Se tienen cientos de regímenes que derivan en una seguridad social excluyente y desigual: diputado Medina Pérez/Los sistemas de pensiones en los estados están agotados y las reservas son insuficientes: SHCP.

CIUDAD DE MÉXICO, 5 de marzo del 2020.- En el “Coloquio hacia una reforma del sistema de pensiones. Segunda parte: experiencias estatales”, el diputado Marco Antonio Medina Pérez señaló que México tiene cientos de regímenes que derivan en una seguridad social excluyente, desigual, fragmentada o con experiencias incluyentes, pero también con problemas muy severos.

El secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público destacó que de acuerdo con la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) serán 80 mil personas las que alcancen una jubilación en 2022, de éstas, siete de cada diez no acumularán las mil 250 semanas de cotización necesarias para poder acceder, cuando menos, a una pensión mínima garantizada.

Puntualizó que este encuentro permite exponer planteamientos para avanzar en el mejoramiento de los sistemas de pensiones en el país y reflexionar sobre si es necesario aumentar la edad de retiro, incrementar el ahorro de los trabajadores, la participación de los empleadores, cambiar el esquema de comisiones que cobran las Afores, entre otras medidas.

Medina Pérez destacó que el Índice Global de Pensiones elaborado por la consultora Mercer, para 2019 el sistema mexicano ocupó el lugar 33 de 37 países analizados, pues en términos de adecuación, sostenibilidad e integridad, se observaron debilidades y omisiones trascendentes y visibles en variables como los beneficios para los ciudadanos, la fragilidad en relación con el soporte fiscal, la cobertura limitada, la gobernanza comprometida y los costos operativos complicados.

Relató que otros fenómenos directamente relacionados que tampoco son traducidos en beneficios dentro del sistema de pensiones, están las altas tasas de empleo informal en el país y la todavía baja participación de las mujeres en la población económicamente activa.

De acuerdo con un informe del Banco Interamericano de Desarrollo, en marzo de 2019, el sistema de seguridad social en México está fragmentado, lo que impide un manejo adecuado de la cobertura previsional porque hay más de mil programas de pensiones contributivas y no contributivas en las entidades federativas, sin conexiones y con sistemas de información inapropiados; hay diversos mecanismos de supervisión y rendición de cuentas y se generan instancias que no permiten disminuir los posibles impactos de cada cambio en el sistema.

El titular de la Unidad de Seguros y Pensiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Carlos Noriega Curtis, destacó que en la medida en que se tenga un plan de protección social que dé seguridad social y que sea sostenible en el tiempo, se podrá decir que “hemos cumplido con nuestro objetivo; no obstante, el bono demográfico está agotado; es decir, el número de trabajadores en activo vino creciendo, ya está estancado y próximamente va a disminuir”.

Relató que los estados tienen tres tipos de sistemas: beneficio definido, mixtos y los subrogados al ISSSTE. Lo que habla de una diversidad de esquemas, pero de todos ellos, 19 requieren una acción muy rápida e inminente para poder sobrevivir; es decir, “no existe un sistema único que sea el bueno y otro que sea el malo; ninguno es perfecto, porque en los tres tipos estamos encontrando el agotamiento de las reservas”.

Noriega Curtis detalló que cuatro de cada diez trabajadores ya están pensionados; se tiene una nómina de jubilados y esa será creciente; las reservas son insuficientes y cualquiera de los esquemas están prácticamente agotados; en los estados se han aumentado las aportaciones y disminuido los beneficios, algunas están por arriba del 40 por ciento del sueldo de un trabajador.

Pugnó por lograr que los sistemas sean sostenibles a largo plazo. Añadió que el problema de los estados no es exclusivo de ellos, sino de la Federación. “Los gobiernos estatales tienen muy pocas fuentes de ingreso propio para resolver su problema de pensiones”. El reto, dijo, es lograr una reforma que cumpla con los objetivos de dar elementos para tener una edad de retiro tranquila y en términos de los ingresos, tener un sistema de pensiones que contribuya al desarrollo del país, principalmente, la portabilidad.

El presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente de la Organización Nacional de Instituciones Estatales de Seguridad Social (ONIESS), Ricardo de la Peña Rodríguez, se manifestó a favor de un marco normativo que sea aceptable y aplicable a las instituciones estatales de seguridad social, pues los retos son: asegurar la sostenibilidad a largo plazo de los sistemas e impulsar el fortalecimiento de las instituciones estatales.

Resaltó que hay 15 institutos estatales que cuentan con viabilidad, pero únicamente tres tienen a largo plazo; seis a mediano; 18, no tienen viabilidad y dos de las cuales, se pagan con gasto corriente y no tienen instituto y, cuatro están directamente en el ISSSTE. Aguascalientes está fondeado más allá del año 2100; Guanajuato, hasta 2081, y Michoacán, al 2035.

En el ámbito estatal, precisó, se han hecho 43 reformas en los sistemas locales entre los años 2001 y 2020, “esto refleja el interés permanente por ir atacando los problemas de sostenibilidad financiera de los estados”. Afirmó que los subsidios para este objetivo irán incrementándose, por ello, se debe atacar el problema, pues los trabajadores en activo “no están soportando lo que se requiere para el pago de las pensiones de los ya jubilados”.

La vicepresidenta-analista de la agencia calificadora Moody´s, Roxana Muñoz, resaltó que la responsabilidad del pago de pensiones corresponde a los estados, pero la presión financiera no se queda en el sistema de la entidad, sino también en la de los municipios y de las universidades públicas; por ello, pugnó por reformas estructurales para mejorar la situación de pensiones de los estados las cuales sean transparentes.

Mencionó que el Estado de México tiene el mayor déficit, mismo que equivale casi al 400 por ciento de sus ingresos totales. Las entidades que tienen mayor presión son: Baja California, Nuevo León, Chihuahua, Sinaloa y Estado de México, las cuales han aumentado sus aportaciones extraordinarias.

En Veracruz, el aumento de estas contribuciones es más del 50 por ciento; es decir, en dos años se duplican. Zacatecas va a empezar a hacer aportaciones extraordinarias en 2024 y éstas, van a crecer al 200 por ciento.

Al coloquio asistieron representantes de los institutos de seguridad social de los estados de Campeche, Colima, Guanajuato, Guerrero, Tabasco, Jalisco, Hidalgo, Tlaxcala, Michoacán, Veracruz, Chiapas y Coahuila, quienes externaron sus inquietudes para fortalecer los esquemas pensionarios en el ámbito local.