Diputados y dirigentes señalan a Dione Anguiano de desviar 108 millones de pesos con fines electorales y aseguran que con 2 programas sociales “se violenta la equidad en el proceso electoral, se desvirtúa la democracia y se atenta contra las elecciones limpias y libres”.

CIUDAD DE MÉXICO, 7 de febrero del 2018.- Diputados federales y locales, así como dirigentes de Morena en la Ciudad de México, presentaron hoy una denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) por el desvío de recursos públicos con fines electorales de la jefa delegacional de Iztapalapa, Dione Anguiano Flores.

La diputada federal de Morena, Ernestina Godoy, precisó que el “programa social” que pretende implementar la delegada no genera bienestar alguno a los sectores de la población, pero sí será utilizado con fines político-electorales, lo que a todas luces violenta la equidad en el proceso electoral, desvirtúa la democracia y atenta contra las elecciones limpias y libres.

Manifestó que si las autoridades toleran este tipo de programas, se deja al descubierto la intromisión ilegal del gobierno en las elecciones para favorecer intereses familiares y partidistas. Por ello, dijo, la importancia de activar la investigación en la FEPADE en dos acciones institucionales denominadas “Poder Ciudadano” y “Poder Vincularse”.

Al igual que el dirigente de Morena en la Ciudad de México, Martí Batres, y los diputados Ana María Rodríguez y Jesús Valencia, Godoy Ramos sostuvo que la denuncia es tan clara que no deja dudas sobre el uso electoral de los recursos públicos, dado que coinciden el número de promotores y difusores con las mil tres secciones electorales que tiene Iztapalapa.

Indicó que la normatividad electoral prohíbe el desvío de recursos públicos para actividades de promoción y difusión, además, estas actividades no le corresponden al Ejecutivo, sino a las autoridades electores, siendo una franca violación a la normatividad electoral.

“En Morena, apostamos a las instituciones, al Estado de Derecho. Queremos que se actúe. Por eso estamos todos los diputados de Iztapalapa presentando esta denuncia; no vamos a permitir que Dione Anguiano actúe de manera delincuencial en este proceso electoral”, advirtió.

Por su parte, el diputado Jesús Valencia acusó de complicidad a las autoridades del gobierno central a través del Coplade, donde se autorizan los programas sociales. “Tan es así que estamos observando la institucionalización de la operación electoral en favor de su sobrina Karen Quiroga, a quien le pretende heredar el cargo”, indicó.

La diputada Ana María Rodríguez hizo un llamado a la delegada en turno a utilizar esos recursos para atender a los damnificados de la demarcación, en lugar de emplearlos para la compra del voto. En Iztapalapa, citó, “tenemos al menos 60 colonias afectadas por el sismo, 43 de las cuales están en total abandono por parte del gobierno delegacional”.

Al respecto, Martí Batres destacó que los 108 millones de pesos que pretende utilizar la Delegación Iztapalapa para fines electorales, representan el triple de todo el presupuesto que tiene asignado el PRD en la Ciudad de México para su campaña electoral, el cual es de 38 millones de pesos.

Es un cinismo, un descaro y una desfachatez lo que pretende hacer la Jefa Delegacional en Iztapalapa, sentenció el Presidente de Morena en la Ciudad de México, al señalar que se planea contratar a dos promotores a quienes se les pagará seis mil y tres mil pesos para que operen en cada uno de los mil tres sectores electorales.

Al concluir, Batres llamó a las autoridades electorales a cancelar de manera inmediata este programa que pretende robar más de cien millones de pesos a los capitalinos.

Además de Ana Rodríguez y Ernestina Godoy, los diputados que firmaron la denuncia son: Araceli Damián González, Ana Leticia Carrera Hernández, Renato Molina Arias, Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, Jesús Salvador Valencia Guzmán, Aleida Alavez Ruiz y Carlos Alfonso Candelaria López.

Finalmente, informaron que también se presentarán denuncias ante la Contraloría General del Gobierno de la Ciudad de México y el Instituto Nacional Electoral (INE), porque existen indicios de responsabilidades administrativas, penales y políticas.