Por Itzel Porras y Maya Averbuch

Búsqueda en el CERSS 03 de Tapachula (Foto: Prometeo Lucero)

TAPACHULA, Chis. 4 de diciembre del 2017.- La Caravana de Madres Centroamericanas recorrió el Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados número 3 de Tapachula, para mostrar fotografías de sus hijos desaparecidos. Subieron las escaleras de la parte de afuera de la cárcel, que divide en un área para mujeres y otra para hombres.

Año con año, las madres y padres de la caravana se encuentran con el mismo problema: algunas personas, una vez que ingresan a prisión, cambian su nombre por temor o bien, las fichas de los reclusos no contienen información personal completa o fotografía del preso, lo que obstaculiza la identificación.

Según Diana Córdoba, encargada del Área Jurídica del penal femenil en Tapachula, de las 33 internas en el área de mujeres, sólo siete son centroamericanas. En la cárcel, de mediana seguridad, hay personas con sentencias de hasta 50 años.

“Hay pocas organizaciones enfocadas en el problema de las personas encarceladas, algunos con varios años sin tener sentencia. Aunque había una reforma del sistema penal acusatorio en 2011, siguen realizándose procedimientos con el antiguo sistema, en el cual los procedimientos son por escrito, en comparación con el nuevo proceso oral”, explica Lilia Íñiguez, abogada del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova.

“Es muy frecuente que muchas mujeres sean aprehendidas en redadas policiales en centros donde ellas mismas son víctimas de trata, en lugares donde hay comercio sexual”, dijo Iñiguez. “Al revisar los expedientes de las compañeras centroamericanas, hay una cantidad de faltas procesales impresionantes”.

Los presos se quejaron del mal trato que las autoridades dan a los migrantes. Alberto Gómez, de Perú, quien lleva siete años preso, acusado de un homicidio que dice no haber cometido, explica que no se le ha dado seguimiento a su caso. “Hay muchas injusticias aquí dentro y yo soy una de ellas”, apunta.

También las madres encontraron casos, donde los internos de origen centroamericano intentan comunicarse con sus familiares enviando cartas, pero por parte del reclusorio no reciben confirmación de que su familia está enterada de su caso.

Es el caso de Rosalba, de origen guatemalteca, quien lleva un año y cuatro meses presa sin comunicarse con su familia.  Cuando vio las fotos que llevaron las madres, se puso a sollozar y mencionó, “Mi mamá no sabe que estoy aquí. Debe pensar que estoy muerta”, indica.

Eva Ramírez, coordinadora de Comité de Familiares de Migrante Desaparecidos Amor y Fe en Tegucigalpa, Honduras, con experiencia previa en reclusorios, comparte que en estos casos, “la mayoría son inocentes, pero les hacen firmar una carta donde ellos mismos se condenan”.

Durante la muestra de fotografías en el área común, varios presos se acercaron y compartieron información de las personas que conocían, pistas que las madres apuntaron con interés para continuar en su búsqueda.