El Imco y otras organizaciones civiles de la Alianza de Parlamento Abierto calificaron de “muy insatisfactorio” el cumplimiento en 2017 del Poder Legislativo local, al tener un avance de apenas el 21 al 40% en rendición de cuentas, transparencia y participación ciudadana.
Por Daniel Sánchez
CAMPECHE, Cam. 29 de agosto del 2018.- El Congreso del Estado de Campeche, a cargo de Laura Olimpia Baqueiro Ramos, la prima política de Alejandro Moreno Cárdenas, fue reprobado en la evaluación de Parlamento Abierto, durante el año 2017, al tener un avance del 21 al 40 por ciento, en un nivel “muy insatisfactorio”.
El Diagnóstico de Parlamento Abierto en México: Diagnóstico de la rendición de cuentas y acceso a la información en 2017, dado a conocer en abril del 2018 -ahora retomado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) en el Informe Legislativo 2018-, revela también que el Congreso local sólo cumplió en uno de los 10 principios: Derecho a la información, al tener un resultado del 100 por ciento. En otro, el de información parlamentaria, tuvo un 71 por ciento.
El mismo documento señala que el Poder Legislativo campechano retrocedió en dos principios: Información sobre legisladores y servidores públicos, que pasó del 100 al 33 por ciento, y accesibilidad y difusión, que tenía 19 por ciento de avance en el primer diagnóstico y ahora tiene 17 por ciento -ubicándose en el último lugar entre las 32 entidades federativas-.
En otros dos principios se mantuvo en cero por ciento de avance, siendo el de información histórica -ocupando el último lugar, junto con otras 12 entidades- y el de legislar a favor del Parlamento Abierto -también en último lugar, junto con otros cuatro estados-, y no cumplió tampoco en datos abiertos y software público, donde tuvo nueve por ciento, y en conflictos de interés, con 14 por ciento.
Un cumplimiento “muy insatisfactorio” tuvo en participación ciudadana y rendición de cuentas, con 23 por ciento -ocupa el último lugar en el país-, y en información presupuestal y administrativa, con 33 por ciento.
Iniciativa de organizaciones civiles
El Imco manifestó en su Informe Legislativo 2018 que “desde 2014, organizaciones de la sociedad civil suscribieron la Alianza para el Parlamento Abierto, con el objetivo de alcanzar principios y acciones que garanticen estándares básicos de transparencia y rendición de cuentas, participación ciudadana y uso de las tecnologías de la información en el Congreso de la Unión y en los congresos locales del país”.
“Uno de los insumos desarrollados por la Alianza es el Diagnóstico de Parlamento Abierto en México, el cual, a través de la verificación de la legislación y páginas electrónicas de las legislaturas, se tiene un barómetro de los 10 principios básicos que enarbola la apertura parlamentaria”, expresó.
“Derivado de este diagnóstico es posible tener una radiografía sobre la información presupuestal y administrativa de los órganos legislativos del país. Este principio comprende 12 criterios y los resultados en esta materia son reprobatorios en todas las variables”, indicó.
“El estudio hace evidente que los parlamentos en México son obscuros y herméticos”, puntualizó.
Detalló que en relación al principio de información presupuestal, es junto al de datos abiertos, en el que menor cumplimiento se observa.
“Los datos revelan prácticamente la inexistencia de información sobre el manejo de recursos de los órganos internos de los congresos. El presupuesto aprobado y ejercido, desglosado de manera global, es la variable con la mejor nota, sin embargo, no supera el 50 por ciento”, aseveró.
El Diagnóstico del Imco y otras OSC
En la presentación del Diagnóstico, el Imco estableció que “un parlamento abierto es una institución legislativa que explica y justifica sus acciones y decisiones -es decir que rinde cuentas-, que garantiza el acceso a la información pública de manera proactiva -es decir que es transparente-, que involucra en sus procesos la pluralidad de grupos políticos y sociales -es decir que cuenta con mecanismos de participación ciudadana – y que, para todo ello, utiliza estratégicamente las tecnologías de información y comunicación”.
“Desde hace algunos años, conceptos como gobierno abierto, parlamento abierto o justicia abierta, se impulsan desde los ámbitos gubernamental, académico, empresarial y de la sociedad civil organizada, con el fin de que los asuntos públicos se gestionen “para mejorar los procesos de decisión pública, rendición de cuentas y la provisión de los servicios públicos”, agregó.
“Para conocer y entender las condiciones necesarias con las que se debe implementar esta apertura, es necesario evaluar a las instituciones públicas, congresos en este caso, bajo 10 criterios: Derecho a la Información; Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas; Información Parlamentaria; Información Presupuestal y Administrativa; Información sobre Legisladores y Servidores Públicos; Información Histórica; Datos Abiertos y Software Libre; Accesibilidad y Difusión; Conflictos de Interés y Legislan a favor de Gobierno Abierto”, explicó.
Consulta aquí el Diagnóstico de Parlamento Abierto 2017:
