El senador Manuel Bartlett señala como legado del régimen y sus aliados: corrupción generalizada, pérdida de soberanía, Estado debilitado, impúdica concentración de la riqueza, nulo crecimiento, ínfimos salarios, desempleo, juventud sin esperanzas y tragedia nacional, por inseguridad, terror y violencia.
CIUDAD DE MÉXICO, 30 de abril del 2018.- El coordinador parlamentario del PT-Morena en el Senado de la República, Manuel Bartlett Díaz, aseguró que el grupo parlamentario de izquierda inició con cinco senadores y terminó fortalecido con 19 integrantes, y afirmó que “ha sido, desde el primer día, oposición a la representación legislativa del gobierno neoliberal, antisocial y antinacional”.
El legislador federal manifestó que la oposición es indispensable en un régimen democrático, que deriva de un mandato expresado en las urnas y debe representarse nítidamente en el legislativo. “Lo hemos hecho y está registrado en Diario de los Debates del Congreso de la Unión”, indicó.
“El entramado jurídico que la mayoría, con sus aliados integrantes del “Pacto por México”, tejió en las legislaturas LXII y LXIII, contiene la impronta de la ideología, los intereses y compromisos externos del presidente y fue el sustento de sus acciones. Las leyes no son entelequias neutrales elucubradas por legisladores, son proyectos ideológicos que impactan a la sociedad, a 130 millones de mexicanos”, señaló.
“¿Qué sociedad tenemos? ¿Qué se entrega? ¿En qué se benefició a pobres, indígenas, obreros, campesinos, clases medias, mujeres, familias, los jóvenes? ¿A México? Graves resultados que la sociedad reprueba hoy: corrupción generalizada, pérdida de soberanía, Estado debilitado que gobernó para la élite, abandonando a la mayoría, impúdica concentración de la riqueza, 50 millones de pobres –un millón cada año-, nulo crecimiento, ínfimos salarios para atraer al inversor, desempleo, juventud sin esperanzas. Tragedia nacional: inseguridad, terror, violencia –hasta ahora- sin esperanza. Este es legado del régimen que se extingue, apoyado en la legislación, sin correctivos, del Senado de la República”, puntualizó.
Bartlett Díaz inició el análisis del trabajo del Senado de la República, con el llamado Pacto por México, suscrito por PAN, PRD y PRI, en franco apoyo al presidente de la República, catálogo de “compromisos” neoliberales, de origen OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), instrumento de los poderes hegemónicos.
“El “Pacto” construyó una mayoría en el Senado, ajena a sus electores, que permitió a sus cúpulas imponer reformas constitucionales y legales, disolventes de principios esenciales de México, para crear un entramado jurídico acorde a intereses, transnacionales y de élites nacionales”, expresó.
“Las llamadas Reformas Estructurales, bajo la pretendida defensa del libre mercado, la competencia, el combate a los monopolios, la inversión extranjera, instauraron una estructura de apertura total del territorio y patrimonio nacionales, con garantías exorbitantes a la operación de intereses foráneos, frente a los nacionales, sometidos al poder hegemónico del mercado”, indicó.
Detalló que la Reforma Energética representó la “privatización de hidrocarburos, su extracción y toda la industria petrolera; deterioro de la refinación para importar gasolinas y entregar el mercado nacional. Privatización de la generación de electricidad y sus instalaciones. Las “empresas productivas del Estado”, Pemex y CFE, a través del modelo corporativo, diseñado por la OCDE, quedan prácticamente como empresas privadas”.
“Las Telecomunicaciones y la radiodifusión abiertas cien por ciento a la inversión extranjera; espectro radioeléctrico y espacio aéreo, al alcance de los grandes oligopolios mediáticos; restringiendo la información y cultura nacionales”, agregó.
“La Reforma Educativa, conforme al designio de la OCDE, orientada a la privatización, relegando el principio humanista, social y nacional del Artículo 3º, subordinando las relaciones laborales en el sector educativo a supuestas evaluaciones”, abundó.
“La Reforma Laboral incorpora mecanismos que precarizan del derecho al trabajo: contratos a prueba, outsourcing, abaratamiento del despido laboral, rompiendo el equilibrio entre los sectores de la producción”, añadió.
“Transparencia: reforma centralista donde son sujetos obligados los partidos y sindicatos; los poderes mediáticos y económicos intocados. Corrupción: desde el Pacto se comprometió un sistema anticorrupción. Nos vamos y no existe. En el proyecto presentado, primó la simulación, los organismos y funcionaros del sistema son todos empleados del Ejecutivo. Aun así, el sistema quedó inconcluso, pero no el desenfreno de la corrupción como sistema político”, asentó.
Sobre las reformas fiscales, el senador morenista afirmó que son “promotoras del endeudamiento desbocado, favorables a la concentración del ingreso. El Estado reducido al mínimo para favorecer al mercado. Privatización del derecho público con esquemas público-privado para penetrar los servicios públicos”.
“Seguridad pública. El combate al crimen organizado y al narcotráfico obedece a la estrategia norteamericana, aceptada por la presidente Felipe Calderón, continuada por Enrique Peña Nieto: guerra, encomendada a las fuerzas armadas, disminuyendo a policías federales, locales y municipales”, aseveró.
“Continuó con la instrumentación de un Estado político-militar, sin ninguna prevención ni política para remediar el rompimiento del tejido social, como apoyos al campo, a los jóvenes, desempleados, nada, ¡guerra! Crecimiento exponencial del presupuesto militar, armamentismo innecesario, tanques, helicópteros; letalidad creciente; aceptación de la Nueva Doctrina de la OEA, que sostiene que los “riesgos y amenazas” no provienen del exterior, sino de un “enemigo interno”: terrorismo, crimen organizado, migración… mexicanos. Código Militar de Procedimientos Penales ampliando las funciones castrenses; militarización de todos los puertos. Ley de Seguridad Interior, militarización de la seguridad pública”, enlistó.
“Al margen del Poder Legislativo, con base en el llamado el ASPAN, Plan Mérida y sucesores, Calderón acordó con Estados Unidos la “guerra contra el narco”, estrategia continuada y profundizada por el actual gobierno. Con el pretexto de cooperación en seguridad, se concertaron compromisos inconstitucionales. Rebautizado como Dialogo Económico de Alto Nivel (DEAN), los Ejecutivos mexicano y norteamericano suscribieron acuerdos sobre numerosos campos de la acción pública, interesando política económica, social, e internacional, todos inconstitucionales, por encima del Senado, participe constitucional de la política internacional”, apuntó.
Manuel Bartlett expuso también que corresponde al Senado emitir una amplia gama de nombramientos: Ministros de la Suprema Corte, Magistrados, Procurador la Republica, integrantes de comisiones y Consejeros de energía, comisionados de Derechos Humanos; 484 en el sexenio. Función de altísima responsabilidad del Senado, sometida al mercado de los intereses partidistas, en negociaciones ocultas para distribuirse los nombramientos. Acuerdos que corrompen las instituciones, independientemente de la calidad de las personas, éstas quedan atrapadas en una red de dependencias, como –recientemente- el Tribunal Electoral y el “Bronco”.
“Planteamos mecanismos que garantizaran la independencia de los nombrados, sin éxito. Tenemos registradas las votaciones de las fracciones parlamentarias en dichos nombramientos a lo largo del sexenio”, mencionó.
“Conforme a la Constitución, secretarios y funcionarios diversos deben comparecer ante el Senado. En estas presentaciones, que significan obligaciones de los comparecientes ante el Senado. En lugar de ser el Senado, el tribunal y el funcionario, el obligado, se colocó a éste por encima del Senado, en el estrado de la Presidencia, donde jura decir verdad so pena de castigo, pero -protegido por el formato y su mayoría- dice lo que quiere y no contesta nada. Simulación que hizo de las comparecencias una exhibición favorable al funcionario y sumisión del Senado de la República. Los cuestionamientos de la oposición no fueron contestados”, recordó.
Aseguró que la Reforma Energética fue impuesta, violando los requisitos que establece el artículo 135 para reformas constitucionales, además de los reglamentos internos. Las iniciativas y sus dictámenes llegaron de la Presidencia, las comisiones -sin debate- suscribieron, mecánicamente, remitiéndolas al Pleno; las aprobaciones en los congresos locales violaron los requerimientos constitucionales. Vía amparo, se denunciaron las violaciones, un juez de distrito les dio entrada, el pleno de la Suprema Corte se negó a atraerlas, pese a su trascendencia –la enajenación del petróleo nacional. En un proceso sigiloso, un Colegiado resolvió la improcedencia del amparo contra reformas constitucionales cuando el agravio consiste en violación del procedimiento. Presentamos el caso ante la Comisión Interamericana, la resolución está pendiente.
“La política de Migración se cedió a los intereses norteamericanos: criminalización de migrantes, auténticas cárceles, trato inhumano a los hermanos centroamericanos. La injerencia externa impuso toda clase de medidas para impedir la movilidad hacia la frontera; llegando, el Senado, al extremo de aprobar la presencia de agentes norteamericanos, en nuestras estaciones migratorias, armados”, citó.
“El TTP, aparentemente suspendido por el presidente Trump, establece graves restricciones para el desarrollo mexicano, prohibiciones para políticas sociales, industriales, agropecuarias. Fue aprobado por este Senado, sin un verdadero debate, como si se tratará de un instrumento intrascendente”, denunció.
Sobre la Ley General de Comunicación Social, el legislador comentó que la Suprema Corte amparó a la ONG “Articulo 19” por no haberse legislado la materia de propaganda gubernamental, omisión que auspició discrecionalidad, gasto incontrolado, compra de medios y censura. La ley aprobada mantiene el sistema sin cambios, 50 mil millones gastados por el gobierno en el sexenio, y otros millones ocultos que alimentaron una auténtica dictadura mediática, manipulando a la opinión pública, desinformado, engañando. Nada se corrigió con la ley.
“Ante las iniciativas y dictámenes contrarios a la soberanía nacional, a la justicia social y otras, sostenidas con la vestimenta neoliberal, argumentamos y votamos en contra. Queda en el registro oficial”, insistió.
“Podemos reconocer que la mayoría y sus aliados, en control de los órganos de gobierno del Senado, así como senadores en general, respetaron nuestras intervenciones, con algunas estridencias, de un lado y de otro, lógicas de un parlamento. Sin embargo, nuestras iniciativas y puntos de acuerdo, como la abrogación de la reforma educativa, nuestra iniciativa alterna a la Ley de Seguridad Interior y puntos de acuerdo relativos a diferencias con acciones y funcionarios del Ejecutivo, nunca fueron ni siquiera discutidos, vulnerando el respeto a la minoría, elemento fundamental de la democracia. Nuestras intervenciones fueron sistemáticamente minimizadas o ignoradas”, concluyó.