Hay que modificarlos para aumentar ganancias al Estado, señala el presidente de la Comisión de Energía del Senado, Armando Guadiana.

CIUDAD DE MÉXICO, 24 de abril del 2019.- El presidente de la Comisión de Energía del Senado de la República, Armando Guadiana Tijerina, consideró que sería positivo para el Estado mexicano establecer contratos de asociación de particulares con Petróleos Mexicanos. Así, se fijaría un porcentaje del 80 por ciento o más para el Estado y el restante para la empresa privada.

Además de los ingresos por el porcentaje fijo, los privados estarían pagando los impuestos correspondientes resultado de las utilizadas de su participación en hidrocarburos, detalló el legislador.

En reunión con la Asociación Nacional de Productores de Hidrocarburos (ANPHI), encabezada por Horacio Méndez Villalobos, Guadiana Tijerina señaló que los actuales contratos de servicios incentivados se prestan a despilfarro y corrupción.

Planteó que en la Ronda Cero, Pemex debería adquirir contratos de asociación en participación, como en el caso de Bolivia.

Establecer porcentajes es mejor para que el gobierno mexicano no le meta dinero directo de las arcas púbicas de nuestros impuestos a la inversión de Pemex, indicó.

En el encuentro, los representantes destacaron la importancia de que exista una participación que beneficie al Estado y a la iniciativa privada, estableciendo porcentajes para la industria petrolera nacional, las comunidades donde operan las empresas y las empresas participantes.

Respecto al uso de “fracking”, Jaime Lecona Sánchez, coordinador de la Asociación, afirmó que utilizada de forma responsable, dicha técnica para extracción de gas y petróleo es viable, ya que se han perfeccionado las metodologías utilizadas, los planes de contingencia y los análisis de riesgos.

Explicó que el uso de agua, necesaria para este proceso, se redujo en un 50 por ciento, en comparación con las técnicas de hace 30 años. Se puede hacer con toda, seguridad, limpieza y respetando las normas ambientales, precisó.

Los representantes consideraron que la participación entre Pemex y las empresas privadas fortalecería al Estado, atrayendo inversión, transferencia tecnológica y desarrollo de una cadena de valor nacional para alcanzar eficiencia y competitividad. Además, protegería e incrementaría las reservas de la nación; habría desarrollo en la economía local y protección al medio ambiente.