Cómo sería la operación y cuánto el recurso, eso es lo que importa/Estaría en peligro la participación ciudadana, aunque tendría más poder.

Por Sara Lovera/SemMéxico

CIUDAD DE MEXICO, 8 de noviembre del 2017.- Una Secretaría de Estado para normar la transversalidad de género y avanzar en los derechos de las mujeres fue puesta a debate por la iniciativa que el 30 de octubre presentó la senadora Angélica de la Peña Gómez. Las opiniones están divididas y no se ve cuál sería el cambio. Lo central es si formar parte del gabinete garantiza más recursos; si se mantendría la capacidad de gestión autónoma; cómo sería normar acciones; que significaría operar programas “como asistenciales,” y si no se afecta la participación ciudadana.

La discusión abrió múltiple y diversa. SemMéxico consultó a 20 personalidades: seis académicas, siete responsables o ex directoras de Institutos (nacional, estatales y municipales); dos periodistas, dos consejeras, un especialista y tres consultoras, quienes centraron su preocupación en si ello permitiría asegurar voluntad política para atender la problemática de las mujeres, que según la mayoría, está limitada.

Presentamos algunas en esta primera parte.

Consideraron que una Secretaría tendría mayor poder, aunque peligra su autonomía, pues deberá depender en todo del Ejecutivo. Las atribuciones propuestas en la iniciativa son casi las mismas que plantea la ley de INMujeres: de orden público y de observancia general en toda la República, en materia de equidad de género e igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, en los términos del Artículo Cuarto, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

No se trata de estar a favor o en contra. Lo que hay son dudas sobre el tema. La secretaria ejecutiva de INMujeres, Marcela Eternod Arámburu, dijo que “es complejo”. Se trata básicamente de darle mecanismos al Instituto para que pudiera operar en las entidades federativas; ahora somos un organismo normativo respaldado por dos leyes: la de Igualdad y la de Acceso a Una Vida Libre de Violencia, hoy, su tarea es normativa. “Les decimos lo que tienen que hacer a las demás dependencias y entidades”. Al ser una secretaría, “tendríamos que operar programas”.

Carmen Nava, directora del Centro Griselda Álvarez de Colima, considera que una Secretaría tendría que operar programas asistenciales, todo sobre las mujeres.

Hoy, el INMujeres es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, objetivos y fines. El especialista Elizardo Rannauro Melgarejo, quien trabaja una legislación en Chihuahua para unir los sistemas de igualdad y no violencia en uno, sostiene que se perdería la capacidad de investigar, gestionar estudios, y empujar cumplimientos. “Desde una Secretaría ¿Eso dónde quedaría?”

En favor de una secretaría, la diputada colombiana, Clara Rojas, señala: La pregunta que surge ante la realidad de las mujeres: ¿Cómo superar el abismo que existe entre la normativa vigente y el goce efectivo de los derechos de las mujeres? Si bien la respuesta absoluta no existe, uno de los caminos que han recorrido diferentes países y que ha recomendado Naciones Unidas en varias oportunidades, es la creación de una institución de alto mando ejecutivo con todas las herramientas necesarias para crear, proteger y vigilar las políticas en favor de las mujeres. En otras palabras, un ministerio (secretaría) de la mujer resulta una de las vías más eficaces para superar la discriminación.

La consejera de INMujeres, Emma Obrador Domínguez, afirma que lo que considera en riesgo es la participación ciudadana. Hoy vivimos, dijo, una permanente resistencia y una Secretaría de Estado sería un retroceso porque se convertiría en un brazo del Ejecutivo, dejando afuera la riqueza del diálogo ciudadano.

Para la doctora Adriana Ortiz Ortega, actual asesora en género en el gobierno de Sonora, el reto de crear una Secretaría radica en cómo operar la transversalidad vs sectorizar la actividad. Hasta hoy se han probado varias rutas y dos actuales son darle autonomía a los institutos para que influyan en las estructuras estatales con presupuestos federales, esto ha servido para elevar la importancia del tema, pero no ha logrado comprometer a los estados al punto de conseguir asignen presupuesto propio. Lo mismo ocurre a nivel federal, frente a esto, algunas feministas consideran que elevar el tema a nivel Secretaría es alternativa.

En otros casos, agrega, en el sexenio actual, se ha buscado formalmente que el presidente sea la cabeza de sistemas donde todas las Secretarías implementen la perspectiva de género transversal como Gabinete, ubicados claro, dentro de los Sistemas de la Igualdad y Violencia, esta segunda opción parece atractiva, sin embargo, a medida que se descartó el tema de la paridad en medio de un desgaste general, poco o nada se consiguió en términos de cambio estructural.

Para Adriana Ortega, el centro del problema es la voluntad política de las y los actores, el seguimiento parece indispensable, y se pregunta ¿cuál debe ser la reingeniería del proceso?

Para mí, es insustituible la Liga macro-micro para dar fuerza y presencia a las mujeres en el proceso de manera sistémica, sistemática y organizada, el tema será el manejo de recursos, la revisión de anexos a nivel federal y estatal. Allí se tejerá la misión institucional con el género de manera efectiva, afirma.

Para Elizardo Rannauro, las secretarías tienen sus funciones y atribuciones concretas. Un instituto puede impulsar la investigación y la transversalidad. Una secretaria federal no podría incidir, tendría que presidir el sistema. Desde el enfoque de la administración pública mexicana no operaría. Aunque se trata de un compromiso de la IV Conferencia Mundial de la Mujer, ONU Pekín 1995, la creación de ministerios de la mujer, la ley de la administración pública federal no dejaría incidir y al final el Instituto sí incide. Hizo notar que hasta ahora el reglamento de la ley para la igualdad no se ha hecho en diez años, y lo que dificulta que un sistema nacional para la igualdad opere. Sería un éxito fusionar el sistema de igualdad y el de violencia. Eso, Rannauro ya lo propuso en Chihuahua.

Georgina Cárdenas, especialista en gobiernos locales, señala que una Secretaría en principio tendría más personal, sedes en otras entidades que dependerían directamente de la dependencia y sobre todo, mayor presupuesto. El ser parte del gabinete ampliado, implicaría acceder a reuniones de gobierno desde otro nivel. Se hablaría de tú a tú con otras secretarías, lo que haría que no estuvieran sujetas a la buena voluntad de otros secretarios y secretarias. Lo más seguro es que se ampliarían sus facultades legalmente.

Bárbara García, regidora en Género en Oaxaca, opina que Instituto y Secretaría tienen diferente personalidad jurídica; el INM es un órgano descentralizado con autonomía, y no estoy segura si es sectorizado, su presupuesto es asignado, pero se administra libremente. La Secretaría estaría vinculada en proyección y presupuestalmente a la Administración Federal; al final de cuentas en la práctica no es tan diferente, si consideramos que la autonomía no ha sido tan cierta y el presupuesto sigue determinado por “la retahíla de la política patriarcal”.

Blanca Saldaña, coordinadora del Instituto de las Mujeres de Sonora, afirma que quienes están como instituto y quienes están como secretaría opinan que como organismo descentralizado, el instituto se tiene más autonomía que como secretaría, los recursos económicos se administran directamente. Lo que se puede hacer es ponerlo en el organigrama en el nivel de secretaria, pero como instituto.

La reflexión concreta

La doctora Adriana Ortiz Ortega, va más allá: por ahora en lo federal está la discusión, sobre cómo hacer que el género llegue a todas partes, mediante el proyecto escrito de manera puntual y selectiva sobre el género desde el INMujeres. Por ejemplo, en Sonora es muy buena la experiencia porque desde la Coordinación del ISM se exige y se trabaja. Pero en el contexto actual, simplemente es como un proceso organizado de licitación con metas, en vez de haber fondos estatales que acompañen y potencialicen estas “metas de transversalidad”; que deberían ser la base de la construcción estatal y de la creación de circuitos virtuosos. Por ahora para el ISM y otros Institutos es un tema de “pararse temprano o a tiempo”, ir a supervisar que los otros trabajen.

Con este esquema de transversalidad, queda poco aprendizaje y práctica en el sector público y el poco trabajo que se hace no construye consistencias en los actores. A lo anterior debemos añadir que en lo estatal prevalece un paradigma de la gestión pública que responde a los años cincuenta, setentas. Se trata de una gestión pública reactiva. Eso afecta en todas las áreas, pues vuelve clientelar, corporativa, la acción de género.

Alva Molina, ex responsable de la política de violencia en Sinaloa, considera que habría que hacer un análisis muy completo y llevarlo a consulta. Pensando que el Instituto de Mujeres estatal, como otros, recibe presupuesto del estado, la federación y el municipio, así como de otras instituciones, como secretaría, el gobierno del estado debe fijarle un presupuesto autorizado por los congresos, participa en los acuerdos de los estados y no podrían bajar recursos de ningún tipo. Eso sería terrible.

Gabriela Delgado Ballesteros, investigadora de la UNAM y ex responsable del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, señala que depende de su adscripción como Instituto, si es descentralizado o desconcentrado. Asimismo, de la sensibilidad, conocimiento y respeto del ejecutivo. Si no hay voluntad política y respeto, esté cómo esté o dónde esté, da lo mismo.

La diputada de Chihuahua, Blanca Gámez Gutiérrez, confesó que está confundida. Dice que hace algunos años cuando analizaban esto, se veía que era mejor permanecer tal cual, como Institutos, ahora parece que no, habría que leer la iniciativa de Angélica de la Peña. Y pensar, ver otras experiencias.