La REDMYH exhorta a todos los aspirantes a algún cargo de elección popular a dar cumplimiento a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y evitar promoción de estereotipos que violentan y discriminan a las mujeres.

CAMPECHE, Cam. 9 de marzo del 2021.- La Red de Mujeres y Hombres por una Opinión Pública con Perspectiva de Género en Campeche reiteró su llamado a todas los aspirantes a un cargo de elección popular a cumplir con el deber de prevenir las violaciones a derechos humanos y la discriminación.

También, la organización feminista demandó dar cumplimiento a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y evitar la promoción de estereotipos que violentan y discriminan a las mujeres, así como a la Ley General de Víctimas que establece el principio de “buena fe” y la “no criminalización”.

La Red recordó a las mujeres y los hombres que están postuladas y postulados para algún cargo de elección popular que son los primeros obligados en promover el respeto a los derechos humanos, a evitar la criminalización de las mujeres y niñas víctimas de la violencia de género y atender a los principios que establece el artículo 1 Constitucional, que mandata la prohibición de la discriminación por razón de género.

En ese sentido, la REDMYH manifestó que, con la experiencia de acompañar a mujeres y niñas víctimas de violencia, reitera que el ejercicio de denuncias de las mujeres y niñas es un derecho y se da en el momento en el que las víctimas están listas para denunciar, pues existen múltiples factores relacionados con la violencia estructural y sistémica que prevalecen que obstaculizan y dilatan para que ellas decidan denunciar.

“En el contexto político-partidista actual, cuestionar las condiciones de la denuncia de las víctimas de violencia sexual, no solo es una posición indolente frente a las miles de víctimas que en todo el país se registran anualmente por violencia sexual”, expresó.

“No hay que olvidar que tan sólo en 2020, de acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo Nacional del sistema Nacional de Seguridad Pública, se registraron un total de 16 mil 543 presuntos delitos de violencia sexual”, indicó.

Mencionó que desde el trabajo de acompañamiento que realizamos en la REDMYH AC, con víctimas de diversos tipos de violencias, “hemos denunciado la complejidad de los procesos de denuncia, seguimiento y reparación en los casos de violencia contra mujeres y niñas”.

“Es de suma importancia recordar que el Estado tiene una responsabilidad muy importante, que es la de garantizar la vida de las mujeres y las niñas”, agregó.

En ese sentido, abundó, es importante que la mirada de las y los candidatos, ya sea estatales o locales, tengan un análisis con mayor profundidad, pues la transformación social lo requiere.

La organización civil aseguró que en México 11 mujeres son asesinadas en el país y que “casi más del 35 por ciento de las mujeres ha experimentado alguna vez violencia física o sexual por parte de una pareja íntima, o violencia sexual perpetrada por una persona distinta de su pareja”.

“Menos del 40 por ciento de las mujeres que experimentan violencia buscan algún tipo de ayuda. El número de llamadas a las líneas telefónicas de asistencia se ha quintuplicado en algunos países como consecuencia del incremento de las tasas de violencia de pareja provocada por la pandemia de Covid-19”, expuso.

“Ser víctima tiene muchas implicaciones y nos preocupa que en aras de interés políticos-partidistas, se menosprecie o minimice la gravedad de la violencia sexual, y no se reconozca la complejidad detrás del delito y de lo difícil que ha sido motivar la denuncia de estos hechos por parte de las víctimas en todo el país”, aseveró.

Asimismo, apuntó, bajo el principio de buena fe, de la Ley General de Victimas, las instituciones y toda la sociedad está obligada a dar prioridad al testimonio de la víctima y evitar la revictimización que es otra forma de violencia, muy presente y normalizada en el Estado Mexicano y sus instituciones y actores políticos.

“Por ello, es muy importante acompañar y apoyar la voz de las que denuncian con mensajes contundentes de que esto no puede seguir ocurriendo. Es urgente que los y las aspirantes a cargos de elección popular se actualicen y pasen por un proceso de formación en derechos humanos, especialmente en derechos humanos de las mujeres, las responsabilidades de acceso a la justicia para las víctimas y eviten la discriminación por razón de género, además de apostar por una mirada con perspectiva de género, intercultural más humana y empática con las víctimas”, finalizó.