La Auditoría Superior de la Federación señaló que el año pasado, la Comisión Federal de Electricidad, a cargo de Manuel Bartlett, no cumplió con su mandato de generar rentabilidad y valor económico en favor del Estado mexicano, pero sí “prestó el servicio eléctrico a 44.5 millones de usuarios”, en beneficio del desarrollo del país.
Por Daniel Sánchez
CIUDAD DE MÉXICO, 3 de noviembre del 2020.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) opinó que la conducción central y la dirección estratégica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), empresa productiva del Estado, a cargo de Manuel Bartlett Díaz, presentaron limitaciones que incidieron en el deterioro de su situación operativa y financiera, lo que refleja que existen riesgos que la empresa no han logrado administrar.
En su revisión de desempeño a CFE Corporativo, realizada para la Cuenta Pública del 2019, el organismo fiscalizador federal destacó que “prestó el servicio eléctrico a 44.5 millones de usuarios de los sectores doméstico, comercial, de servicios, agrícola, y de mediana y gran industria, en beneficio del desarrollo económico y social del país”.
Sin embargo, la ASF señaló que la CFE “no actualizó el Plan de Negocios, herramienta indispensable para asegurar la gobernanza de la empresa y conducir sus operaciones con base en una planeación y visión estratégicas”.
“En las sesiones del Consejo (de Administración) no se procesaron la totalidad de los riesgos a los que se encontró expuesta la empresa; la CFE no fue rentable y continuó con un valor económico agregado negativo en su operación; no cumplió sus metas de generación de energía y se observó un deterioro en la operación de las empresa, que provocó que la participación de CFE en el Mercado Eléctrico Mayorista disminuyera, al pasar de 48.6 en 2018 a 47.1 por ciento en 2019”, expresó.
También indicó que “los costos de generación no fueron competitivos respecto de los privados; las pérdidas en transmisión se incrementaron respecto de 2018, al igual que la cartera vencida; los costos ineficientes reconocidos en las tarifas ascendieron a 58 mil 422.9 millones de pesos, el 51.3 por ciento de los subsidios otorgados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a las tarifas de los sectores doméstico y agrícola (113 mil 843.6 millones de pesos), lo que significa que la mitad de dichos subsidios se destinan a cubrir las ineficiencias de la empresa productiva del Estado”.
“La materialización de estos riesgos impidió que en 2019 la CFE cumpliera con su mandato de generar rentabilidad y valor económico en favor del Estado mexicano”, puntualizó.
La Auditoría informó que con el fin de fortalecer el desempeño de la CFE, emitió 21 recomendaciones al desempeño, cuya atención permitirá a la empresa perfeccionar y fortalecer las Reglas de Operación del Consejo de Administración y de los comités especializados; actualizar el Plan de Negocios de la CFE y sus empresas productivas subsidiarias.
Igualmente, agregó, le permitirá “prevenir, detectar, evaluar, responder y dar seguimiento a los riesgos a los que la empresa se encuentra expuesta para crear, preservar y materializar valor económico en la prestación del servicio eléctrico; continuar con el fortalecimiento de su estructura financiera; reducir su riesgo de quiebra técnica y, con ello, avanzar para lograr su estabilidad financiera en el corto plazo”.
Asimismo, abundó, podrá “incrementar su productividad y competitividad, y mejorar su participación en el Mercado Eléctrico Mayorista; asegurar que los precios de la energía vendida por las subsidiarias, por medio del contrato legado, les permitan cubrir los costos de generación de todas las centrales que operan bajo este instrumento; reducir las pérdidas de energía en el proceso de transmisión y distribución, así como la cartera vencida; aprobar los proyectos de importancia estratégica para el desarrollo del objeto de la empresa.
“Incrementar la eficiencia operativa y administrativa, así como las economías de escala para su nuevo portafolio de centrales a fin de contribuir al desarrollo eficiente del Sector Eléctrico Nacional; contar con un programa específico para la prevención, detección e investigación de los riesgos de corrupción, y diversificar sus fuentes de energía para reducir la dependencia de combustibles fósiles, a fin de que en el mediano plazo esté en condiciones de generar valor económico y rentabilidad en favor del Estado, en su cadena de valor (generación, transmisión, distribución y suministro de electricidad)”, asentó.
Debido a que las problemáticas identificadas en el sector eléctrico no competen únicamente a CFE Corporativo, la ASF mencionó que “emitió una recomendación al desempeño de la CRE, a fin de que el órgano regulador instrumente medidas orientadas a definir qué son los costos eficientes; cómo se determinan; los rubros que los integran y la susceptibilidad de eficiencia en los costos en cada una de las actividades de la industria eléctrica”.
Asimismo, aseveró, “se formuló una sugerencia para que la Cámara de Diputados por conducto de la Comisión Ordinaria de Energía, analice la pertinencia de someter a discusión, aprobación y publicación, la iniciativa que reforma el artículo 7 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad o, en su caso, promover las modificaciones legislativas necesarias, con el propósito de definir, en la normativa que regula a la industria eléctrica y a la Comisión Federal de Electricidad, acciones o mecanismos para la recuperación de la cartera vencida con el propósito de reducir y contener la tendencia creciente de los adeudos de los consumidores del servicio eléctrico, y con ello, contribuir al objetivo de generar valor económico y rentabilidad en la empresa productiva del Estado”.
Consulta aquí el informe completo de la ASF:
