Comunidades mayas peninsulares y choles, asentadas en Xpujil, Calakmul, e integrantes del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (CRIPX), solicitaron amparo por la consulta indígena simulada y fraudulenta ordenada por el Ejecutivo Federal, y juez ordenó a autoridades abstenerse de ejecutar dicho proyecto, hasta que se resuelva sobre la suspensión definitiva.

XPUJIL, CALAKMUL, Cam. 28 de enero del 2020.- Comunidades indígenas pertenecientes al pueblo Maya Peninsular y Ch´ol, asentados en Xpujil, Calakmul, Campeche, integrantes del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (CRIPX), obtuvieron el pasado 14 de enero del Poder Judicial de la Federación la suspensión provisional de la ejecución del proyecto Tren Maya, en respuesta a una solicitud de amparo que presentaron en contra del proceso de consulta simulada que se llevó a cabo en asambleas informativas y consultivas con representantes de comunidades indígenas, para obtener la aprobación de la comunidad.

La solicitud de amparo, presentada el seis de enero del 2020, reclama “la simulada y fraudulenta consulta indígena ordenada por el Ejecutivo federal y ejecutada en perjuicio de los pueblos indígenas de Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Tabasco y Chiapas”, así como la “ilegal consulta y aprobación del proyecto denominado Tren Maya, cuya acción se realizó en flagrante violación a nuestro derecho humano a que se garantice una consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada”.

En la demanda, se señala como autoridades responsables al presidente de la República, Andrés Manuel López obrador; al director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons; a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y al director general del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes.

“En el amparo que presentamos, denunciamos que el proceso de consulta se llevó a cabo sin cumplir con los estándares internacionales que marca el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), del cual el Estado mexicano es parte, así como en contravención de lo que señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”, se indica.[1]

“La consulta no cumplió con el carácter de informada ni previa, pues no recibimos información detallada con antelación suficiente, ni se respetó nuestro derecho a la participación, toda vez que la estructura de los foros de la supuesta fase informativa, de fecha 30 de noviembre de 2019, fue diseñada e implementada de manera unilateral, por lo que sus formas y modos no fueron acordes con las formas de deliberación y toma de acuerdos de las comunidades”, se agrega.

Asimismo, se añade, “antes de consultar, ya se había anunciado la aprobación del proyecto el proyecto a través de diversos canales públicos”.

“La consulta tampoco se realizó de buena fe y no fue culturalmente adecuada, dado que se repartieron papeletas electorales para depositar en casillas, a modo de votación, sin tomar en cuenta las formas de organización y toma de decisiones de la comunidad”, se puntualiza.

Se manifiesta que “ante los elementos expuestos anteriormente en la solicitud de amparo, el Juzgado Primero de Distrito en el estado de Campeche acordó conceder la suspensión provisional “para que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran, esto es, para que las autoridades responsables, con independencia al resultado de la consulta realizada en relación al denominado Tren Maya, se abstengan de decretar la aprobación de dicho proyecto, o bien, al haber sido decretada dicha aprobación, se abstengan de realizar actos tendientes a la ejecución de dicho proyecto”, hasta que se resuelva sobre la suspensión definitiva”.

Las comunidades indígenas del pueblo Maya Peninsular y Ch´ol, asentados en Xpujil, se congratularon por esta decisión y conminaron al resto de los pueblos en los estados de la República afectados por el Tren Maya, a que agoten la vía jurisdiccional para defender su derecho a una verdadera consulta, a la integralidad de sus tierras y territorios, y a la autonomía y libre determinación.

“Continuaremos trabajando en acciones jurídicas de defensa, así como a nivel organizativo, llevando a cabo asambleas comunitarias en las que brindamos información relacionada con la defensa del territorio.  Asimismo, seguimos estableciendo alianzas con distintos sectores académicos, investigadores, organizaciones sociales y la Asamblea Nacional del Congreso Nacional Indígena (CNI), a realizarse el 27 y 28 de marzo en Xpujil”, concluyeron.