Los socios de la Coparmex señalan, en encuesta, que el 42.9% de los negocios fueron víctimas del delito en el último año.

Por Daniel Sánchez

CAMPECHE, Cam. 14 de febrero del 2018.- Los empresarios de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) no creen la versión oficial de Alejandro Moreno Cárdenas de que Campeche es el “estado más seguro” del país y lo colocan en el lugar 16 de las 32 entidades federativas del país.

De acuerdo con el sitio DATA COPARMEX, los socios del Centro Empresarial de Campeche (Coparmex local) reportaron que un 42.9 por ciento de sus empresas fueron víctimas del delito en el último año.

Este porcentaje de victimización criminal en la entidad campechana se ubica por encima del promedio nacional de 37.7 por ciento, según una encuesta aplicada a los socios de la organización empresarial, que cumple con las condiciones estadísticas necesarias mínimas.

“#MásSeguridad es un identificador de la victimización criminal a la que se enfrentan los empresarios, y en específico, mide el porcentaje de empresas Coparmex que han sido víctimas del delito en el último año”, explica la Coparmex.

“El indicador proporciona una medida del grado de criminalidad al que están expuestas las empresas para operar. Con la información generada, será posible identificar situaciones de riesgo con prontitud y diseñar estrategias a fin de poder evitarlas”, indica.

“Lo construimos a partir de los resultados de una encuesta realizada a socios Coparmex. De manera anónima, se les pregunta si durante el último año han sido víctimas de algún delito. Es importante resaltar que los resultados que se presentan cumplen las condiciones estadísticas necesarias mínimas para asegurar que la muestra es suficientemente grande para que tenga representatividad a nivel estatal”, puntualiza.

Cada campechano debía $1,287.70 hasta septiembre

En otro de los 10 indicadores de DATA COPARMEX, sobre la deuda pública estatal, se coloca a Campeche con un endeudamiento sostenible, con cifras hasta el tercer trimestre del 2017, pero la situación cambiará luego de que se reporten los nuevos créditos adquiridos por la administración de Moreno Cárdenas para la construcción de sus “megaobras”.

Hasta septiembre del 2017, la deuda por habitante de Campeche ascendía a mil 287.70 pesos y alcanzaba a ser el séptimo estado con menos endeudamiento per cápita del país.

“#MiDeudaSinSentido es un indicador que redimensiona la deuda pública en términos per cápita y captura qué tan fácil será para el estado poder pagarla. En específico, mide la cantidad de pesos de deuda pública que le corresponden a cada habitante del estado y presenta un semáforo de su sostenibilidad”, explica.

“Traduce el tamaño de la deuda pública a un término más comprensible y comparable, que puede ser monitoreado trimestralmente. Además, resalta que la deuda pública no es problemática, si se tienen finanzas públicas sanas y si se utiliza para financiar inversiones públicas y desarrollo de largo plazo”, agrega.

“Lo construimos a partir de los montos deflactados (considerando el valor del dinero en el periodo de referencia, en este caso 2010) de la deuda pública estatal para poder observar de manera comparable su evolución. Una vez deflactado, dividimos entre la población del estado para obtener cifras “per cápita”, expresa.

“Los datos de población que utilizamos vienen del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y Consejo Nacional de Población (Conapo), mientras que los datos de deuda pública vienen de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)”, añade.

“Finalmente, el indicador se complementa con un semáforo de sostenibilidad basado en el “sistema de alertas” de la SHCP (Secretaría de Hacienda y Crédito Público), pero con rangos más exigentes. El semáforo es rojo cuando la deuda del estado es mayor que los ingresos de libre disposición, y es verde cuando la deuda del estado es a lo más la mitad de los ingresos de libre disposición”, precisa

“El color del semáforo también puede ser determinado por su estatus conforme a “Servicios de la deuda y obligaciones como proporción de sus ingresos de libre disposición” (vinculado a su capacidad de pago) y a sus “Obligaciones de corto plazo como proporción de sus ingresos totales” (vinculado con la capacidad financiera del ente público para hacer frente a sus obligaciones contratos a plazos menores de 12 meses)”, concluye.