Informe detecta carencia de compromiso de la élite política/CIMACFoto: César Martínez López

Por la Redacción/Cimacnoticias

CIUDAD DE MÉXICO, 31 de enero del 2018.- Nueve de 33 países de América Latina y el Caribe, entre ellos México, han aprobado leyes o reformas que coadyuvan a la prevención y atención de la violencia contra las mujeres, pero sólo dos, Bolivia y México, cuentan con un presupuesto destinado a acciones para proteger a sus ciudadanas, así lo informa un análisis realizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y ONU Mujeres.

En el documento “Del Compromiso a la Acción: Políticas para Erradicar la Violencia contra las Mujeres América Latina y el Caribe” se revisaron las acciones emprendidas por las instituciones y la ciudadanía para erradicar la violencia contra la mujer en América Latina y el Caribe.

El informe señala que sólo 24 de los 33 países evaluados han aprobado leyes con el propósito de proteger los derechos de las víctimas sobrevivientes de violencia familiar, por ejemplo, Brasil y Perú, Ecuador y Panamá registran avances significativos después de la publicación de decretos y la tipificación del feminicidio. Además, Panamá ha firmado acuerdos interinstitucionales para proteger los derechos de las mujeres.

En contraste, únicamente nueve de los 33 países que participaron en la evaluación de ONU Mujeres y la PNUD han aprobado leyes integrales que abarcan los diferentes tipos de violencia en el ámbito público y privado. Entre estos países destacan México, Colombia, Bolivia y Venezuela que tienen decretos o reformas legislativas que contribuyen a la prevención y atención de la violencia contra las mujeres.

En el caso de México, donde 66.1 por ciento de las mujeres de 15 años y más reporta que ha enfrentado algún tipo de violencia, destacan la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2007) y la Ley General para Prevenir Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos (2014) como normas integrales.

El país también cuenta con el Código Nacional de Procedimientos Penales que homologa procedimientos en la investigación de delitos; la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; y el Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, entre otras normativas.

Después de comparar las herramientas establecidas por los países, los organismos internacionales señalaron las deficiencias o puntos de atención que se debe tomar en cuenta. Una de las observaciones fue que hasta 2016, 31 de los 33 países estudiados contaban con planes de acción nacional para la eliminación de la violencia, pero de éstos sólo 15 eran específicos para la violencia de la violencia contra las mujeres y 17 no tenía consistencia entre su legislación y sus políticas públicas.

A su vez, este informe señala los frenos a los se enfrentan que las instituciones políticas y sociales para implementar las propuestas diseñadas para proteger los derechos de las mujeres, entre ellos: la falta de atención de la cúpula política a este tema; la ausencia de presupuestos destinados a medidas como encuestas para medir el índice de violencia en contra de las mujeres o la acción penal contra estas conductas; y la prevalencia de patrones patriarcales en la sociedad que naturalizan la violencia y las conductas machistas.

Para mejorar las políticas implementadas por los países el informe recomendó que gobiernos, sector privado y ciudadanía planeen en conjunto planes de acción frente a la violencia de género; comprometerse con estas medidas; establecer líneas de trabajo con los hombres para modificar las percepciones de las masculinidades e invitarlos a ser socios para erradicar la violencia.

En el documento, que se encuentra en la web, se reconoce que la situación de violencia contra las mujeres no ha tenido un freno absoluto, pero señala que las acciones para velar por los derechos de las mujeres han permitido un aprendizaje paulatino en materia de políticas públicas para el desarrollo de las mujeres en la región.