La diputada Sofía Taje propuso también que la iniciativa de Ley de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores se regresara a comisiones y se sometiera a consulta para que opinen los empleados estatales y municipales, sus organizaciones, académicos, especialistas e instituciones.

Por Daniel Sánchez

CAMPECHE, Cam. 31 de julio del 2019.- La diputada por Morena, Sofía del Jesús Taje Rosales, se opuso a la nueva Ley de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Campeche, propuesta por el sustituto de Alejandro Moreno Cárdenas, Carlos Miguel Aysa González, por ser un duro golpe a los derechos adquiridos y prestaciones de los burócratas estatales y municipales, incluyendo a los maestros estatales y los pensionados.

La legisladora morenista aprovechó para proponer que se eliminen las pensiones a los exgobernadores priístas de Campeche, por representar un gasto de más de 250 mil pesos mensuales al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Campeche (Issstecam), y someter a consulta pública y al mecanismo de Parlamento Abierto a la iniciativa del Ejecutivo, por considerar que no se tomó en cuenta a los trabajadores

“Ante estos evidentes atropellos, propongo que se eliminen las pensiones a cinco exgobernadores priístas de Campeche, porque no es posible que además de haber hundido a la entidad en recesión económica, los burócratas campechanos sigan pagando con sus cuotas la jubilación de estos impresentables personajes de la política local”, expresó.

“Planteo también que antes de aprobar esta nueva Ley, se someta a consulta pública y al mecanismo de Parlamento Abierto, para que los burócratas estatales y municipales, así como sus organizaciones, tengan la oportunidad de opinar”, indicó.

“No son suficientes cinco escasos días para analizar un documento tan amplio, aprobarlo es una irresponsabilidad, por lo que propongo que se devuelva a comisiones, para un análisis más profundo”, puntualizó.

Taje Rosales expuso igualmente que “es momento de abrir el debate a los trabajadores afectados con estas nuevas disposiciones sobre su seguridad social. También a los académicos y especialistas, a las instituciones que tienen que ver con el sector laboral”.

“No podemos cerrarnos a decidir sobre el futuro de los empleados estatales y municipales. También ellos son ciudadanos y tienen todo el derecho de defenderse. Demos una oportunidad a la prudencia y decidamos entre todos. No nos erijamos en poseedores de la verdad absoluta”, aseveró.

En su intervención para argumentar su voto en contra de la nueva Ley de Seguridad Social, la diputada por Escárcega manifestó que la iniciativa, que propone la reforma de 72 artículos y la derogación de 44, de 120 existentes en la ley actual, es “neoliberal”, que busca convertir al Issstecam en un aparato de membrete y que el Estado evada su responsabilidad con sus empleados.

“Plantea cambios en el gobierno y administración del Issstecam, y establece que el Fondo de Pensiones y Seguros será administrado por un “instrumento financiero que contrate el Instituto con una Institución financiera”. Es lo mismo que el fideicomiso, se trata de privatizar el manejo de los recursos para pensiones, jubilaciones y seguros”, reveló.

“También, se incrementa gradualmente el costo de la seguridad social a los trabajadores, de 8.5 a 10 por ciento del sueldo de cotización, afectando sus ingresos, y a las entidades públicas, de 13.5 a 15 por ciento del sueldo de cotización”, agregó.

“Igualmente, recorta las Prestaciones Sociales y Culturales, pues ahora el Issstecam sólo proporcionará los servicios de educación preescolar en los Centros de Desarrollo Infantil (Cendis) y de actividades culturales, sociales, deportivas y recreativas en el Centro Integral del Adulto Mayor (CIAM). Sin embargo, esta última prestación no será gratuita, ya que los pensionados y jubilados tendrán que pagar una cuota del seis por ciento del monto total de la pensión que se les otorgue, para su financiamiento”, alertó.

Aseguró que contrario a lo que pregona la iniciativa del Ejecutivo estatal, la nueva Ley representa un retroceso en la protección de los empleados al servicio del estado de Campeche.

“Como ejemplo, en el artículo 80, se establece que “en el caso del fallecimiento de las y los pensionados por jubilación necesaria, voluntaria o invalidez, se establece un seguro por la cantidad de 60 mil pesos”. Esto constituye un insulto a los trabajadores, cuando la anterior ley establecía mil nuevos pesos, el equivalente a un millón de pesos de los viejos. Es abaratar la vida de los burócratas estatales y municipales”, abundó.

“Asimismo, otorgar 10 mil pesos por gastos de inhumación es una cifra que no alcanza para cubrir los costos de un sepelio austero. No se puede precarizar más a los empleados estatales y municipales”, añadió.

Mencionó que en el artículo octavo transitorio, especifica que “los servidores públicos que hayan iniciado sus cotizaciones al Instituto con anterioridad al 1 de julio de 2005, y que a la entrada en vigor del presente Decreto aún no tengan derecho a pensión por no contar con los 30 años de cotización al Instituto, se le aplicará al monto que le corresponda del porcentaje establecido en la siguiente tabla, de acuerdo a su edad”.

“Así, al trabajador de 55 años o menos, le tocará el 90 por ciento; al de 56 años, 92 por ciento; al de 57 años, 94 por ciento; al de 58, 96 por ciento; al de 59 años, 98 por ciento, y al de 60 años, el 100 por ciento”, detalló.

“Esto puede ser un mal precedente, para que posteriormente, como se hizo a nivel federal o en otros estados, se establezca la edad y el sexo para determinar el monto de la pensión, afectando los derechos laborales de los trabajadores”, advirtió.