Coordenada
Por Lupita Ramos
El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), conformado por 40 organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres en 22 estados del país, documentó 8,904 asesinatos de mujeres de 2014 a 2017, sólo 2,188 casos fueron investigados como feminicidio, es decir, únicamente el 24%.
En el Estudio “Implementación del tipo penal de feminicidio en México: Desafíos para acreditar las razones de género 2014-2017”, se evidencia cómo la prevalencia de la impunidad es un aliciente para la continuidad, incremento y agudización del delito de feminicidio, el cual es considerado una violación grave a los derechos humanos de las mujeres, así como una de las manifestaciones más extremas de la discriminación y violencia en su contra.
A través del análisis de 14 casos acompañados por el OCNF, se evidencia la ruta y lo que implica para las víctimas y sus familias el sello de la impunidad. Esta ruta se construye con acciones y omisiones de las autoridades e inicia con su resistencia de reconocer -y por lo tanto investigar y sancionar- los asesinatos de mujeres por razones de género como feminicidios.
A ello se suma que los feminicidas no son investigados, sino que incluso son considerados como víctimas y que las investigaciones en su contra se inician por el delito el homicidio culposo y no por feminicidio.
En este Informe realizado por el OCNF, se identificó que durante 2014 a 2017, de los 1,886 feminicidios analizados, la mayoría de las mujeres víctimas tenían de 21 a 30 años de edad, es decir, se encontraban en edad reproductiva.
Las mujeres fueron asesinadas de manera brutal, a través de diversos métodos que las privaron de la vida, desde: golpes, estrangulamientos, asfixia, quemaduras, envenenamientos, heridas mutilantes y arma de fuego y fueron encontradas en espacios públicos como: carreteras, terrenos baldíos, hoteles, bares, hospitales, restaurantes, entre otros.
En el periodo analizado, el 30% de las mujeres víctimas de feminicidio fueron encontradas en su casa habitación. Otro de los resultados del análisis realizado es en relación a la víctima con el victimario.
La información revela que la autoridad desconoce en un número significativo, el vínculo entre la víctima y el victimario. Como lo es el caso de Sinaloa, en donde de un total de 85 asesinatos de mujeres registrados en 2017, en el 94% de los casos la autoridad desconoce al victimario, lo que evidencia la falta de las diligencias básicas que deriva en impunidad.
En este informe, el OCNF realizó un análisis de los tipos penales de feminicidio de las 32 entidades federativas, encontrando que 19 estados cuentan con un tipo penal que cumple total o parcialmente con las características adecuadas para poder acreditar el delito, pese a ello, las autoridades se rehusan a iniciar las investigaciones de las muertes violentas como feminicidio, iniciándolas incluso como supuestos suicidios.
Por otra parte, 13 estados de la República no cuentan con un tipo penal adecuado lo que impide aún más acreditar el delito.
Ante este contexto, en este informe, el OCNF realiza una serie de recomendaciones a las autoridades de los tres niveles de gobierno entre las que destaca la creación de Grupos y Unidades de Investigación conformados por personal policial, pericial y ministerios públicos especializados en la investigación de muertes violentas de mujeres, que cumplan con la debida diligencia, a partir de modelos de selección, capacitación y supervisión del personal que los conforme.
El estudio realizado será presentado en Jalisco con el objetivo de visibilizar los obstáculos que impiden la acreditación del delito de feminicidio y los retos a los que actualmente se enfrentan, a fin de contribuir a la garantía del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
@lupitaramosponc
