El presidente de la CNDH, Luis Raúl González, señala que la ley es contraria a la reforma de 2011, sobre derechos humanos, y genera la posibilidad de que se vulneren derechos y libertades básicas de los mexicanos.

CIUDAD DE MÉXICO, 25 de enero del 2018 (Notilegis).- El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, afirmó que la Ley de Seguridad Interior es contraria a la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos y no beneficia directamente a la población, ni a los elementos de las Fuerzas Armadas.

“El articulado de la Ley de Seguridad Interior (promulgada por el Ejecutivo federal en diciembre pasado e impugnada por diversas instancias ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación) es contrario al contenido y esencia de la reforma de 2011”, puntualizó.

González Pérez abordó el tema ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, al presentar su informe anual de labores, correspondiente a 2017.

Sostuvo que esa Ley “genera la posibilidad de que se vulneren derechos y libertades básicas reconocidas en favor de las y los mexicanos, además de afectar el diseño y equilibrio constitucionalmente establecido entre la Federación y los estados, las instituciones, órganos del Estado y Poderes”.

Recordó que uno de los argumentos para promover y fundamentar la Ley de Seguridad Interior fue la necesidad y conveniencia de dar certeza a la población y a los miembros de las Fuerzas Armadas, sobre la actuación del ejército en tareas de apoyo a la seguridad pública.

Sin embargo, “la simple lectura de la ley, en sus términos actuales, permite advertir que no reporta ningún beneficio directo a las personas ni a los elementos militares que intervienen y arriesgan su vida en esas tareas”, comentó el funcionario.

Consideró que dicha legislación posibilita, sin parámetros objetivos ni las debidas garantías de transparencia y rendición de cuentas, “que el Ejecutivo federal pueda ordenar discrecionalmente la intervención de las Fuerzas Armadas e incidir en el ámbito de libertades y derechos de las personas, por cuestiones imprecisas y de subjetiva interpretación, como preservar el desarrollo nacional o el Estado de derecho”.

González Pérez subrayó que la acción de inconstitucionalidad que la CNDH presentó, ante la SCJN, en contra de la Ley de Seguridad Interior, de ninguna manera busca atacar a las instituciones o debilitar el Estado de derecho, ya que es un recurso que brindan las instituciones y las leyes.

“Propusimos que se construyera ese marco de análisis y discusión, en un ejercicio con la sociedad civil, academias y las propias Fuerzas Armadas. Esa ausencia favoreció que hayamos impugnado su constitucionalidad (de la Ley de Seguridad Interior)”, manifestó.

Emite CNDH en 2017 mayor número de recomendaciones

La CNDH emitió en 2017 el mayor número de recomendaciones por violaciones graves a estos derechos desde su creación, pero las quejas contra las Fuerzas Armadas disminuyeron, afirmó su presidente.

“2017 podrá ser considerado un año atípico para los derechos humanos en nuestro país”, por la disminución de quejas contra las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar) y por el número de recomendaciones emitidas por violaciones graves, indicó.

Comentó que las quejas recibidas y las recomendaciones emitidas contra Sedena y Semar bajaron respecto a 2016.

Sin embargo, añadió, “ambas instancias continuaron siendo señaladas como responsables de presuntas violaciones a derechos humanos que involucrarían conductas de evidente gravedad, como tortura, desaparición forzada o ejecución arbitraria, entre otras”.

Apuntó que la CNDH emitió un total de 97 recomendaciones, de las cuales cinco fueron por violaciones graves en casos ocurridos antes de 2017, pero cuyas investigaciones culminaron en ese año; 81 fueron ordinarias; ocho del mecanismo de prevención de tortura, y tres generales.

“Durante 2017, este organismo nacional emitió cinco recomendaciones por violaciones graves a los derechos humanos, lo cual representa más de la mitad del total de las nueve recomendaciones formuladas bajo tal calificación durante la existencia de la CNDH”, señaló

Las recomendaciones por violaciones graves se dirigieron a 15 autoridades, entre las que destacan la Procuraduría General de la República (PGR) y el gobierno de Veracruz, porque cada instancia recibió dos recomendaciones de este tipo.

Los casos por lo que se emitieron estas cinco recomendaciones fueron: el tráfico de niños en el DIF de Sonora, entre 2009 y 2015; la investigación sobre los 49 cuerpos hallados en fosas clandestinas en Cadereyta, Nuevo León, en mayo de 2012, y el uso excesivo de la fuerza en un operativo policial en Nochixtlán, Oaxaca, en junio de 2016.

Asimismo, por los casos de las desapariciones forzadas de tres jóvenes en Papantla, Veracruz, en marzo de 2016; y la tortura, ejecución y desaparición forzada de cinco jóvenes en Tierra Blanca, Veracruz, en enero de 2016.

Las 81 recomendaciones ordinarias representaron un aumento de 16 por ciento respecto a 2016 y se dirigieron a 62 autoridades, entre las que resaltan: el Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS), con 19 casos; la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), con 13; la PGR, con 13; el Instituto Nacional de Migración (INM), con 7; el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con cuatro, y la Semar, con igual número.

En materia de quejas, las autoridades que fueron señaladas con mayor recurrencia de presuntas violaciones a derechos humanos fueron: el IMSS, con dos mil 634 casos; el ISSSTE, con mil 78; la Secretaría de Educación Pública (SEP), con 656, y el INM, con 521 quejas.

Le siguieron la Policía Federal, con 425 quejas; la PGR, 422; la Sedena, 415; la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), 386; el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación, 377, y la Semar, con 259 casos.

Las entidades federativas en las que se reportó con mayor frecuencia la comisión de algún hecho presuntamente violatorio a derechos humanos fueron: Ciudad de México, Estado de México, Veracruz, Chiapas, Jalisco, Aguascalientes, Tamaulipas, Michoacán y Oaxaca.