Museo Nacional de Antropología abre de nuevo sus puertas a este foro temático, como espacio de diálogo y encuentro entre comunidades/Participan los 68 pueblos originarios, así como autoridades de los tres órdenes de gobierno y de organismos autónomos. FOTOS: Edith Camacho/ INAH.

CIUDAD DE MÉXICO, 3 de septiembre del 2019.- El gobierno de México encamina lo que será el Programa Nacional de Derechos Humanos (PNDH), siendo una de sus principales reivindicaciones, la justicia a los pueblos indígenas y afrodescendiente, los cuales diseñan su propia agenda para participar de esta iniciativa. El Museo Nacional de Antropología, en la Ciudad de México, abrió de nuevo sus puertas a este foro temático, como espacio de diálogo y encuentro entre comunidades.

A fin de auspiciar buenos acuerdos durante las mesas de trabajo, el evento dio inicio con una ceremonia tradicional otomí frente al monolito de Tláloc. Enseguida, representantes de los 68 pueblos originarios del país, autoridades de los tres órdenes de gobierno y de organismos autónomos, se dirigieron al Auditorio Jaime Torres Bodet, donde el antropólogo Diego Prieto Hernández, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), dio la bienvenida a esta jornada.

El titular del INAH explicó cómo hace 500 años, la alianza entre españoles y pueblos sometidos a la Triple Alianza —encabezada por Tenochtitlan, Tacuba y Texcoco— originó un nuevo orden de sometimiento a lo que sería la Corona española. Desde ese momento, dijo, se hizo una distinción entre “razas” que perduró en la Colonia, y ya en el México independiente, los mundos diversos de los indígenas serían invisibilizados bajo la idea de una nación homogénea, es decir, mestiza.

Sin embargo, “la realidad es terca”, sostuvo. La resistencia indígena fue tal, que a finales del siglo XX logró que México se reconociera como nación pluricultural; al paso de los años, esa misma realidad ha demostrado que no basta con que así conste en la Carta Magna: “Falta mucho por hacer. Es fundamental que las diferencias culturales, lingüísticas, del color de la piel o de los modos de pensar, sean para enriquecimiento mutuo”, expresó.

Hizo hincapié en que buena parte de la defensa de los recursos naturales del planeta, que además son colectivos, proviene, precisamente, de los pueblos originarios. “En ese sentido, me parece fundamental que el tema de derechos humanos recupere la propia voz de los indígenas y los afrodescendientes, con la convicción de que nunca más vamos a poder pensar a México, sin su aporte”.

Adelfo Regino Montes, director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), recordó que, en 2006, en el seno de la Organización de las Naciones Unidas, se reconoció a los derechos colectivos como parte del catálogo de los derechos humanos, pues hasta entonces privaba la idea de que éstos concernían sólo al individuo.

El funcionario hizo entrega a la maestra Josefina Bravo Rangel, comisionada para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, de la Secretaría de Gobernación (Segob), de una carpeta que reúne los acuerdos llegados en los foros de consulta con estas comunidades (en los que participaron 27 mil personas, entre autoridades y representantes), dentro del programa nacional impulsado por la Segob y el INPI.

“Estas conclusiones, que han sido turnadas al ciudadano presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, serán la base para construir una propuesta de iniciativa de reforma constitucional que recoja plenamente los derechos de nuestros pueblos indígenas, reclamados históricamente, y que ahora también se hallan consagrados en el derecho internacional”, indicó Adelfo Regino.

Por su parte, Laura Papasergio, oficial de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humano en México, dio un panorama de la población indígena en México que asciende a 21.5 por ciento del total de la misma, mientras que 1.2 por ciento corresponde a la afromexicana, “por lo que sería impensable un programa nacional en la materia, sin la inclusión de estos importantes sectores de la sociedad.

“Los pueblos indígenas han sufrido discriminación histórica y estructural, y han sido tratados por décadas como receptores de políticas sociales diseñadas sin su participación, marginando así a las comunidades y profundizando desigualdades, tanto de poder como de acceso a derechos. Por esa razón, se debe sustituir el enfoque asistencialista, por uno de derechos humanos que promueva el empoderamiento y libre determinación de los pueblos indígenas”.

En representación de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; la secretaria de Pueblos y Barrios Originarios, Larisa Ortiz Quintero, abundó que en la capital conviven 152 pueblos y 58 barrios de profundas raíces, a los cuales se atiende mediante un programa que partió de un diagnóstico detallado de su situación. “Este ejercicio fue tan importante que fue base para la elaboración, discusión y emisión de la Constitución Política de la Ciudad de México”.

La apertura de los trabajos del Foro Temático “Pueblos Indígenas y Derechos Humanos”, también fue presidida por la senadora Xóchitl Gálvez; por Laura Téllez Martínez, titular de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia, de la Segob; por Edith Estefanía Hernández Ceballos, directora general de Política Pública de Derechos Humanos; por Marina Jiménez Ramírez, directora del Programa de Promoción para la Igualdad entre hombres y mujeres, de la Cuarta Visitaduría de la CNDH.

Asimismo, asistieron Irma Pineda Santiago, representante de Pueblos Indígenas ante el Foro Permanente de la ONU; Alfredo Sántiz Gómez, presidente municipal de Oxchuc, Chiapas; y fray Miguel Concha Malo y Dolores González Saravia, integrantes del Consejo Asesor.