El presidente Lorenzo Córdova señala que vulneraría autonomía del sistema electoral y también causaría una cooptación política de las autoridades electorales/Si INE organiza todo, debe transformarse con ampliación de estructuras en los estados, capacidades operativas y recursos.

CIUDAD DE MÉXICO, 19 de junio del 2019 (Notilegis).- El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, afirmó que si desaparecen los Organismos Públicos Electorales Locales (OPLEs) se provocaría una vulneración directa a la autonomía del sistema electoral y una cooptación política de las autoridades electorales.

“Desaparecer los OPLEs y sustituirlos por consejos locales del INE, nombrados desde la Cámara de Diputados, no sólo se generarían problemas operativos, sino que habrá una vulneración directa a la autonomía del sistema electoral y una cooptación política de las autoridades electorales”, aseveró.

Lo anterior, al participar en la mesa de análisis “Reforma de órganos electorales” del Foro para la reforma electoral, efectuado en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

Indicó que desaparecer los OPLEs implicaría que el INE organice todo, para ello “debe transformarse o refundarse ampliando sus estructuras en los estados, incrementando sus capacidades operativas y, por lo tanto, necesitará más recursos”.

“Tal como hoy está diseñado el INE no puede organizar simultáneamente las 32 elecciones locales y además las federales, como ocurrirá, por cierto, por primera vez en 2021”, señaló el consejero presidente.

Por otro lado, agregó que desaparecer o reducir la representación proporcional, “digamos que es políticamente indeseable e históricamente contradictoria”.

“Eliminar o disminuir dicho mecanismo mina el carácter incluyente de nuestro sistema político y restringe el espacio que tienen, que deben tener en democracia las minorías para participar en la toma de las decisiones”.

Subrayó que la representación proporcional “es una conquista de los reclamos democráticos para garantizar el pluralismo…Más bien debería pensarse en cómo se incrementa la cuota proporcional o avanzar hacía el ideal democrático de la plena proporcionalidad”.

Córdova Vianello propuso, para reducir costos, se modifique la Ley General de Partidos Políticos “para establecer que se multiplique el padrón de cada estado por el 30 por ciento, y no el 65 por ciento como ocurre; se estarían reduciendo en el plano local casi dos mil 500 millones de pesos al año”.

Por otro lado, añadió, la urna electrónica “ahorraría recursos en el trabajo de campo, capacitación electoral, integración de casillas, documentos y materiales electorales, el PREP, así como en cómputos distritales y recuentos; sólo en elecciones federales serían ahorros de cuatro mil 500 millones de pesos”.

Abundó que con estas dos propuestas se podrían ahorrar casi siete mil millones de pesos.

Confió en que los resultados de los foros privilegien la funcionalidad del sistema electoral, cuyos resultados han sido clave para la paz pública, la estabilidad financiera del país y el reconocimiento internacional de la democracia mexicana.

Por su parte, durante su intervención, el secretario Ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, señaló que la concentración del quehacer electoral, tanto federal como local, en una sola autoridad generaría condiciones poco propicias para atender con oportunidad y certeza los resultados de una jornada electoral.

Destacó que la importancia de los OPLEs radica en atender la especificidad de la norma electoral en cada entidad, atendiendo los ámbitos distritales locales y municipales.

“Nadie puede, ni debe negarse; sin embargo, afectar negativamente el sistema electoral sería un gran retroceso en nuestro país, cambiar sin un diagnóstico integral, pone en riesgo un engranaje que no se inventó en un día, que ha sido confeccionado y probado a lo largo de cuatro décadas brindando estabilidad política al país”, argumentó.

La reforma electoral debe respetar autonomía judicial

El presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe Fuentes Barrera, se manifestó porque la reforma electoral respete la autonomía judicial. “Sería inaceptable cualquier intromisión de un poder hacia otro, pues esto rompe el sistema de pesos y contrapesos que dicta la Constitución”.

En los foros de Parlamento Abierto de la Reforma del Estado y Electoral, consideró que la propuesta de reforma para modificar la composición de la Comisión de Administración del Tribunal, es innecesaria y podría atentar contra la autonomía e independencia del Poder Judicial de la Federación, si no cuenta con un diseño adecuado.

Precisó que esta propuesta es que la Comisión cambie su nombre por el de Consejo de Vigilancia y se integre por el magistrado presidente y un magistrado, ambos de la sala superior; un magistrado de sala regional por insaculación, pero, dos consejeros independientes que nombrará la Cámara de Diputados.

Durante la mesa “Reestructuración y vigencia de autoridades jurisdiccionales”, Fuentes Barrera hizo votos para que haya coherencia, uniformidad y certeza en la justica electoral de México. Se puede alcanzar si se establece un Código Nacional en donde se definan las reglas procesales comunes de aplicación para todos los Tribunales Electorales del país; es urgente la actualización de la Ley de Medios de Impugnación vigente, pues ha sido rebasada, advirtió.

Propuso crear un sólo juicio para combatir actos y resoluciones electorales, pues la diversidad que existe en la actualidad genera gran confusión que atenta contra el recurso judicial efectivo; se debe aprovechar las innovaciones tecnológicas y crear el juicio electoral en línea, lo que permitirá aplicar la austeridad, integrar y resolver con mayor rapidez los juicios, ahorrar recursos materiales y humanos, facilitar a la ciudadanía el acceso real y efectivo a la justicia, y transparencia total del expediente.

Puntualizó que la imparcialidad, independencia y la autonomía judicial tienen una especial relevancia para los Tribunales Electorales. “De nada sirve un sistema de normas constitucionales y legales si orientan y limitan la actividad del poder público, si en la etapa de aplicación del derecho los actores políticos influyen en la resolución de los litigios. El Tribunal Electoral se legitima a partir de la percepción de los ciudadanos de que actuamos con independencia e imparcialidad protegiendo los derechos, principios y valores tutelados en la Constitución”, puntualizó.