Los diputados federales de Morena –encabezados por su coordinador, Virgilio Caballero– se oponen a dicha legislación, porque además se trata de una simulación e incumple la sentencia de la Suprema Corte.

CIUDAD DE MÉXICO, 11 de abril del 2018.- El grupo parlamentario de Morena se opone a la nueva Ley General de Comunicación Social, aprobada por el PRI y sus aliados, no sólo porque es una simulación e incumple con la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de emitir la ley reglamentaria del artículo 134 Constitucional, sino también por congruencia política con sus principios, coincidieron los diputados Ernestina Godoy, Alejandro Ojeda, Virgilio Caballero, Blanca Margarita Cuata, Maricela Contreras y Juan Romero.

A nombre de su bancada, Ernestina Godoy y Alejandro Ojeda se pronunciaron en contra de dicho ordenamiento durante la discusión en lo general del dictamen presentado por la Comisión de Gobernación, mientras que el resto presentó reservas al mismo.

En su turno, Godoy Ramos lamentó que esa legislación permitirá continuar con la práctica actual de asignar recursos de manera discrecional a los medios de comunicación y así controlar su línea editorial. Además, dijo, atenta contra la libertad de expresión y castiga a los medios críticos.

“Aunque vayamos a gobernar, queremos una ley que proteja la libertad de expresión, el derecho a la información, la austeridad, la transparencia y acabe con el “chayote” como política de comunicación social”, aseveró.

A su vez, Alejandro Ojeda recordó que año con año, el Ejecutivo Federal rebasa el presupuesto asignado por la Cámara de Diputados para servicios de comunicación social y publicidad, de manera onerosa y excesiva, y que poco tiene que ver con beneficios a la sociedad.

“Esos recursos no son para proporcionar información sobre el uso de recursos, programas y beneficios para la población. Por el contrario, se utilizan para promover la imagen del presidente de la República y de sus funcionarios, con el único propósito de abatir la mala percepción que todos tenemos de la administración pública que termina”, expuso.

Durante la presentación de las reservas, Caballero Pedraza urgió a dotar de recursos a los medios de comunicación de los pueblos y comunidades indígenas. Ello, apuntó, para evitar que el reconocimiento legal de las concesiones sociales deje de ser un mero acto de simulación y se cumpla con lo previsto en la propia Carta Magna.

“Llevamos casi tres años incumpliendo un mandato constitucional que obliga a los entes públicos federales a destinar el 1 por ciento de su gasto en comunicación a medios sociales”, subrayó el coordinador de la bancada de Morena.

En tanto, Ernestina Godoy llamó a poner un alto a la promoción personalizada de los servidores públicos, sobre todo porque se hace con recursos que pertenecen al pueblo mexicano. “Para Peña Nieto y todos los gobernadores y alcaldes del ‘PRIAN’ y sus rémoras, la propaganda es como el espejo de la bruja de Blanca Nieves: solo sirve para crear una ficción efímera cuando se fomenta el culto a la personalidad”.

Mencionó además que Morena propone que se establezca que en ningún caso, como lo marca el artículo 134 Constitucional, se incluyan en los informes de labores imágenes, nombres, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier funcionario.

Ante el pleno camaral, Maricela Contreras manifestó que en el ejercicio del poder público, comunicar es gobernar. Sin embargo, agregó, en el gobierno federal, la comunicación es sinónimo de negocio, opacidad y represión.

Asimismo, lamentó que la Cámara de Diputados discuta una ley de suma importancia porque se lo obliga una sentencia de la SCJN y no por convicción. “Estamos frente a una simulación apurada por cumplir una sentencia de amparo. Eso debe quedar bien claro. No se nos debe olvidar que esta soberanía no ha cumplido su obligación de legislar en tiempo y forma esta ley, a pesar de haber iniciativas que fueron presentadas a tiempo”, puntualizó.

Legaliza campañas de promoción personalizada

Morena está en contra de la nueva Ley General de Comunicación Social, porque en los hechos legaliza las campañas de promoción personalizada; permite el uso de recursos públicos para difundir logros personales; reglamenta el uso discrecional y arbitrario de la repartición de la publicidad oficial, y avala su contratación como un botín de negociación política, tal y como se ha realizado hasta ahora, aseveró el diputado Virgilio Caballero

“En México, además de atentados a medios de comunicación, agresiones, amenazas y asesinatos a periodistas, el Estado ha encontrado formas más sofisticadas para la censura y por décadas la asignación arbitraria y discrecional de la publicidad oficial ha sido el mecanismo más eficaz para controlar e impedir el derecho a la información y el ejercicio de la libertad de expresión”, reclamó.

Al presentar la postura de Morena sobre el proyecto de decreto para expedir dicha ley, sostuvo que esas reprobables prácticas atentan contra la débil democracia mexicana y contravienen el mandato de los artículos 6 y 7 de la Constitución Política, así como el 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, respecto a que el derecho a la libertad de expresión no puede estar sujeto a previa censura.

El coordinador señaló que la simbiosis entre gobiernos y dueños de algunos medios de comunicación, en particular los de mayor poder económico, ha sido de gran provecho político y económico para los gobernantes y partidos políticos del régimen a costa del derecho a la información de la población.

“Cabe recordar que el gobierno panista de Felipe Calderón, de acuerdo con datos oficiales, ejerció cerca de 40 mil millones de pesos en publicidad oficial y comunicación social, cifra igualada en 2017 por la actual administración priista de Enrique Peña Nieto, de quien se espera que al final de su sexenio habrá ejercido cerca de 60 mil millones de pesos, de acuerdo con datos de las organizaciones Artículo 19 y Fundar”.

El legislador resaltó que Morena se opone a que sea la Secretaría de Gobernación la encargada de expedir y evaluar la normatividad de la comunicación social, y urgió a que la ley en la materia establezca directrices y límites de los sujetos obligados en las campañas publicitarias durante los procesos electorales.