Greenpeace presenta el estudio global “Justicia para la gente y el planeta”, en el que incluye “el impacto del permiso de Monsanto para plantar comercialmente soya transgénica en las comunidades mayas de Campeche”, y expone “cómo el modelo de producción agroindustrial se contrapone con la cosmovisión maya de respeto a la naturaleza”.
Por Daniel Sánchez
CAMPECHE, Cam. 19 de enero del 2018.- La organización ambientalista internacional Greenpeace aseguró que “la empresa de agroquímicos Monsanto, con sede en los Estados Unidos, ha realizado esfuerzos para promover los Organismos Genéticamente Modificados (OGM) en México, incluyendo el cabildeo, que condujeron a violaciones de los derechos de los pueblos indígenas” mayas de Campeche.
"Las autoridades no consultaron a las comunidades locales, ni protegieron diversos derechos humanos, al tiempo que apoyaban a Monsanto en el desarrollo de soya transgénica. A las comunidades indígenas, no se les han propuesto suficientes soluciones, ni se les ha reparado el daño infligido. El caso también muestra lo que estas comunidades lograron a través de la resistencia al poder corporativo y a la colaboración entre el Estado mexicano y las corporaciones”
Al analizar “el impacto del permiso de Monsanto para plantar comercialmente soya transgénica en las comunidades mayas de Campeche, México”, como parte del estudio global “Justicia para la gente y el planeta”, la agrupación ecologista señaló que “este caso muestra cómo la promoción de un enfoque agroindustrial basado en el monocultivo viola los derechos humanos de los pueblos indígenas”.
“Asimismo, expone cómo el modelo de producción agroindustrial se contrapone con la cosmovisión maya de respeto a la naturaleza. A pesar de ello, las autoridades públicas no consultaron a las comunidades locales, ni protegieron diversos derechos humanos, al tiempo que apoyaban a Monsanto en el desarrollo de soya genéticamente modificada”, expresó.
“A las comunidades indígenas, no se les han propuesto suficientes soluciones, ni se les ha reparado el daño infligido. El caso también muestra lo que estas comunidades lograron a través de la resistencia al poder corporativo y a la colaboración entre el Estado mexicano y las corporaciones”, puntualizó.
Greenpeace manifestó que Monsanto tiene un historial de actividad en el sector de la soya en México y recordó que durante 10 años (2000-2009), la producción tuvo lugar bajo el estado de etapa «experimental».
“En 2010 y 2011, estas plantaciones se convirtieron en un «programa piloto», dándoles más flexibilidad legal. En 2012, las autoridades federales otorgaron a Monsanto autorización para cultivar soya genéticamente modificada (GM) con fines comerciales, sin consultar primero a las comunidades indígenas afectadas”, indicó.
“El permiso cubría 253 mil 500 hectáreas en siete estados mexicanos, incluyendo Yucatán y Campeche. Las comunidades mayas locales señalaron, entre otros agravios, que la contaminación del agua con herbicidas, la deforestación y el impacto del proyecto en la apicultura eran motivos de preocupación. Las poblaciones de abejas ya se han reducido significativamente, debido al uso de otros plaguicidas en la agricultura industrial, como los neonicotinoides”, recordó.
“Otros efectos adversos incluyen conflictos sociales entre los agricultores que promueven el modelo industrial y las comunidades mayas que mantienen una cosmovisión basada en el respeto por la naturaleza”, asentó.
Aseveró que varias quejas administrativas y judiciales han sido presentadas por organizaciones de la sociedad civil y las comunidades de Campeche y Hopelchén. En 2012, los apicultores mayas de Yucatán y Campeche presentaron una demanda contra el permiso de Monsanto. Los argumentos presentados incluyeron violaciones de una serie de derechos de los pueblos mayas en el estado de Campeche:
“Derechos laborales, debido a que los consumidores alemanes (un importante mercado de exportación) rechazan la miel con rastros de polen, si ésta proviene de plantaciones de soya transgénica; el derecho a un ambiente sano; el derecho al consentimiento libre, previo e informado (Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales); y la necesidad de aplicar el principio precautorio, que figura en el Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad y en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo”.
“El caso llegó a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual, en noviembre de 2015, dictaminó que los responsables de haber otorgado el permiso a Monsanto «la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), junto con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)», tenían la obligación de solicitar el consentimiento previo de las comunidades indígenas afectadas”, agregó.
“Después de que las secretarías no lo hicieron, la Suprema Corte dictaminó que no podría haber plantaciones legales de soya GM hasta que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los OGM (Cibiogem) consulten con las comunidades indígenas que presentaron la demanda”, abundó.
“Las autoridades judiciales no reconocieron la obligación de otorgar reparación de los daños a las comunidades mayas, sin proporcionar argumentos al respecto. En marzo de 2016, comenzó la consulta indígena, pero con muchas deficiencias y violaciones; y la soya GM continuó plantándose ilegalmente en el estado de Campeche en 2016”, añadió.
“En respuesta a estas violaciones, en octubre de 2016, los agricultores indígenas presentaron una petición (1447-1416) ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y testificaron ante el Tribunal Internacional de Monsanto, que es una iniciativa internacional de la sociedad civil, apuntó.
“Finalmente, en 2017, el secretario de Agricultura sancionó a varios agricultores por plantar soya GM de manera ilegal. En junio de 2017, Monsanto, que había estado distribuyendo soya en años anteriores, declaró en su sitio web que la compañía había decidido no comercializar la soya GM en México”, concluyó.
Aquí puedes consultar el estudio de caso de Greenpeace:
