En audiencia de la CIDH en Colombia, las madres y padres de los 43 aseguran que en el último año, el gobierno de Enrique Peña Nieto se ha dedicado a administrar políticamente el caso, negando su derecho legítimo de justicia, y apostando al cansancio y el agotamiento físico de los paterfamilias.

BOGOTÁ, Colombia. 2 de marzo de 2018.- En la audiencia pública para evaluar las medidas cautelares 409/2014, emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, la representación de las madres y padres de los 43 cuestionó al gobierno mexicano la falta de resultados en las investigaciones y refirió que a tres años no se sabe nada del paradero de los normalistas.

Aseguraron que el gobierno, en el último año, se ha dedicado a administrar políticamente el caso, negando su derecho legítimo de justicia, y lamentaron que con esta actitud deliberada, el Estado le apueste al cansancio y el agotamiento físico de los padres y madres, como ocurrió con la señora Minerva Bello, madre del estudiante desaparecido, Everardo Rodríguez Bello, que falleció por un cáncer agravado por el estrés que le provocó la desaparición de su hijo.

En su memoria y honor, los padres y madres de los 43 en la audiencia pidieron un minuto de silencio.

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan expresó su preocupación por los nulos avances de las investigaciones para dar con el paradero de los normalistas a 41 meses de una de las más graves violaciones de derechos humanos que convulsionó a nuestro país. Además del dolor que implica la desaparición forzada de sus hijos, los padres y madres tienen que soportar el engaño y la estrategia política de administración del caso para retardarlo.

Los magros resultados que el Estado mexicano presentó en la audiencia se constataron con la preocupación que expresaron los comisionados de la CIDH, al requerir avances concretos de las investigaciones, incluyendo el paradero de los estudiantes.

Particularmente, el Comisionado Francisco Eguiguren expresó lo siguiente: “Para quienes no conocemos el caso, necesitamos oír respuestas concretas para salir aliviados de esta reunión, es decir, cuántos detenidos y procesados hay a la fecha y cuáles son los obstáculos que impiden encontrar a los estudiantes”.

De igual forma, Tlachinollan expresó que le preocupa que el Estado mexicano se niegue a actualizar el cronograma. Es una muestra clara de no querer avanzar en las investigaciones y la búsqueda de los estudiantes desaparecidos. Parecen más empeñados en proteger a los perpetradores y cuidar sus intereses políticos de cara a la contienda electoral, que ofrecer verdad y justicia a los familiares de los 43.

“Por todo lo anterior exigimos y demandamos agilizar las investigaciones para dar con el paradero de los 43 normalistas, actualizar el cronograma como un instrumento que permita verificar los avances concretos de las indagatorias, respetar el plan de trabajo del Mecanismo Especial de Seguimiento acordado en la visita de la CIDH al principio de febrero y efectuar a la brevedad las nuevas detenciones de los policías responsables de la desaparición de los normalistas”, indicó el organismo defensor de derechos.

Búsqueda de la verdad, fuera de tiempos políticos y electorales

En la misma audiencia, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) se solidarizó con las madres y padres de los estudiantes desaparecidos en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014, y solicitó al Estado mexicano que realice las gestiones pertinentes para aprobar el nuevo cronograma de trabajo del Mecanismo de Seguimiento del Asunto Ayotzinapa.

La CDHDF enfatizó que la búsqueda de la verdad, justicia y reparaciones de las víctimas de desaparición forzada no debe estar supeditada a los tiempos políticos y calendario electoral del Estado mexicano.

Este organismo se suma a la solicitud de las víctimas para que la CIDH continúe el seguimiento a las Recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos/as Independientes (GIEI).

La CDHDF hizo un llamado a las autoridades federales responsables del seguimiento del caso Ayotzinapa, para que muestren un compromiso real en la búsqueda de la verdad, justicia y reparación.