No ha llamado a comparecer a funcionarios de la administración del sustituto Carlos Miguel Aysa para que den explicaciones del uso de recursos públicos para la atención de la emergencia sanitaria ante el Covid-19 y la reactivación económica.

CIUDAD DE MÉXICO, 11 de agosto del 2020.- El Congreso del Estado de Campeche, al servicio de Alejandro Moreno Cárdenas y su sustituto Carlos Miguel Aysa, no ha cumplido con su facultad de mantener una estrecha vigilancia y no han sostenido reuniones de trabajo o comparecencia con funcionarios del poder ejecutivo estatal sobre el uso de recursos públicos y las acciones contra las consecuencias por la emergencia sanitaria por el Covid-19.

La LXIII Legislatura campechana no está incluida entre los 12 órganos legislativos del país que tuvieron, al menos, una reunión de trabajo o comparecencia de funcionarios sobre las acciones para enfrentar las consecuencias ocasionadas por el coronavirus.

La organización Transparencia Mexicana informó que su Unidad para la Transformación de los Congresos (U-TRAC) se sumó por tercera ocasión al Mecanismo de seguimiento de planes, programas y acciones para la atención de la emergencia sanitaria y sus consecuencias sociales y económicas de Tojil y Transparencia Mexicana, conocido como #SusanaVigilancia.

En un informe especial sobre el cumplimiento de las funciones de vigilancia ante la emergencia sanitaria y la pandemia de los 34 órganos legislativos del país, la U-TRAC identificó que 12 órganos legislativos del país tuvieron al menos una reunión de trabajo o comparecencia con funcionarios o funcionarias de los poderes ejecutivos para informar sobre el uso de los recursos públicos y las acciones emprendidas para hacer frente a las consecuencias sanitarias, económicas y sociales ocasionadas por Covid-19.

“Los órganos legislativos que han ejercido sus funciones de acompañamiento y vigilancia, mediante este mecanismo, son el Senado de la República, la Cámara de Diputados y los congresos de Chihuahua, Colima, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Sinaloa y Sonora”, expresó.

Transparencia Mexicana y Tojil señalaron que algunos órganos legislativos del país han emitido declaraciones a medios de comunicación o incluso se ha referido al tema en redes sociales, pero no hay evidencia documental del ejercicio de sus facultades constitucionales y legales para solicitar al poder ejecutivo federal, estatal o local que informe sobre las decisiones tomadas o los recursos utilizados.

“El estándar para informar sobre esas sesiones varía también ampliamente entre los diferentes órganos legislativos. Algunos Congresos informan sucintamente a través de un comunicado de prensa, otros a través de videos en canales como Youtube y en muy contados casos está la versión estenográfica de las comparecencias. La información pública relativa a las reuniones y comparecencias tampoco es sencilla de ubicar”, indicaron.

“Por la naturaleza del tema, y por tratarse de un mecanismo institucional de vigilancia y acompañamiento de las decisiones en el marco de la emergencia sanitaria y sus consecuencias sociales y económicas, estas reuniones deberían ser de fácil acceso y su contenido debería ser público”, puntualizaron.

Las organizaciones civiles invitaron a los Congresos del país a transparentar las sesiones de trabajo o comparecencias vinculadas con Covid-19, pero especialmente a utilizar sus facultades constitucionales y legales para mantener una estrecha vigilancia de las decisiones y recursos empleados en la emergencia sanitaria y la recuperación económica.