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10 octubre, 2018 Comentarios Desactivados en Omisión de “Alito”: No hay comisiones de búsqueda y atención a víctimas Campeche

Omisión de “Alito”: No hay comisiones de búsqueda y atención a víctimas

La CNDH evidencia que Campeche está entre las 25 entidades federativas que no han creado la Comisión Local de Búsqueda de desaparecidos y entre las 11 que no han constituido la Comisión Local de Atención a Víctimas. Esto abona a la deuda del Estado e impide a las víctimas el acceso a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.

Por Daniel Sánchez

CAMPECHE, Cam. 10 de octubre del 2018.- El estado de Campeche, bajo la administración de Alejandro Moreno Cárdenas, es uno de los más atrasados en la creación de la Comisión Local de Búsqueda y la Comisión Local de Atención a Víctimas, así como su puesta en operación.

Ante la desaparición de jóvenes mujeres en Escárcega, el 24 de mayo, la representación legislativa del partido Morena presentó un punto de acuerdo para que el titular del Poder Ejecutivo del Estado instruyera la creación de la Comisión Local de Búsqueda de personas desaparecidas, tal como señala en su artículo cuarto transitorio, la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

También se le pidió cumplir puntualmente con la armonización de la legislación dentro de los 180 días siguientes en que entró en vigor la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, antes del 17 de julio próximo. A la propuesta no se le dio trámite y finalmente fue desechada.

Esta vez, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) subrayó la omisión del Estado en sus tareas de seguridad, búsqueda de personas desaparecidas, persecución y sanción a los responsables, al destacar que 25 entidades federativas no han establecido su respectiva Comisión Local de Búsqueda (entre ellas Campeche) y 11 no han constituido o puesto en operación su Comisión Local de Atención a Víctimas.

El organismo nacional manifestó respecto de las Comisiones Locales de Búsqueda, que “a la fecha ya se han establecido las correspondientes a Chihuahua, Estado de México, Guerrero, Jalisco, San Luis Potosí, Nayarit y Nuevo León, en tanto que las Comisiones Locales de Atención a Víctimas que faltan por instalarse se encuentran las de Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Sinaloa y Sonora”.

Para la CNDH, cada día de atraso en la instalación de las instancias previstas en las normas relacionadas con la desaparición de personas abona a la deuda que el Estado tiene con las víctimas, a quienes no ha podido hacer vigentes los derechos a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición que les asisten.

Así lo dio a conocer el Primer Visitador General de la CNDH, Ismael Eslava Pérez, al participar con la representación del Ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez, en el acto de Instalación del Sistema Nacional de Búsqueda, en el cual demandó que dicha instancia emprenda de inmediato el ejercicio de las atribuciones y obligaciones que establece la Ley General en la materia para la definición de políticas y acciones para la búsqueda de personas y en el ámbito preventivo.

Puntualizó la necesidad de que tal instancia evalúe, en su oportunidad, el cumplimiento de los Programas Nacionales de Búsqueda y Exhumaciones, así como los lineamientos que regulen el funcionamiento del Banco Nacional de Datos Forenses y del Registro Nacional de Fosas, así como atender la inconsistencia en la información en las distintas instancias y autoridades vinculadas por el tema y la falta de metodología en registros oficiales, deficiencias que la CNDH dio a conocer en el Informe Especial sobre Personas Desaparecidas y Fosas Clandestinas en México.

Tras señalar que tenemos una asignatura pendiente con las víctimas de desapariciones y sus familiares, que no se podrá cubrir mientras las autoridades de los tres niveles de gobierno no garanticen condiciones mínimas de seguridad, destacó que requerimos seguridad, pero no a cualquier costo ni por cualquier medio, sino la que corresponde a un Estado Democrático de Derecho, construida a partir de la confianza, cercanía y cooperación entre autoridades y sociedad, que no descarte la justicia transicional como camino para alcanzar la verdad, reparación para las víctimas y efectiva rendición de cuentas de las autoridades.

“Si logramos recuperar un cauce en el que la legalidad, el respeto a los derechos fundamentales, el diálogo y la solución pacífica por las vías institucionales de nuestras diferencias sean la constante, estaremos en camino de consolidar una sociedad libre de violencia, en la que impere una cultura de paz”, aseguró.

Eslava Pérez enfatizó que a un año de emitida la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas no se puede decir que las disposiciones de dicho ordenamiento sean plenamente vigentes. Se requiere materializar su contenido mediante la voluntad política de las instancias de gobierno que se reflejen la profesionalización de los actores encargados de su aplicación y la existencia de recursos suficientes para instrumentar sus contenidos, para que la Comisión Nacional de Búsqueda, sus homólogas en las entidades del país, las Fiscalías Especializadas y áreas de servicios periciales, entre otras, cumplan cabalmente con sus funciones.

“De poco sirve que se legisle sobre una materia –dijo—, si no se contemplan las medidas, recursos y previsiones necesarias para permitir que el contenido de las normas se concrete en los hechos, que los derechos que las leyes establecen se vuelvan realidad y no queden en meras expectativas en detrimento de las víctimas”, puntualizó.

Precisó que subsiste la falta de investigaciones ministeriales homogéneas para la búsqueda, localización, investigación y sanción de los responsables de la desaparición de personas, lo que refleja un problema estructural en materia de procuración de justicia en el país, sobre todo en las entidades federativas, lo que en muchos casos sitúa a los agraviados y a sus familiares en un estado de abandono y revictimización haciendo nugatorios sus derechos reconocidos en la Constitución General de la República.

 

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