Presuntamente para robar a sus hijos/Se han registrado 8 casos violentos a embarazadas en 2018, uno cada 15 días.

Por Argelia Guevara/SemMéxico

CIUDAD DE MÉXICO, 23 de abril de 2018.- Las tres mujeres embarazadas asesinadas en abril, casi simultáneamente, no es una noticia nueva, ni aislada, se sabe de dos mil ataques a mujeres embarazadas de 2014 a la fecha, y de dos casos por mes en 2018, sostuvo Jimena Soria, quien es analista del Grupo de Información y Reproducción Elegida (GIRE).

De cara a este grave problema, las autoridades dan poca información y mandan mensajes públicos, valorando más al producto del embarazo que a la vida de las mujeres. No entienden, están rebasados, agrega en su análisis.

La funcionaria de GIRE examinó cómo el mes de abril, en México, empezó con la noticia de tres mujeres embarazadas a las que asesinaron para, presuntamente, quitarles el producto del embarazo.

Estos casos ocurrieron en los estados de Tamaulipas, Tabasco y Veracruz. Admitió que la noticia “nos tomó por sorpresa por la gravedad de las acciones, el móvil de los asesinatos y la forma en la que se realizaron no son nuevos ni aislados”.

Luego informó que sólo en 2018, se han presentado al menos ocho casos y hay organizaciones de la sociedad civil que hablan sobre más de dos mil ataques a mujeres embarazadas de 2014 a la fecha.

Para la analista, el fenómeno demuestra una vez más que el Estado es incapaz de garantizar la seguridad de las mujeres. Comentó que la valoración de los hijos, como asunto simbólico de la maternidad, se profundiza con la idea de que los no natos están por encima de la vida y salud de las mujeres; el extremo: en el que se mata a las mujeres para robarles a sus hijos.

Los tres casos de abril

Jessica Gabriela desapareció el 27 de marzo, tras salir de su domicilio en Tamaulipas para reunirse con una persona que la había contactado en Facebook y le había ofrecido ropa para su bebé, de acuerdo con su hermana. Tras asesinarla y extraerle al bebé, la presunta responsable acudió al Hospital General Carlos Canseco en Tampico, Tamaulipas, con el recién nacido muerto. Fue por la denuncia del personal del hospital que se pudo localizar su cuerpo el 1 de abril.

En el caso de Jenny Judith, tras acudir a una consulta prenatal con su mamá el 2 de abril, fue abordada afuera del hospital en Lerdo de Tejada, Veracruz, por una mujer que le ofreció regalarle ropa de bebé y que posteriormente abordó un taxi con ella. Su cuerpo fue localizado con heridas en el abdomen y su hijo fue recuperado un día después en una casa en Alvarado, Veracruz.

Finalmente, en el caso de Alba Lizbeth, el 1 de abril ella abordó un mototaxi con su hijo de cuatro años, camino a su casa. Su cuerpo fue hallado el 4 de abril en un camino del Fraccionamiento Pomoca, en Nacajuca, Tabasco, y su hijo fue localizado herido.

La analista de GIRE afirma que cuesta trabajo imaginar que todas estas historias ocurrieron casi de manera simultánea, por lo que pareciera que estamos ante un nuevo tipo de violencia específica en contra de las mujeres embarazadas en México.

Los tres casos recientes de Jessica Gabriela, Jenny Judith y Alba Lizbeth comparten varias características que vale la pena analizar:

Jessica tenía 20 años, Jenny, 23 años, y Judith, 25 años. Todas cursaban embarazos de entre ocho y nueve meses. En el caso de Jessica y Jenny, ambas fueron engañadas por mujeres desconocidas que les ofrecieron ropa para sus bebés y, tras aceptar, nunca volvieron a sus casas, lo que refleja una carencia de recursos. Además, era el primer embarazo de ambas.

Sus historias se unen a las de mujeres como Reyna Alicia, de 22 años, que desapareció el 2 de abril junto con su hija que tenía 16 días de nacida en Oaxaca. El cuerpo de Reyna fue encontrado en un tambo de agua de 200 litros y su hija aún continúa desaparecida. O el caso de Jessica de 21 años, que tenía nueve meses de embarazo y desapareció en Hidalgo el 9 de marzo y dos días después fue localizada en el Estado de México, sin embarazo, ni bebé. Llama la atención que en este caso la Procuraduría de Hidalgo determinó que ella no estaba embarazada al momento de su desaparición.

Para GIRE, estos casos han vuelto a poner en el foco el entorno de violencia estructural contra las mujeres que vivimos en México, reflejada en el hecho de que casi 7 de cada 10 mujeres han sufrido al menos un incidente de violencia emocional, económica, física, sexual o discriminación a lo largo de su vida y en que al menos 430 mujeres fueron asesinadas en 2016 en México, de acuerdo con el INEGI.

Resalta de nueva cuenta lo insuficientes que son las políticas públicas puestas en marcha por el Gobierno y la necesidad de implementar acciones que resuelvan el problema de fondo.

Adicionalmente, las mujeres con embarazos deseados en México tienen un nivel de vulnerabilidad específico y se enfrentan a situaciones como la discriminación laboral, el despido por embarazo, la doble afectación de la violencia intrafamiliar o doméstica, el riesgo constante de abortos espontáneos y la deficiente atención médica que deriva muchas veces en violencia obstétrica e incluso en muerte materna. A todo este patrón de violencia específica se agrega el componente de tener que salvaguardar su integridad ante estos atentados contra su vida para robarles a los menores.

Hasta ahora, las respuestas que han surgido por parte de las autoridades y de la sociedad han ido en dos sentidos. En primer lugar, desde la sociedad existe un llamado de alerta hacia las mujeres embarazadas que las invita a tomar precauciones para no ser asesinadas. Dentro de estas precauciones está no caminar sola en la noche, no dar información sobre sus embarazos a personas desconocidas, no subir a vehículos de personas desconocidas y, en caso de recibir ofertas de apoyos para los bebés, no asistir sola.

Para GIRE, estas opiniones de lo que debían hacer las mujeres, en la práctica trasladan a las embarazadas la responsabilidad de cuidarse e incluso podrían ser medidas que las revictimicen. Igualito que cuando nos dicen que si nos acosan es nuestra culpa por cómo nos vestimos.

En segundo lugar, a pesar de que estos asesinatos significan un vacío del Estado, la respuesta que éste ha dado ha sido en el sentido de no reconocer la complejidad, la gravedad y las dimensiones del problema.

Por ahora las autoridades sólo se quedan en dar información sobre las detenciones de los presuntos responsables y su vinculación a los procesos; dejando de lado el contexto en el que están ocurriendo y sus patrones.

Para GIRE, llama la atención particularmente, la Procuraduría de Tamaulipas, que al declarar sobre el caso de Jessica, puntualizó que se trataba de un “caso único”. Durante la primera audiencia de este caso se enfocó en la muerte del menor y no en el asesinato de Jessica.

Por su parte, el fiscal de Veracruz al relatar los hechos hizo énfasis en la decisión de Jenny de abordar un taxi “sola”. Aunado a esto se encuentra el interés superior de los menores para garantizar que los que siguen desaparecidos, regresen con sus familias, se explicó.

Los asesinatos de Jessica Gabriela, Jenny Judith, Alba Lizbeth y Reyna Alicia nos recuerdan que en este país los cuerpos y las vidas de las mujeres son percibidos como desechables, al punto en el que lo que más se valora de nosotras son los productos en gestación.