Rodolfo Calvo Fonseca, rector de la Unicach, otorga la distinción al general Salvador Cienfuegos Zepeda, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional/En protesta, la reconocida académica feminista Mercedes Olivera renunció al mérito que recibió en el año 2012.

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, Chis. 6 de febrero del 2018.- El Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas (CDMCh) manifestó que en el marco de la controvertida aprobación de la Ley de Seguridad Interior (LSI) en México, la vigencia del conflicto armado interno no resuelto en Chiapas y en un contexto de marcado descrédito de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), por los múltiples señalamientos de violaciones a Derechos Humanos; el pasado dos de febrero, el Consejo Universitario de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach) decidió otorgar el título de Doctor Honoris Causa al general Salvador Cienfuegos Zepeda, titular de la institución castrense.

La organización civil señaló que tal decisión es un mensaje claro de desprecio para las miles de víctimas en este país, que han padecido los costos de la violencia institucionalizada, una afrenta para las organizaciones de Derechos Humanos que tenemos documentados los saldos trágicos por la actuación del Ejército Mexicano en labores de seguridad ciudadana y un claro mensaje de avalar el escenario de guerra que un personaje, como Cienfuegos, en este sexenio, ha defendido de manera perversa, presionando al presidente de la República y el Congreso de la Unión para que se aprobara la LSI, otorgando de facto un poder desmedido similar al que hemos visto en las dictaduras militares en América Latina.

“Pese a que la Comunidad Académica y Estudiantil de la Unicach, en particular del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica (Cesmeca), expuso claramente que tal perfil carece de todo sustento para hacerse acreedor al mérito académico, ya que “vulnera la autonomía universitaria y, lo que es de una gravedad excepcional, legitima la actuación del poder militar y su particular posición sobre el territorio nacional y, en particular, sobre Chiapas”; en sesión extraordinaria, con 20 votos a favor, ocho en contra y una abstención, el Consejo Universitario aprobó la propuesta que hiciera inicialmente Oscar Cruz Pérez, director de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Unicach, en su calidad de Presidente del Consejo Académico”, expresó.

“Tras este primer paso, la Comisión de Otorgamiento de Grados y Reconocimientos Honoríficos avaló la propuesta que finalmente fue aprobada por el Consejo Universitario de la Unicach que preside el rector de esta máxima casa de estudios en Chiapas, Rodolfo Calvo Fonseca”, indicó.

“Como Centro de Derechos de la Mujer, nos preocupa que la Universidad Pública abone a la desmemoria histórica de los innumerables agravios que las Fuerzas Armadas han cometido en contra de la población en Chiapas; particularmente en los casos de desaparición forzada, ejecución extrajudicial, desplazamiento forzado interno y la creación de grupos paramilitares en la Zona Altos y Norte, tal como se indica en los planes militares de Contrainsurgencia “Plan de Campaña Chiapas 94” y “Plan Chiapas 2000”, cuyos trágicos saldos actualmente se encuentran en proceso de resolución ante instancias como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”, agregó.

“De manera particular, en repetidas ocasiones hemos denunciado la participación del Ejército Mexicano en violaciones a Derechos Humanos de las mujeres, tal como el caso de las hermanas tseltales Ana, Beatriz y Celia González Pérez quienes fueron privadas de su libertad en un retén militar, el cuatro de junio de 1994, en Altamirano, Chiapas y trasladadas al cuartel militar para forzarlas a declarar su pertenencia al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), perpetrando tortura sexual”, puntualizó.

Recordó que otros casos que están en la memoria abierta son el caso de Minerva Guadalupe Pérez Torres, quien fue detenida el 20 de junio de 1996 en el poblado Miguel Alemán, municipio de Tila, por un grupo de personas pertenecientes al grupo paramilitar Paz y Justicia, mismos que secuestraron, golpearon y violaron sexualmente para finalmente desaparecer su cuerpo torturado.

“No olvidamos a las 34 mujeres asesinadas en la masacre de Acteal, el 22 de diciembre de 1997, en el municipio de Chenalhó, perpetrada por grupos paramilitares, que fueron entrenados y encubiertos por agentes policíacos y del Ejército Mexicano en la llamada zona gris de operaciones tal como se indica en los planes contrainsurgentes diseñados desde las estructuras militares”, mencionó.

“Por si ello no bastara, a la larga lista de crímenes cometidos por militares en Chiapas, se sumó el primer feminicidio de este año, perpetrado el pasado primero de enero en el municipio de Cacahoatán, cuando Maribel Vázquez Sánchez fue asesinada por su ex pareja, un ex militar con quien formó una familia. Lo cual confirma lo que compañeras feministas han denunciado en el sentido de que no podemos ignorar que cada vez que existe la presencia militar, la violencia sexual y feminicida se multiplica”, asentó.

El CDM expuso que estos crímenes de lesa humanidad y otros tantos casos más, como el de las indígenas tlapanecas, Inés Fernández y Valentina Rosendo, el de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa (ambos hechos ocurridos en Guerrero) y la ejecución extrajudicial de 12 personas ocurrida en Tlatlaya, Estado de México, tal como lo documentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH); son ejemplos claros de la participación de efectivos militares de la Sedena, durante este período 2012-2018 que ha estado bajo el mando del general Salvador Cienfuegos Zepeda.

“Incluso, nos parece aberrante que se premie a un militar, cuya tarea primordial ha sido militarizar el territorio de los pueblos bajo la contradictoria premisa de procurar la paz social; prueba de ello es que cuando estuvo como Comandante de la Séptima Región Militar, durante el periodo del ex gobernador Juan Sabines, el general Salvador Cienfuegos intensificó la presencia y patrullajes militares en la frontera con Guatemala y anunció la creación de dos nuevas bases militares en Chiapas, una en Jiquipilas y otra más en Chicomuselo”, evocó.

“La construcción de esta última, comenzó el pasado nueve de agosto de 2017, cuando el actual gobernador Manuel Velasco Coello firmó un convenio de colaboración con el mismo Cienfuegos, ahora en su calidad de secretario de Defensa, Al respecto, la población ha denunciado la correlación de los intereses de empresas extractivistas y las instancias militares que buscan el control territorial”, abundó.

Señaló que debido a que hemos atestiguado y denunciado los altos costos sociales que ha dejado la permanente ocupación militar en Chiapas, el pasado 30 de enero diversas organizaciones civiles y personas participamos en el Foro “Detengamos la Militarización. Análisis de la Ley de Seguridad Interior”, en donde acordamos interponer un Amparo contra la Ley de Seguridad Interior, mismo que fue presentado en los Juzgados de Distrito del Vigésimo Circuito del Poder Judicial de la Federación, el pasado dos de febrero en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

“Este recurso apela a que las autoridades jurisdiccionales respondan al reclamo de la ciudadanía de reconocer la inconstitucionalidad de dicha Ley por violar la Carta Magna, sabemos sin duda que el mejor amparo que tenemos como sociedad civil es la organización civil y pacifica defendiendo espacios libres de violencia y sin ocupación militar”, explicó.

“En ese mismo sentido, compartimos la viva indignación y nos sumamos a la contundente protesta que nuestra compañera Mercedes Olivera Bustamante, fundadora y socia de este Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, AC, hizo al renunciar al Doctorado Honoris Causa que le fue otorgado en marzo del 2012, por la misma institución educativa. Mercedes señaló entre sus razones, que renunció “por congruencia”, pues no puede tener un título que tendrá también un militar que viola los derechos humanos de los mexicanos e indígenas”, aseveró.

“Mención aparte merece la indiferencia institucional de las autoridades universitarias de la Unicach para exigir de manera contundente verdad y justicia y pronunciarse por el esclarecimiento del asesinato de Adán Enrique Gómez González, profesor de esta misma casa de estudios, cuyo cuerpo fue encontrado sin vida el pasado 27 de enero en Chiapa de Corzo, con evidentes huellas de tortura. Al respecto, la insensibilidad institucional se ha hecho patente, ya que el rector no ha hecho el mínimo pronunciamiento ante la inverosímil versión que ha dado la Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE) sobre la hipótesis de que el móvil del asesinato fue un robo común”, añadió.

“Como CDMCH, hacemos un llamado a la sociedad en general, académicos, organizaciones sociales, civiles y de derechos humanos a nivel nacional e internacional a estar vigilantes y denunciar la intromisión militar en los espacios civiles y ciudadanos que las instituciones militares y sus elementos buscan ocupar en el marco de la coyuntura del poder desmedido que les pretende otorgar la Ley de Seguridad Interior en México”, mencionó.

“Llamamos a la Comunidad Académica y Estudiantil de México, y en particular de Chiapas, para que exija al rector de la Unicach, Rodolfo Calvo Fonseca, NO entregué el Doctorado Honoris Causa al general Cienfuegos Zepeda para no avalar la cómplice suspensión de facto de la autonomía universitaria, tal como acordó la corta mirada de la gran mayoría del Consejo Universitario con tan deleznable decisión”, comentó.

“Apelamos a la memoria, la conciencia y la razón de las personas para que salgamos a la defensa de la construcción del bien común y de la vida y nos pronunciemos por dignificar todo lo que nos identifique como humanidad”, concluyó.