El Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, junto con organizaciones y académicos, alerta por la iniciativa de reforma a la Ley Federal de Variedades Vegetales en la Cámara de Diputados federal/Fotos tomadas de la página web de CCMSS.
CIUDAD DE MÉXICO, 1 de julio del 2020.- El Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS) señaló que la iniciativa de reforma a la Ley Federal de Variedades Vegetales, de aprobarse, se avanzaría hacia la privatización de las semillas y hacia la criminalización de los productores que las guardan o las intercambian.
En un texto denominado “La privatización de las semillas representaría un golpe para las familias y las economías campesinas. Atentaría gravemente contra sus derechos”, firmado por Gerardo Suárez, el CCMSS manifestó que organizaciones y académicos llaman a frenar este cambio, que tendrá graves repercusiones.
“Los países que se han adherido al Acta UPOV91 han sufrido una pérdida dramática de su biodiversidad, porque han perdido la libertad de producir los alimentos. Estamos ante la pérdida de toda nuestra base alimentaria”, advirtió.
Afirmó que “México enfrenta un nuevo intento de despojo de las semillas y la agrobiodiversidad a través de un entramado legal que pretende privatizar las semillas, mediante de la adhesión al Acta UPOV91, que criminalizaría a los campesinos que utilicen semillas sin el pago de derechos de uso”.
“Esto contraviene las prácticas milenarias de los pueblos y comunidades indígenas, en lo que se refiere a la selección e intercambio de semillas, mismas que han permitido domesticar las plantas que nos alimentan hoy en día, como el maíz, la calabaza, los chiles, el frijol y muchos otros cultivos”, expresó.
Ley es parte de entramado de leyes por TMEC y TPP
“La firma del Tratado de Libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), así como del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP) y una serie de leyes nacionales, como la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas y la Ley Federal de Variedades Vegetales, “son una maraña de normas que tienen un afán privatizador de bienes comunes, como las semillas, que son la base que nos permite a todos tener comida,” resalta Catherine Marielle, coordinadora del Programa Sistemas Alimentarios Sustentables del Grupo de Estudios Ambientales (GEA).
Añade que tanto el TMEC como el TPP “son tratados que nos obligan, aparentemente, a adherirnos al Acta de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) del año 91.” La UPOV es una organización intergubernamental con sede en Ginebra, Suiza, que fomenta y norma la patente de variedades vegetales y germoplasma por parte de particulares.
La especialista asevera que “la UPOV es una norma impulsada por países ricos desde 1961 y estos países miembros impulsan cada vez más que las actas de la UPOV sean más privatizadoras”.
Catherine Marielle explica que actualmente México está adherido al Acta UPOV 78 y es indispensable que se conserve en ese Acta, porque con esta versión no se patentan las variedades, ni los genes, y se privilegia el intercambio de los bienes genéticos y semillas libremente por parte de los campesinos y permite el cruce de diferentes variedades.
“Mientras que la UPOV 91 limita y excluye esas prácticas, porque privilegia el pago de derechos a quienes patentan estas variedades vegetales. Es una entrada para que las transnacionales se apropien del patrimonio biológico”, alerta.
En México, agrega, las semillas son un bien común de los pueblos y la humanidad, pero con la adhesión al Acta de UPOV91 los campesinos tendrían que usar semillas compradas para poder producir, no podrían reutilizarlas, ni seleccionar, y tendrían que pagar para su uso.
Plantea que “es una lucha feroz entre el libre intercambio de semillas campesinas y la privatización de esos bienes comunes impulsado por grandes empresas que monopolizan este mercado, que implica mucho dinero, de alrededor de 100 mil millones de pesos”.
Adoptar UPOV91 sería catastrófico para México, “se prohibiría guardar las semillas y no se podrían volver a usar sin pagar los derechos. En los países en los que ya está aprobada esta legislación ya hay prácticas de encarcelamiento a quienes no paguen los derechos de uso. Estados Unidos, por ejemplo, tiene una policía genética que verifica el pago de los derechos de uso de las variedades vegetales y si no pagan son procesados penalmente”, reiteró.
Además, resalta Catherine Marielle, en los países que se han adherido al Acta UPOV91 se ha dado una pérdida dramática de su biodiversidad, porque han perdido la libertad de producir los alimentos culturalmente adecuados a cada pueblo, y esto en México sería catastrófico. Es pérdida de libertad y de toda nuestra base alimentaria.
“Es un problema más allá de la agricultura. Esto también viene aparejado de los transgénicos, y sabemos que las semillas nativas son más resistentes a las condiciones climatológicas y del terreno”, puntualiza.
Nuevo intento de privatizar las semillas
Recientemente, el diputado Eraclio Rodríguez, de la fracción parlamentaria de Morena, presentó ante el Congreso una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Variedades Vegetales, que pretende armonizar esta legislación con los postulados del acta UPOV91 y avanzar hacia la privatización de las semillas y el germoplasma.
Esta iniciativa de reforma “despoja a campesinos y pueblos indígenas de sus semillas, como el maíz; un cultivo del cual México es centro de origen ya que por más de 330 generaciones productores de este territorio lo han domesticado y creado una gran cantidad de variedades”, refiere Malin Jönsson, directora de Semillas de Vida AC e integrante de la campaña Sin maíz no hay país.
Abunda que la iniciativa privatiza y mercantiliza la base de la vida, es decir, las semillas y los alimentos. “Representa la pérdida de libertades, violación de derechos y criminalización de los campesinos. En contraparte, protege los derechos de las transnacionales, porque el 94 por ciento de las semillas hibridas son propiedad de empresas privadas, el resto son de instituciones y centros de investigación públicos como Inifap. Entonces, ¿a quiénes se protege? Se quiere proteger a las patentes de particulares y no el conocimiento milenario de los campesinos.”
Malin Jönsson señala que la iniciativa de reforma contribuye al monopolio de las semillas en el mundo. La compañía Bayer-Monsanto controla el 33 por ciento de todas las semillas del mundo y la iniciativa de reforma fomenta el beneficio de estas empresas.
Un claro ejemplo de la criminalización de los campesinos y productores indígenas es que la iniciativa contempla sanciones de hasta seis años de cárcel y eliminar las cosechas de los campesinos, si no son semillas compradas con patente.
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