Greenpeace México e Indignación reconocen resolución de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a favor de las comunidades indígenas y del medio ambiente.

Por Daniel Sánchez

CIUDAD DE MÉXICO, 24 de septiembre del 2020.- Greenpeace México celebró que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) haya rechazo el establecimiento de otra granja porcícola en la Península de Yucatán, impulsada por la empresa Kekén, filial del Grupo Porcícola Mexicano (Grupo Kuo).

“¿Recuerdan que Greenpeace México e Indignación denunciaron recientemente actos de ilegalidad de la industria porcícola en la Península de Yucatán? Gracias a esta denuncia, a la defensa del territorio que realiza el pueblo maya y al poder de la ciudadanía, el gobierno federal ha echado atrás el permiso para seis granjas en el estado de Yucatán”, indicó la organización ecologista (aunque en realidad ya son 8 las granjas sin autorización).

“El reporte La carne que está consumiendo al Planeta, que presentaron, en mayo pasado, Greenpeace e Indignación, evidenció que de las 257 granjas porcícola con registro en alguna base de datos oficial en la Península de Yucatán, 122 (47 por ciento) están establecidas en regiones consideradas sitios de atención prioritaria para la conservación de la biodiversidad”, recordó.

“En concreto, se señaló como responsable al Grupo Porcícola Mexicano, mejor conocida localmente como Kekén, que pretendía duplicar su producción de carne de cerdo este 2020”, puntualizó

Afirmó que luego de esta denuncia, los cambios y logros empezaron a verse: En agosto pasado, la Semarnat rechazó cinco proyectos de granjas porcícolas impulsadas por el Grupo Kuo en los municipios de Tixmehuac y Maní, en Yucatán.

“En un nuevo paso a favor del pueblo maya de Yucatán y los derechos medioambientales, este dos de septiembre, la Semarnat rechazó, por medio de un resolutivo, la construcción de otra granja en Tixmehuac, Yucatán, de la empresa Kekén”, agregó.

“Inferimos que la información que elaboraron y dieron difusión las organizaciones civiles sirvieron como insumos para que Semarnat negara las autorizaciones ambientales a estas granjas, ya que el resolutivo emitido por esta autoridad siguió las recomendaciones y retomó algunos de los argumentos centrales que hemos aportado desde Greenpeace e Indignación”, abundó.

Citó los argumentos, por ejemplo: Las granjas porcícolas son de las actividades que más consumen agua en la región y producen aguas residuales en exceso; y las empresas que solicitaron los permisos no han demostrado que el sistema de tratamiento de aguas residuales que proponen para las granjas no causará impactos adicionales al suelo o al manto freático.

“La Semarnat en Yucatán consultó al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), que le indicó que el territorio, la localidad y el sitio donde se ejecutará el proyecto se cataloga como “asentamiento indígena”. Ante ello, la Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia de la Secretaría especificó que para obtener la autorización del cambio de uso de suelo en terrenos forestales “es estrictamente necesario aplicar el procedimiento de consulta indígena prevista en el artículo 61 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable”, pero no se hizo”, añadió.

“No se consideraron los impactos acumulativos y sinérgicos de las granjas cercanas en la evaluación de los impactos, en la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA)”, apuntó.

Confirmó que en el informe de Greenpeace e Indignación, “se estableció como solución: Decir no a las granjas industriales por ser instalaciones cerradas y de confinamiento para animales; la transición hacia la agricultura ecológica que implica proteger la biodiversidad, mediante sistemas silvopastoriles; asegurar los más altos estándares de bienestar animal; garantizar los derechos humanos de las comunidades indígenas”.

También planteó “proteger las Áreas Naturales Protegidas (ANPs); exigir los permisos para la construcción de granjas industriales, Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), incluso para aquellas que comenzaron a operar antes de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al ambiente (LGEEPA); conservar el agua; reducir las emisiones de gases de efecto invernadero; y reducir el consumo de carne”.

Finalmente, señaló que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales tiene la obligación de garantizar el derecho al medio ambiente sano, y reconoció el haber adoptado acciones que tendrán un impacto inmediato a favor de las comunidades indígenas y del medio ambiente.