Casi 2 años después, la CNDH consideró que los agentes violaron derechos humanos a 89 personas, entre ellos niñas, niños y adolescentes en la manifestación por Ayotzinapa del 20 de noviembre de 2014, y emite Recomendación a PGR, CNS y gobierno de CDMX.
CIUDAD DE MEXICO, 16 de noviembre del 2017.- Casi dos años después, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que emitió la Recomendación 57/2017, como consecuencia de las violaciones a los derechos humanos de 89 personas, atribuibles a personal de la Procuraduría General de la República (PGR), Comisión Nacional de Seguridad (CNS) y gobierno de la Ciudad de México (GCDMX), durante una manifestación en apoyo por la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero.
También evidenció que a las 11 personas detenidas arbitrariamente no se les encontró objeto alguno o arma para agredir, contrario a lo dicho por los elementos policiales aprehensores, quienes mostraron inconsistencias en sus declaraciones, que fueron consideradas inverosímiles y no ajustadas a las reglas de la lógica básica, por tal motivo un Juez de Distrito ordenó su libertad por falta de elementos para procesar
El organismo nacional precisó que la Recomendación está dirigida al subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales en suplencia del procurador general de la República, Alberto Elías Beltrán, al comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, y al jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, por la violación a los derechos a la seguridad jurídica, a la legalidad, a la libertad personal, a la integridad personal, al principio del interés superior de la niñez, a los derechos al trato digno, acceso a la justicia en su modalidad de procuración de justicia y a la verdad, y a los derechos de reunión, asociación y libertad de expresión.
La Comisión Nacional manifestó que consideró la investigación de los hechos a partir de dos eventos que tuvieron lugar el 20 de noviembre de 2014: el primero, de las 08:00 a las 16:50 horas en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, con saldo de 16 personas detenidas, motivo por el cual la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal emitió la Recomendación 16/2015. Por su parte, la CNDH determinó la violación a otros derechos humanos, como el principio al interés superior de la niñez y al trato digno de las personas mayores.
Respecto al segundo momento, la Comisión Nacional lo consideró de las 17:00 a las 23:30 horas, cuando se desalojó en su totalidad la plancha del Zócalo capitalino, que tuvo como resultado 11 personas detenidas y 78 lesionadas.
También evidenció que a las 11 personas detenidas arbitrariamente no se les encontró objeto alguno o arma para agredir, contrario a lo dicho por los elementos policiales aprehensores, quienes mostraron inconsistencias en sus declaraciones, que fueron consideradas inverosímiles y no ajustadas a las reglas de la lógica básica, por tal motivo un Juez de Distrito ordenó su libertad por falta de elementos para procesar.
Asimismo, acreditó el uso indebido de la fuerza que derivó en la afectación a la integridad y seguridad personal de diversas víctimas, atribuible a los elementos de la Policía Federal y de Seguridad Pública de la CDMX; omisión en la descripción de lesiones que presentaron algunas víctimas; utilización de armas no letales en forma indiscriminada (gas lacrimógeno) contra las víctimas, lo que motivó que personal de este Organismo Nacional formara una valla, auxiliara y diera acompañamiento a personas para que no fueran agredidas, así como trato cruel, inhumano y/o degradante contra personas detenidas.
De las evidencias reseñadas y analizadas, se advirtió que personal de Seguridad Pública de la CDMX y de la PF no atendió la condición de niñas, niños y adolescentes que se encontraban en compañía de sus progenitores en una manifestación pacífica, al momento en que actuaron los elementos de seguridad, además de que transgredieron la integridad de personas mayores.
El organismo nacional enfatizó que no se opone a las acciones de las autoridades para garantizar la seguridad pública, ni rechaza el empleo de la fuerza cuando los cuerpos policiales deben repeler una agresión real, actual e inminente de su integridad física o de otras personas y/o sus derechos. La Comisión Nacional subrayó que las manifestaciones pacíficas obligan a las autoridades a no reprimir o inhibir las mismas, y también deben proteger el ejercicio de ese derecho frente a las agresiones de terceros, sin menoscabo de ejercer el uso legítimo de la fuerza en los casos que exista el riesgo para las mismas, pero de conformidad con los principios de legalidad, racionalidad, congruencia, oportunidad y proporcionalidad para alcanzar un fin legítimo.
Para la CNDH, el ejercicio de todo derecho, así como el planteamiento de cualquier protesta, inconformidad o expresión de indignación, debe realizarse invariablemente de manera pacífica, con respeto a los derechos de terceros, sin infringir la ley o atentar contra las instituciones. Las autoridades tienen la obligación de escuchar las necesidades expresadas y buscar vías adecuadas para responder a ellas efectivamente, no reprimirlas por medios violentos, ni mucho menos criminalizar su expresión cuando está enmarcada dentro de los límites legales.
“Llama la atención que en los hechos participó un grupo de personas que ejerció violencia hacia los policías, cuyos integrantes se cubrían la cara con paliacates, quienes no fueron asegurados, a pesar de que los protocolos de la PF y Seguridad Pública de la CDMX señalan la obligación de identificar a personas con actitud agresiva como medida de prevención; sin embargo, se afectó a los demás manifestantes”, indicó.
Por lo anterior, la Comisión solicitó a la PGR integrar la carpeta de investigación por esos hechos, colaborar con la CNDH en la queja que presente ante la Visitaduría General de la institución, impartir un curso en materia de derechos humanos al personal ministerial, particularmente al adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la SEIDO.
A la CNS, le pidió reparar los daños a las víctimas, otorgarles compensación y atención psicológica, colaborar en la investigación ministerial y en el procedimiento administrativo que se inicie por los hechos denunciados en la presente Recomendación, diseñar e impartir un curso sobre derechos humanos a elementos de la Policía Federal, además de incorporar copia de la presente Recomendación a los expedientes de los servidores públicos involucrados en el caso.
A la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, le solicitó otorgar atención médica y psicológica a los afectados, reparar los daños ocasionados, colaborar en la investigación y procedimiento administrativo que se emprendan por los hechos denunciados, impartir un curso sobre derechos humanos a los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública a fin de que en las manifestaciones o protestas sociales se respete la dignidad de las personas y salvaguardar su integridad.
La Recomendación 57/2017 ya fue debidamente notificada a sus destinatarios y puede ser consultada
en la página www.cndh.org.mx
