La legisladora por Morena presenta iniciativa para eliminar los ilícitos de calumnia, ultrajes a la autoridad y anti-memes del Código Penal estatal, y modificar la Ley de Vialidad, para no obstaculizar la protesta social.

Por Daniel Sánchez

CAMPECHE, Cam. 6 de junio del 2019.- La diputada por Escárcega, Sofía del Jesús Taje Rosales, demandó en el Congreso del Estado que se eliminen los delitos que son una amenaza para la libertad de expresión en Campeche.

La legisladora por Morena presentó una iniciativa para derogar del Código Penal del Estado de Campeche la calumnia, ultrajes a la autoridad y anti-memes, y modificar la Ley de Vialidad, Tránsito y Control Vehicular del Estado de Campeche, para no obstaculizar la protesta social.

En vísperas del Día de la Libertad de Expresión en México, Taje Rosales señaló que “para vergüenza nuestra, Campeche figura entre las entidades del país donde hay leyes que obstaculizan el ejercicio de la libre expresión”.

Manifestó que la organización Artículo 19 especifica que estas leyes son el Código Penal del Estado de Campeche y la Ley de Vialidad, Tránsito y Control Vehicular del Estado de Campeche.

“En el Código Penal, la administración de Alejandro Moreno mantiene el delito de calumnia, en su artículo 249; el delito de ultrajes a la autoridad, en el 345, y el delito de falsificación o alteración de documentos públicos o privados (mejor conocido como “antimemes”), por la fracción IX del artículo 240”, indicó.

“En la Ley de Vialidad, el artículo 47 limita manifestaciones a que su objeto sea lícito y a un aviso por escrito con 48 horas de anticipación, y el artículo 49 faculta a la Secretaría de Seguridad Pública para tomar “las medidas necesarias para evitar el bloqueo en vías primarias”. Esto se ha utilizado como pretexto para la represión contra la protesta social”, puntualizó.

Recordó que “en su Informe Anual 2017, denominado “Democracia simulada. Nada qué celebrar”, Artículo 19 asegura que hay cuatro artículos en leyes vigentes que coartan la libertad de expresión en Campeche y recomienda eliminarlos”.

“Hay que derogar los diversos tipos penales que criminalizan e inhiben la libertad de expresión, es responsabilidad de este Congreso, y no dejar espacio a las tentaciones autoritarias, principalmente del Ejecutivo del Estado, que afectan los derechos de los ciudadanos y, principalmente, de los periodistas”, agrega.

“Artículo 19 expone que “hay muchas formas de censurar a la prensa y de controlar la información. Algunos de esos mecanismos son estructurales, como la publicidad oficial, la concentración de medios en pocas manos y las leyes mordaza”, abunda.

“El cómo se hará callar al periodista depende de su región, de qué tan famoso es, de qué tan vulnerable sea su economía o contactos políticos. Las represalias van desde una demanda por daño moral hasta el asesinato y desmembramiento del cadáver del comunicador, con el objetivo de paralizar de terror a sus colegas. La autocensura por miedo es muy barata y eficaz”, asienta.

Menciona la agrupación civil también las demandas paralizantes contra la prensa y manifiesta que el artículo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público, y que el derecho a la información será garantizado por el Estado.

Sin embargo, advierte que el concepto “ataque a la moral o a los derechos de terceros” es algo tan vago que puede interpretarse de muchas formas y encontrar un escollo para vulnerar la libertad de expresión, incluyendo las marchas pacíficas y, por supuesto, a la prensa.

“Los límites de la libertad de expresión —que sí los hay— son un terreno muy resbaladizo, en el que ha quedado demostrado en México que las autoridades no actúan de buena fe”, comenta.

“Los periodistas y defensores de derechos humanos en México son vistos como los enemigos, por eso, en lugar de darles una protección real, se les espía y se les da un trato de criminales o terroristas”, asevera la organización civil.

La diputada Taje apuntó que “la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo viene diciendo desde 2003, en su Informe, en el que advirtió que el mayor reto para el Estado mexicano era el hostigamiento, a través del uso arbitrario o abusivo de leyes y regulaciones adoptadas en forma legítima, como son las leyes de difamación criminal”.

“Asimismo, aseguró en aquella ocasión, que los tipos penales que criminalizan la expresión son mordazas efectivas y legales. Por esto, las recomendaciones de ese momento se centraron, entre otras, en la derogación de los tipos penales, utilizados para criminalizar el ejercicio de la libertad de expresión y la regulación de la publicidad oficial. A la fecha, estas recomendaciones no han sido acatadas”, añadió.

Igualmente, citó que en el Informe Especial sobre la Situación de la Libertad de Expresión en México, dado a conocer hace un año, los Relatores Especiales de la CIDH y la ONU insistieron en que “el marco legal en materia de libertad de expresión, en particular las disposiciones penales sobre difamación inhiben la libertad de prensa y, en particular, la información de interés público”.

“Los Relatores Especiales consideraron “positiva la abolición de la difamación penal a nivel federal en 2007. No obstante, la difamación sigue existiendo a nivel estatal en entidades federativas, mientras que otras cinco mantienen otros tipos de delitos contra el honor en sus códigos penales”, como la calumnia en Campeche”, detalló.

“Los relatores exhortaron a “reformar los códigos penales de las entidades federativas, a fin de eliminar delitos que se apliquen para criminalizar la libertad de expresión, y abstenerse de usar otras disposiciones del derecho penal para castigar el ejercicio legítimo de la libertad de expresión”, recordó.