En su análisis “Verdaderas prioridades del gasto estatal”, la organización civil detectó que con Alejandro Moreno, Campeche no fue austero y encabezó a los estados que derrocharon en gasto administrativo, con un aumento de 337% entre lo presupuestado y lo ejercido en 2018.
Por Daniel Sánchez
CAMPECHE, Cam. 18 de diciembre del 2019.- El Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) llegó a la conclusión de que los gobiernos estatales no fueron austeros en el 2018, como el de Campeche, con Alejandro Moreno Cárdenas, quien encabezó a los estados que derrocharon en gasto administrativo, con un aumento de 337 por ciento entre lo presupuestado y lo ejercido.
La administración de Moreno Cárdenas no sólo fue la más dilapidadora, sino que su gasto administrativo adicional representó el doble o más de las entidades federativas que le siguieron, como Jalisco, con incremento de 167 por ciento; Colima, 161 por ciento; Guanajuato, 147 por ciento, y Sinaloa, 142 por ciento.
En el Índice de Información del Ejercicio del Gasto (IIEG 2019), en su tercera entrega, donde da a conocer las “Verdaderas prioridades del gasto público”, el Imco encontró que 17 entidades gastaron más de lo presupuestado y que 13 de ellas gastaron al menos 15 por ciento más en el rubro administrativo.
La organización civil, en el IIEG 2019, que analiza las principales partidas y variaciones del gasto público de los 32 poderes ejecutivos estatales, detectó que “en los estados, las prioridades de los ciudadanos no son las prioridades del gasto público”.
El Instituto señaló que “los presupuestos de egresos de las entidades federativas son el primer eslabón para alinear los intereses de los ciudadanos, el segundo es cumplir las promesas mediante un gasto responsable”.
Sin embargo, aseveró que “la mala planeación y las simulaciones del gasto ocasionan que las prioridades del presupuesto no se reflejen en el ejercicio de los recursos”.
Insistió en que “los presupuestos estatales son de juguete: las entidades no gastan de manera responsable, presupuestan un monto y gastan de forma distinta. Esto propicia un mal uso del dinero público y las verdaderas prioridades pueden dejarse sin atender”.
“Las variaciones excesivas entre lo presupuestado y lo ejercido son consecuencia de la falta de planeación o simulaciones intencionales por parte de las secretarías de finanzas estatales, en complicidad de los congresos locales”, reiteró.
“De acuerdo con la ONU, una variación aceptable se ubica en el rango de más o menos 15 por ciento, sin embargo, algunos estados tuvieron variaciones mucho mayores: Tamaulipas (48 por ciento), Morelos (44 por ciento), Sonora (43 por ciento); Nayarit, (37 por ciento), y Oaxaca, (34 por ciento)”, citó.
El Imco afirmó que “en muchos casos, las prioridades presupuestales no son las prioridades del gasto”.
“Las variaciones a la baja en rubros prioritarios tienen un gran costo para la ciudadanía. Cada peso que se destina a conceptos no prioritarios es un peso que no se gasta en temas como salud, educación o seguridad”, puntualizó.
Ante este panorama, la agrupación civil propuso reducir la discrecionalidad en el ejercicio de los recursos públicos, a través de “establecer controles a las modificaciones presupuestales de los poderes ejecutivos estatales, que limiten el aumento desproporcionado de su gasto administrativo”.
“Si un gobierno estatal requiere modificar su gasto para alguna partida en más del 15 por ciento, debe tener la aprobación del Congreso local”, y que haya una “mayor participación de los congresos locales en la aprobación y supervisión del ejercicio del gasto: cumplir su función de contrapeso”, concluyó.
Consulta aquí el comunicado y la presentación del Imco:
