“La impunidad de los delitos cometidos perpetua la idea de que la violencia contra la mujer es tolerada, lo que favorece su aceptación social”, por lo que promoveremos un protocolo nacional de actuación ministerial que condene a agresores y no a víctimas: diputada Maricela Contreras.
CIUDAD DE MÉXICO, 9 de mayo del 2018.- En el marco del “Encuentro Nacional Contra los Feminicidios en México”, la diputada federal por Morena, Maricela Contreras Julián, señaló que entre las mexicanas existe un sentimiento permanente de inseguridad y una persistente desconfianza en el sistema de administración de justicia, situación que es urgente revertir.
“Vivimos en una realidad donde el castigo a los agresores nunca llega y en un sistema que permite 7.5 feminicidios al día”, señaló la presidenta de la Comisión Especial de Delitos Cometidos por Razones de Género de la Cámara de Diputados federal.
En dicho evento, que realizó en el Recinto Legislativo de San Lázaro, detalló que dentro del Congreso de la Unión existen aún muchos pendientes para garantizar los derechos a las mujeres, como el seguimiento al Protocolo Nacional de Actuación Ministerial, Policial y Pericial para la Atención de los Delitos por Razones de Género, cuyo objetivo es eliminar la visión actual de juzgadores y Ministerios Públicos.
Expuso que de acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a diciembre de 2017 se registró un promedio de 15 mil denuncias por violación y un total de 95 mil 421 mujeres fueron víctimas de violencia. De ellos, añadió, 671 casos se catalogaron como feminicidios, concentrándose en Sinaloa, Veracruz, Oaxaca y el Estado de México.
“La violencia contra las mujeres constituye una violación sistemática a los derechos humanos, ya que se asocian varios factores como la discriminación y la desigualdad por razones de género, los cuales son un detonante de ese germen de agresión masculina para imponer una dominación”, recalcó la legisladora.
Contreras Julián recordó el asesinato de Emma Molina Canto, quien peleaba la custodia de sus tres hijos con Alberto Medina Sonda, operador financiero del ex gobernador de Tabasco, Andrés Granier.
“Ella fue víctima de persecución y amenazas por un hombre ligado al Gobierno estatal; incluso fue arrestada sin motivos. Por omitir este tipo de señales de alerta y arbitrariedades fue asesinada el 27 de marzo de 2017”, reclamó la también integrante del Centro de Estudios para el Logro de la Igualdad de Género.
Al respecto, consideró que no basta con encarcelar a los responsables, sino que se deben desarrollar acciones concretas para cambiar este sistema de violencia, y celebró que puedan organizarse foros de diálogo como éste, pues permiten diseñar esquemas de prevención y erradicación de este tipo de delitos.
