derecho a la información de las audiencias, con los más altos estándares internacionales, sin discriminación, ni condicionar la línea editorial de los medios.

Por eso, presento un punto de acuerdo para exhortar al titular del Ejecutivo del Estado a enviar una ley de publicidad oficial al Congreso del Estado, que cumpla con estos requisitos.

Tiene que definir claramente los contenidos de la publicidad oficial y ser explícita sobre las prohibiciones, de acuerdo con los parámetros constitucionales, sobre la publicidad engañosa y aquella que difunda imágenes, voces, símbolos, etcétera, de funcionarios públicos o partidos.

También, tiene que reconocer que la publicidad oficial siempre debe ser identificable; prever un mecanismo de planeación de las campañas, de construcción de los mensajes y de identificación de los medios que serán responsables de su difusión.

Asimismo, tiene que establecer criterios de asignación de la pauta que no solamente están relacionados con el rating o el nivel de audiencia; fijar controles al ejercicio presupuestario, crear un consejo consultivo y determinar mecanismos control y revisión de la asignación de la pauta; obligar a los entes públicos a transparentar toda la información relacionada con la asignación de la pauta, y a publicar en un espacio determinado los contratos, y fijar una serie de sanciones para los funcionarios públicos que incumplan con las disposiciones ahí establecidas.

 

Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de esta asamblea, el siguiente punto de

ACUERDO:

La LXII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche, acuerda

NÚMERO ____________:

PRIMERO: Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del Estado a enviar una ley de publicidad oficial al Congreso del Estado, que garantice la libertad de expresión y el derecho a la información de las audiencias, con los más altos estándares internacionales, sin discriminación, ni condicionar la línea editorial de los medios de comunicación.

SEGUNDO: Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del Estado a solicitar a los dueños de los medios de comunicación, con quienes contrate publicidad oficial, que respeten los derechos laborales y salariales de sus empleados y garanticen su seguridad en las coberturas noticiosas.

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche, solicito a esta soberanía que el presente asunto sea considerado de urgente y obvia resolución y se dispense el trámite en Comisiones, para que sea discutido y decidido, en su caso, en esta misma sesión.

 

 

 

San Francisco de Campeche, Campeche, 7 de junio del 2018.

 

 

 

 

Atentamente

 

 

Diputado Daniel Sánchez Barrientos

 

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