Mujer y poder/Todo indica que el titular del INE, Lorenzo Córdova, y los consejeros no harán mucho para defender el voto de los ciudadanos
Por Natalia Vidales/SemMéxico
En el colmo de la impartición de justicia en contra de los principios constitucionales de hacerlo pronta y expeditamente, en esta ocasión, el Instituto Nacional Electoral (el INE) se tardó más de cinco años en resolver un expediente de uso de recursos de procedencia privada ilícita en las elecciones del 2012, por parte de siete de los nueve partidos políticos nacionales.
La irregularidad, consistente en ocultar financiamiento privado a esos partidos, benefició sobre todo al PRI quien, como ya es costumbre se llevó la multa de mayor monto, por 27 millones de pesos; el Verde por 6.4; el PRD 2.3; el PT con 1.6; y el PAN con 1.4 millones más otras cantidades al resto de los multados.
El fraude electoral consistió en recibir millonarias cantidades de empresas y de particulares que se depositaban en cuentas de negocios fantasmas, desde donde se hicieron diversos pagos — mediante tarjetas bancarias– sobre todo a los representantes de los partidos en las casillas electorales. Pese a los miles de millones que reciben los partidos para sus gastos de parte del erario por lo visto no les basta y violan la ley recibiendo y escondiendo dinero sucio.
Por si la tardanza en resolver este asunto fuera poca cosa — que no lo es porque la justicia tardía es igual a la justicia denegada– el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova se refirió a que, como fuere, el importe de dichos montos (que alcanzaron los mil millones de pesos) no se hubieran traducido en la anulación de los comicios que favorecieron al hoy presidente Peña Nieto, por la diferencia de votos a favor que obtuvo. Y que la demora obedeció a que los bancos se tardaron todo este tiempo en proporcionarles la información suficiente para acreditar legalmente la sanción.
Y luego, como si se tratase de un asunto académico, pontificó sobre lo incorrecto de recibir y de utilizar dinero indebido en las campañas y en las elecciones “por tres motivos”: 1.- Porque trastocan la democracia al modificar la voluntad de los votantes; 2.- Porque ese financiamiento luego tiene que pagarse con favores a las empresas y particulares que los proporcionaron; y 3.- Porque genera corrupción. ¡Qué nuevas!, pero aquí de lo que se trata es de la autoridad del INE evite esa y otras tantas violaciones a las leyes en tiempo real o cuando pueda sancionarse con la anulación de las elecciones al ganador fraudulento. Igual si el monto ocultado por el PRI hubiese alcanzado para anular la elección a su favor, acreditarlo cinco años después resulta ocioso.
La inutilidad del INE como vigilante de nuestro voto (según su machacona publicidad) incluso es actual, cuando señala que no puede detener los spots de los precandidatos aunque sean ilegales porque en realidad se trata de campañas adelantadas, ya que no hay denuncia de los partidos: ¿Pero cómo van a denunciar si todos están haciendo lo mismo?
Cada elección se repite la escena: en el ejercicio del 2016 se multó por diversos motivos a los partidos por 560 millones de pesos (como siempre el PRI se llevó las palmas con 104 millones), y así retroactivamente cada año.
El escándalo mayor fue el primero, cuando el 2001 se descubrió el Pemexgate que significó una multa de mil millones de pesos al PRI por recibir dinero del sindicato petrolero, pero como su candidato presidencial Francisco Labastida perdió, no hubo elección que anular. Como sea, el tricolor jamás le perdonó al titular del entonces independiente primer IFE, José Woldelberg, y a Alonso Lujambio, quien ahondó en la investigación, y a partir de entonces el Instituto se integra por cuotas partidistas de los consejeros. Y así estamos.
En ese tenor: ¿Quién puede dejar de creerle ahora al gobernador de Chihuahua, Javier Corral el desvío de 250 millones de erario al PRI el año pasado?; y ¿Quién no sabe que se prepara para el fraude también en las próximas elecciones presidenciales sin que, por lo visto, el INE haga lo suficiente para evitarlo?