Incorporan al trabajador social a la Ley General de...

Prioritario, sanear ríos contaminados del país

12 diciembre, 2018 Comentarios desactivados en Guardia Nacional profundizaría militarización del país México

Guardia Nacional profundizaría militarización del país

Advierten expertos, al manifestarse en contra de que Fuerzas Armadas continúen en las calles/Realizan en San Lázaro foro “La Guardia Nacional y otras propuestas en materia de seguridad pública, retos y perspectivas

CIUDAD DE MÉXICO, 12 de diciembre del 2018.- Durante el foro “La Guardia Nacional y otras propuestas en materia de seguridad pública, retos y perspectivas”, expertos en la materia se pronunciaron en contra de que las fuerzas armadas sigan cumpliendo funciones de cuerpos de seguridad, no obstante que sea bajo otro modelo.

Jan Jarab, representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), aseguró que en el 2018, los homicidios han llegado a los niveles más altos del siglo, el crimen organizado ha infiltrado a muchas autoridades públicas y los indicadores en materia de derechos humanos son igualmente preocupantes, pues desde 2006, el número de desaparecidos, torturados, ejecutados extrajudicialmente, detenidos arbitrariamente y la violencia en contra de periodistas y defensores se dispararon, generando la cifra abrumadora de más 38 mil personas oficialmente registradas.

En tanto, se poseen centenares de fosas clandestinas. “Ese es el tamaño del desafío que enfrentan las nuevas autoridades federales”, subrayó.

El representante de la ONU-DH afirmó que la prioridad de este organismo internacional con México es favorecer el paradigma de seguridad, el cual proteja a la población y garantice el respeto a los derechos humanos. No debe ser sólo una figura retórica, sino de importancia tangible.

Consideró que en el contexto de las políticas de seguridad y del uso de fuerza, se debe hacer una pausa y reflexionar en los derechos fundamentales como el de la vida, la libertad, la seguridad, a no ser sometido a la tortura o trato cruel, inhumano o degradante. La perspectiva del cambio de paradigma de seguridad, prometido por el actual Ejecutivo, significa una fuente de esperanza, subrayó.

Jan Jarab coincidió en varios cambios de enfoques contenidos en la estrategia de seguridad del actual gobierno, pues en primera instancia se busca materializar la paz y superar la lógica de guerra; transitar hacia una regulación menos represiva en la política de drogas; combatir la corrupción y priorizar la prevención.

Concordó, asimismo, en reducir la desigualdad social y económica; es fundamental, ya que estos elementos son las principales causas de la inseguridad y la destrucción del tejido social, apuntó.

Sin embargo, señaló que es preocupante la definición de la Guardia Nacional como militarización de la seguridad pública; desde el 2008, comentó este organismo ha advertido que esta decisión sería problemática en términos de derechos humanos, ya que el entrenamiento y la filosofía de los militares, basadas en el combate del enemigo, no son idóneos para la prevención y persecución del crimen.

Recomendó a los legisladores desarrollar un programa de fortalecimiento real de las corporaciones civiles y, con ello, permitir el retiro paulatino, ordenado, planificado, medible y verificable de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública.

Además, solicitó redefinir las tareas de la Guardia Nacional, pues en la actualidad actuaría como una extensión del uso del paradigma castrense en la seguridad pública, pues los elementos militares serán mayoritarios en su composición; mientras la adscripción y línea de autoridad estará sometida a la Secretaría de Defensa Nacional, lo cual hace imposible pensar que la lógica sea distinta a la del Ejército.

“El Estado mexicano se ha empeñado en inflar el poder militar”

El coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana, Ernesto López Portillo Vargas, aseguró que no existe evidencia para determinar que la Guardia Nacional garantizará seguridad a la población.

El académico consideró que la iniciativa muestra una gestión de poder y del uso de la fuerza de los militares y tiene el potencial para aniquilar el futuro de la profesionalización de las corporaciones civiles.

Propuso construir una institución policial experta que no atienda consignas políticas. Además, instalar un panel técnico de análisis de la evidencia, con el propósito de saber qué funciona para construir seguridad y que no.

“El Estado mexicano ha creado un proceso a favor de la intervención militar; es decir, se ha empeñado en achicar al poder civil e inflar al militar”, indicó y agregó que es urgente el acompañamiento de organismos internacionales, para realizar reformas en materia de seguridad para el país.

El catedrático del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Jaime Cárdenas Gracia, manifestó que la creación de la Guardia Nacional genera dudas, ya que, históricamente, estas corporaciones se integran por una autoridad civil y son de carácter temporal.

“Se pretende mantener su presencia de forma regular y, aunque se propone evaluar su permanencia luego de tres años, es muy importante que la Guardia sea transitoria y que no desplace a las policías de orden federal, estatal y municipal”, expresó.

Dijo que si bien es necesario atender la crisis de violencia e inseguridad, tanto de delincuencia organizada y común, que se acentuó en los últimos 12 años con miles de muertos y desaparecidos, la iniciativa no debe tener ambigüedad sobre la Policía Federal y debe dejar claro si desaparecerá o no.

Añadió que la seguridad es un tema concurrente; es decir, también le corresponde a estados y municipios, de ahí la relevancia de que permanezcan las corporaciones locales.

La directora de México Unido contra la Delincuencia A.C, Lisa Sánchez, explicó que el 95 por ciento de los delitos cometidos en México, es del fuero común; es decir, son de la competencia de autoridades estatales y locales. Por lo tanto, apuntó, “no consideramos lo más idóneo atender esos ilícitos desde una Guardia Nacional”.

Resaltó la necesidad de que el tema se discuta hasta la última instancia, a fin de conocer las consecuencias que podría generar un cambio constitucional.

“Hay riesgos en la iniciativa, porque no se tienen métricas para saber el alcance de la Guardia Nacional. Recordemos que hace algunos días se invalidó la Ley de Seguridad Interior, porque no se tomaron en cuenta los impactos a las corporaciones, a los Ministerios Públicos y Jueces”, puntualizó.

Operativos militares elevaron homicidios

El investigador del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, Carlos Galindo, indicó que diversas mediciones, entre ellas las del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), demuestran que la militarización, a partir del llamado combate contra las drogas en 2006, incrementó la ola de homicidios.

“Los operativos militares elevaron esas cifras, lo cual es evidencia de que llevar a las fuerzas castrenses a las calles, no garantizará seguridad de la población”, mencionó.

Precisó que la sociedad civil y la academia plantean atender las causas estructurales de la violencia y la inseguridad. “Si la principal causa es el tráfico de drogas, sería necesario, en primer lugar, regular el mercado de los estupefacientes”.

Claudia Fernández Jiménez, directora de normatividad en la Coordinación General de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), afirmó que es preocupante que la iniciativa contemple consagrar en el marco constitucional, el traslado por tiempo indeterminado de las funciones de seguridad pública y de auxilio a las autoridades ministeriales en el ámbito federal, a un cuerpo que estará integrado en su mayoría por elementos militares, con adiestramiento ajeno al de las policías civiles, que en los hechos profundiza la militarización de la seguridad pública en México.

Puntualizó que el uso del Ejército, lejos de solucionar el problema de inseguridad, ha desatado aún más la violencia y contribuido al aumento de violaciones de derechos humanos, como son las ejecuciones arbitrarias, desapariciones, tortura, trata de personas, entre otras.

“Su participación no es lo más deseable dada la especial naturaleza de sus funciones constitucionales, pero sin dejar de reconocer su institucionalidad, compromiso y entrega”, expresó.

Emilio Cujama López, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales, indicó que la participación de cuerpos castrenses ha provocado más violencia de lo que se ha evitado, por lo que la introducción de la gendarmería y ahora de la Guardia Nacional, institucionaliza esta dinámica de militarizar la seguridad pública.

La violencia ha sido naturalizada y convertido en un bien de consumo. “Hoy en día vemos novelas, series y programas de televisión en donde se va popularizando su ejercicio e incluso se pone en un estandarte esta dinámica, lo que complica el problema”.

Rafael Estrada Michel, director del doctorado en Derecho de la Escuela Libre de Derecho, destacó que el artículo 129 de la Constitución señala que las fuerzas armadas tienen que adherirse a actividades estrictamente relacionadas con la disciplina militar en tiempos de paz, “y que yo sepa no se ha declarado la guerra”.

Alfredo Lecona, representante del Colectivo Seguridad Sin Guerra, consideró que el tamaño y la envergadura de la reforma que se está analizando ameritan que se realicen foros, como en el caso de la pacificación del país; por lo tanto, pidió no avanzar en el análisis y mucho menos en su aprobación.

Jorge Alberto Rivera Lara, especialista en Ciencias Jurídico-Penales, manifestó que en esta propuesta no se ha especificado si desaparecerá la Policía Federal; además, es un retroceso muy grande, pues se debilita y desmantela lo que ha costado tanto construir, como las capacidades investigativas de esta corporación de seguridad.

Pidió a los legisladores enfatizar las consecuencias sobre persecución de delitos, dada la impertinencia de que sean efectivos del Ejército los que hagan las funciones materiales de persecución y que se lleguen a encontrar en los juicios orales, tal vez intimidando, aunque ellos no quieran, a los civiles y litigantes.

 

Comparte esta nota:

Comments are closed.