La CNDH señala que el gobierno mantiene en el abandono a las policías y favorece el uso discrecional de las fuerzas armadas en seguridad, poniendo en riesgo garantías y derechos, y la CDHDF advierte que la nueva ley exacerba el clima de violencia y de inseguridad en el país.

Por Daniel Sánchez

CIUDAD DE MEXICO, 1 de diciembre del 2017.- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió un posicionamiento sobre la Ley de Seguridad Interior, aprobada en la Cámara de Diputados federal, y señaló que la intervención de los militares en materia de seguridad pública, hace más de una década, sólo fue una “medida excepcional de carácter emergente y temporal, para dar respuesta a la crisis de violencia e inseguridad que atravesaba nuestro país”.

El organismo nacional señaló que hasta la fecha, no se ha superado “la falta de capacidades y recursos en las instituciones policiales, la nula o deficiente planeación y coordinación entre las mismas, así como su posible infiltración por parte de organizaciones criminales”, lo que propició que se tomara la decisión de involucrar a las Fuerzas Armadas en acciones vinculadas a proporcionar seguridad a las personas.

“La falta de acciones efectivas e integrales para el fortalecimiento de las policías en los distintos órdenes y niveles de gobierno, las ha relegado a un papel marginal dentro de las políticas públicas inherentes a la seguridad de las personas, las cuales dan prioridad a la acción de las Fuerzas Armadas. La omisión, la indiferencia y la falta de resultados contundentes en la capacitación y desarrollo de las policías, han hecho evidente el abandono por parte del Estado de las mismas”, expresó.

“La emisión de una Ley de Seguridad Interior en los términos que se plantea, contribuiría a mantener el estado actual de cosas, al favorecer el uso discrecional de las Fuerzas Armadas como base de una estrategia para abatir la violencia e inseguridad que se enfrenta, dejando de lado la necesidad de emprender acciones coordinadas y efectivas, desde los distintos niveles y órdenes de gobierno, para fortalecer los recursos y capacidades de las policías civiles, instancias a las que corresponde de manera exclusiva llevar a cabo las tareas de seguridad pública, en términos del artículo 21 Constitucional”, puntualizó.

La CNDH manifestó que en el ámbito del reconocimiento, respeto y protección de los derechos humanos, los potenciales riesgos del dictamen que será objeto de discusión son múltiples y de diversa gravedad.

“Tan sólo por mencionar algunos, se podrían referir desde las imprecisiones conceptuales, al mezclar el ámbito de la Seguridad Nacional con la Seguridad Interior; una definición sumamente amplia y ambigua de Seguridad Interior que permitiría configurar, prácticamente, cualquier conducta como un riesgo a la misma, para lo cual no habría criterios objetivos, sino una facultad discrecional genérica; la imposición de una reserva absoluta sobre la información que se genere, lo cual haría nugatoria cualquier expectativa de transparencia; la falta de mecanismos reales y efectivos de rendición de cuentas; la posibilidad de que las Fuerzas Armadas realicen tareas de investigación y prevención de delitos; así como la trasgresión a los derechos de reserva y secrecía en favor de las víctimas al obligarse a todas las autoridades a entregar cualquier información que sea requerida en este ámbito”, detalló.

Aseguró también que la propuesta de ley no establece en forma expresa la forma cómo se conciliará la prevención, investigación y persecución de delitos con el amplio espectro de conductas que se pretenden encuadrar como materia o riesgos a la Seguridad Interior, siendo en consecuencia previsible que su aplicación trasgreda, desde el origen, garantías procedimentales básicas y derecho humanos reconocidos en la Constitución, lo cual propiciará que los responsables de una conducta ilícita tengan una puerta abierta para eludir la acción de la justicia por la indebida actuación de las autoridades, una vez que sus acciones fueran puestas a consideración de un tribunal de derecho.

“Mucho de lo que el dictamen refiere como materia de Seguridad Interior serían cuestiones que, bajo otra óptica se podrían considerar, como propias del ámbito de la Seguridad Pública”, apuntó.

La Comisión expuso que México requiere instituciones sólidas y el que exista certidumbre en las relaciones que se presenten entre autoridades y gobernados es un objetivo que difícilmente sería rebatible.

“Sin embargo, la eventual aprobación de una Ley de Seguridad Interior en los términos en que se plantea es poco probable que contribuya a la consecución de tales propósitos. Varios de sus contenidos son debatibles, con lo cual la fortaleza institucional que se pretende quedaría en entredicho, al igual que la certeza que se brinde a la sociedad”, indicó.

“Los problemas de seguridad y justicia que nuestro país enfrenta se deben abordar bajo un esquema amplio, en el que se traten de manera conjunta e integrada la parte procedimental del Sistema de Justicia Penal, junto con la estructura y esquema de procuración de justicia, para concretar de manera pertinente el cambio de la actual Procuraduría General de la República a una Fiscalía General autónoma, independiente y eficaz, así como determinar el tipo de policía que asumirá sustantivamente las tareas vinculadas a la seguridad pública, así como los modelos bajo los cuales se daría su operación”, agregó.

“Conclusiones similares han sido expresadas por expertos, académicos, organizaciones de la sociedad civil y constan en documentos, tales como el Informe Preliminar de la Consulta Nacional sobre el Modelo de Procuración de Justicia, elaborado por el CIDE, el INACIPE y el IIJ de la UNAM, presentado el mes pasado”, aseveró.

Afirmó que la necesidad de que se emita una ley sobre seguridad interior, así como el alcance y contenido que, en su caso, debería tener la misma, no pueden ser producto de decisiones coyunturales o políticas.

“Tal y como este organismo nacional lo ha expresado de manera reiterada, sus contenidos deben ser respetuosos de la dignidad humana, del marco jurídico vigente en el país y encuadrarse dentro de una política integral que incida positivamente en los problemas de seguridad y justicia que enfrentamos desde hace más de 10 años. Una ley no puede hacer explícita la violación a los derechos humanos, promover la ilegalidad o contravenir la Constitución”, concluyó.

CDHDF llama al Senado a no aprobar Ley de Seguridad Interior

Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) se sumó a la preocupación de instituciones, especialistas y organizaciones de la sociedad civil sobre el proyecto de decreto de la Ley de Seguridad Interior.

Mencionó que ayer, 30 de noviembre de 2017, la Cámara de Diputados aprobó en lo general el Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior; por lo cual hizo un llamado a quienes integran el Senado de la República a privilegiar el pleno respeto y garantía de los derechos humanos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los estándares internacionales en la materia, en el marco de la construcción de un esquema de seguridad en el país con apego a éstos.

“Lo anterior, ante el contexto actual de violencia que prevalece en México y que ha dado cabida a violaciones a derechos humanos por parte de las fuerzas armadas, haciendo urgente la limitación de su intervención en funciones de seguridad pública, que corresponden a las autoridades policiales civiles”, expresó.

Asimismo, la CDHDF se sumó a las diversas preocupaciones manifestadas por: la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los  Derechos Humanos en México (OACNUDH), la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, personas especialistas en la materia y Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que han manifestado su preocupación por la aprobación de este dictamen.

Al respecto, comentó que ha dado seguimiento a las diferentes iniciativas de Ley de Seguridad Interior presentadas en los órganos legislativos federales y en su momento ha manifestado su preocupación por que se apruebe una Ley que vulnere derechos humanos y las garantías que los protegen.

Por todo lo anterior, la CDHDF manifestó su preocupación ante la grave situación de crisis de seguridad por la que atraviesa nuestro país desde hace más de 10 años, en la que la ciudadanía enfrenta un clima de violencia generalizada en diversas zonas del país, que ha generado miles de víctimas de asesinatos, desapariciones, desplazamiento interno, tanto de personas, familias y comunidades enteras; así como vulnerabilidad que genera esta violencia a periodistas y defensores de derechos humanos, tanto de organizaciones civiles, como de instituciones de defensa de derechos humanos.

“Esta iniciativa no contribuye al enfrentamiento estructural de la problemática, sino exacerba el clima de violencia”, advirtió.

“Es urgente que los esfuerzos legislativos se orienten a la emisión de un marco normativo que brinde un esquema de seguridad con enfoque de derechos humanos, adoptando para ello los más altos estándares internacionales en la materia; enfatizando la obligación que el Poder Legislativo tiene a fin de asegurar el respeto, protección y garantía de los derechos humanos”, finalizó.